Vayan pensando en esa cifra porque no solemos leerla así, claramente. 6000 millones de euros es lo que pagamos cada año a la iglesia católica.
El próximo sábado 23 de octubre noventa organizaciones sociales, políticas y sindicales, entre ellas varias organizaciones de carácter religioso de base, han convocado a una concentración en Madrid por un Estado laico. La convocatoria es a las 11.30 en el Parque de la Cornisa, en las Vistillas y tiene como objetivo reclamar la independencia del Estado de cualquier confesión religiosa, que el Estado deje de financiar a las iglesias con dinero público, la laicidad del sistema educativo y la derogación del Concordato de 1953 y los acuerdos con la Santa Sede de 1979. El lugar elegido es el mismo en el que los vecinos vienen luchando para evitar la destrucción del Parque a causa de la ampliación del Arzobispado de Madrid.
El PSOE afirma que la bajada de sus votos que recogen las encuestas se debe sólo a la crisis económica. No es sólo la crisis que todo el mundo sabe que es global, es la manera en que el gobierno ha decidido adoptar políticas neoliberales para luchar contra la crisis lo que desanima a sus votantes. Y en esta segunda legislatura no sólo la política económica se ha vuelto de derechas, es toda la política. Dentro de esa política llena de guiños inexplicables a la derecha, resulta especialmente sangrante las continuas cesiones a la Iglesia en todos los aspectos en los que se puede ceder. Y eso en un país en el que una gran parte de la ciudadanía lleva muchos años esperando y demandando una redefinición completa de las relaciones del Estado con la iglesia católica. Una redefinición que nos ponga en el mismo sitio que la mayoría de los países europeos, ni más ni menos.
6000 millones, no olviden esa cifra
Que 6000 millones de euros de dinero público se destinen a financiar a una iglesia es difícilmente digerible, pero mucho más cuando al mismo tiempo se recorta en pensiones o en gastos minúsculos pero que son de justicia como, por ejemplo, la ampliación a las madres solas con dos hijos de la consideración de familia numerosa, que ya estaba aprobada y que ahora se suspende sine die (¿cuánto dinero significaba ese gasto?) o la extensión del permiso de paternidad que también estaba aprobado; en estas condiciones de recortes a los más débiles el mantenimiento de los privilegios de una organización como la iglesia católica, la subvención de sus gastos con los dineros de todos es sencillamente incomprensible, inadmisible. Piénsenlo bien: 6000 millones de euros.
Es además inconstitucional, porque vulnera la supuesta aconfesionalidad del estado. Los ciudadanos y ciudadanas ateos, agnósticos o simplemente defensores de la laicidad, contemplamos con estupor como un gobierno que se dice progresista no ha dado un solo paso hacia un Estado verdaderamente laico y por el contrario ya ha anunciado que renuncia a promover la Ley de Libertad de Conciencia que ya parecía llegar muy recortada en su contenido. No es sólo la crisis lo que terminará por pasar una dura factura al gobierno socialista. La crisis es importante pero podría haber optado por dar una de cal y otra de arena en otros asuntos. Es más, podía haber aprovechado la crisis para recortar también de esos 6000 millones. ¡6000 millones!
Ahora llega el Papa y todos tenemos que aguantar que unos actos montados por una organización religiosa sean publicitados, organizados, montados y pagados con dinero de todos, en lugar de serlo, como sería lógico, con el dinero de las personas que pertenecen a esa iglesia. Y por si fuera poco, la iglesia no es una organización cualquiera. La iglesia es una organización que mantiene postulados que van contra las leyes aprobadas democráticamente, que es beligerante contra la igualdad de las mujeres, de las personas homosexuales, que ha apoyado a dictadores sangrientos; que está implicada en cientos de delitos, desde pederastia hasta blanqueo de capitales, que es beligerante en su lucha contra derechos aprobados en el parlamento o que son ampliamente aceptados: el divorcio, el derecho a la anticoncepción, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho a una muerte digna…Una organización que se opone a políticas consensuadas globalmente y dirigidas por la ONU para disminuir el sufrimiento o las muertes de millones de personas, como son las políticas frente a una enfermedad como el VIH-Sida, o los derechos reproductivos de las mujeres.
Me pregunto si esto no pasa porque dejamos que pase: la capacidad de la ciudadanía para cambiar las cosas es mucho mayor de lo que parece pero, claro, hay que ejercerla, salir a la calle y protestar. Si nos quedamos en casa protestando delante del televisor no cambiará nada. Ojala que la del sábado sea sólo el preludio de manifestaciones cada vez más numerosas en la exigencia de un Estado laico como el que tienen casi todos los países de nuestro entorno y que también nos merecemos aquí. Nos merecemos que ni un solo euro de dinero público se entregue a ninguna iglesia. 6000 millones, les estamos dando 6000 millones.
Beatriz Gimeno es escritora y ex presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB)
