“Nuestras libertades fundamentales están sufriendo ataques constantes. Los radicales quieren encerrar en el ámbito privado las creencias de una parte mayoritaria de la población”, denuncia la Asociación Española de Abogados Cristianos, que asegura tener actualmente unos 20 casos abiertos
La concejala y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, se sentará en el banquillo este jueves por participar en una protesta en la capilla de la Universidad Complutense en 2011. Hace apenas una semana, tres mujeres acudieron a declarar como imputadas por procesionar, a modo de manifestación, un coño insumiso por las calles de Sevilla. La semana que viene, el artista Abel Azcona también acudirá a un juzgado de Pamplona por una exposición en la que la palabra pederastia estaba formada por hostias. Y es probable que la versión del padrenuestro reivindicativode la poeta catalana Dolors Miquel acabe también en los tribunales.
Todos los casos tienen un denominador común: el artículo 525 del Código Penal, el mismo en el que se fundamentaron las denuncias -sin éxito- contra Javier Krahe y Leo Bassi: “Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican”. Un pecado, la blasfemia, incluido aún en el Código Penal que se impone en ocasiones a la libertad de expresión.
La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha Ana Valero considera que mantenerlo no tiene ningún sentido: “La tipificación de la ofensa a los sentimientos religiosos es incompatible con el principio de laicidad del Estado y con el derecho a la libertad de expresión en un Estado Constitucional liberal”. Desde su punto de vista, en la medida en que el principio de laicidad exige que el Estado no valore positivamente el “hecho religioso” en sí mismo considerado, sino sólo el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa de sus ciudadanos, la tutela penal del sentimiento religioso es constitucionalmente inadmisible.
“Nuestras libertades fundamentales están sufriendo ataques constantes. Los radicales quieren encerrar en el ámbito privado las creencias de una parte mayoritaria de la población. No quieren que la fe se manifieste en público”, denuncia la Asociación Española de Abogados Cristianos, que asegura tener actualmente unos 20 casos abiertos, entre otros el del cierre de la capilla de la Facultad de Geografía, el del coño insumiso, el de las hostias consagradas y un par de procesos contra Femen.
“Denunciamos la exposición del Museo Reina Sofía que animaba a quemar iglesias, hemos defendido a sacerdotes a quienes les prohibieron celebrar procesiones, hemos defendido la libertad de los padres para que sus hijos estudien Religión…”, enumeran los abogados cristianos en su página web. “Como ves, nuestra libertad religiosa está en peligro. Pero, con tu ayuda, podremos parar los pies a los que quieren acabar con nuestros derechos”, añaden. Su teoría es que si existen consecuencias jurídicas, terminarán de producirse esos “ataques”.
Entre sus causas, defendieron a un médico de Jerez de la Frontera (Cádiz) que tuvo que retirar un crucifijo de la consulta. “Me sentía humillado por una pobre paciente que fue al médico mirando símbolos y no a un profesional para que la ayudara en su enfermedad. Aunque este hecho me haya dañado profundamente en lo personal -no en lo profesional-, rezo por ella, para que algún día se sienta vinculada a algo que le proporcione bienestar en todas sus facetas de la vida y se preocupe y haga algo más por los que sufren”, explicaba el médico.
Tras la muerte de la menor Andrea, cuyos padres pidieron una muerte digna ante una enfermedad irreversible, la asociación también anunció que llevaría a los tribunales a los médicos que le finalmente retiraron la sonda que la mantenía con vida. Lo mismo ocurrió con la jueza de Vigo que permitió abortar a una menor de 15 años con la oposición de sus padres. Según la presidenta del colectivo, Polonia Castellanos, en estos tres años todas las denuncias han salido adelante.
