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Franco asimiló como creencia propia la idea de un complot global entre masones, comunistas y otras fuerzas subversivas para destruir la patria española.
La Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo fue promulgada en España el 1 de marzo de 1940 por la recientemente instituida dictadura franquista. La ley consideraba delito pertenecer a la masonería, al comunismo y a otras “sociedades clandestinas” Para su ejecución se creó el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, activo entre 1940 y 1963. Durante su existencia, el tribunal incoó 27.085 expedientes y condenó a 8.918 personas. Las penas impuestas iban desde inhabilitación perpetua para cargos públicos hasta prisión (20-30 años para los líderes y 12-20 años para masones de baja graduación )La composición del Tribunal incluía un presidente, un general del Ejército, un jefe de Falange y dos letrados, todos ellos nombrados directamente por el Jefe del Estado.
La ley violaba el principio básico de la irretroactivad penal, juzgando hechos considerados legales antes de su promulgación. Los juicios del TERMC carecían de los principios básicos propios del derecho moderno, como la presunción de inocencia o el derecho a una defensa efectiva. Se llevaban a cabo en sesiones secretas que limitaba las garantías procesales de los acusados. Las delaciones servían para que el tribunal iniciase sus investigaciones y los procesos judiciales posteriores. La denuncia anónima fue un instrumento para la identificación y persecución de masones presentado por la la propaganda como un acto de lealtad al régimen.
El delator- si era masón- podía presentar en el juicio la delación como atenuante para rebajar la imposición de su pena. La propia ley hablaba de las delaciones como un medio para demostrar que los acusados se habían arrepentido o detractado de su conducta. La retractación fue entendida como un atenuante si se acompañaba de la delación de compañeros. La Orden de la Presidencia de Gobierno del 20 de marzo de 1940 obligaba a formular ante el Gobierno una retractación en la que debería figurar la identidad, el nombre simbólico y grado de la persona por quien fue iniciado, las identidades de los grados a los que estaba subordinado y los talleres o logias a los que hubiera pertenecido.
La intervención de la iglesia facilitaba el acceso a estas condiciones atenuantes, ya que en su mano estaba la concesión de retractaciones de Errores de Fe que pudieran aligerar las penas impuestas. Incluso se llegó a institucionalizar un formulario tipo: en 1941 el obispo de Madrid- Alcalá encargó la producción de formularios de confesión para firmar antes de la celebración del juicio
La delación fomentó un ambiente de sospecha entre vecinos, colegas y familiares. Entre los funcionarios de la época circulaba el siguiente chiste sobre las denuncias falsas : – ¿ quien es masón? – quien está delante en el escalafón. Únicamente resultaba necesario que los funcionarios públicos fueran acusados de masonería para que fuesen despedidos e inhabilitados perpetuamente, sin esperar a sentencia judicial alguna, afectando al sustento económico de sus familias. Marcados como enemigos del régimen, sufrían aislamiento social y tenían grandes dificultades para reintegrarse en la comunidad
La persecución y la represión contra los masones se justificó mediante un discurso que los presentaba como amenazas para la religión, la patria y el orden social. El régimen franquista culpó a la masonería de los principales conflictos y “desastres” de España: la pérdida del imperio colonial, la caída de la monarquía Alfonsina, el colapso de la dictadura de Primo de Rivera, el auge del republicanismo y la Guerra Civil. Siguiendo el exitoso y conocido ejemplo de la propaganda anti judía nazi se les consideraba responsables de una conspiración global contra los valores tradicionales españoles.
La masonería y el comunismo fueron retratados como enemigos de la Iglesia Católica y promotores de ideologías ateas, materialistas y antimilitaristas. El nacionalcatolicismo de la dictadura los vinculaba con un ataque a los principios “sagrados” de España. Franco asimiló como creencia propia la idea de un complot global entre masones, comunistas y otras fuerzas subversivas para destruir la patria española. Esta teoría conspirativa sirvió para englobar a cualquier oposición bajo el paraguas uniformizador de un mismo enemigo común. Se acusaba a estas organizaciones de fomentar la desestabilización política mediante propaganda contraria a la religión, la patria y sus instituciones fundamentales.
Franco adaptó a España medidas represivas contra la masonería que ya se habían puesto en marcha en otros regímenes fascistas europeos. En Italia en 1923, el Gran Consejo Nacional Fascista declaró incompatible la pertenencia al Partido Nacional Fascista y a la masonería. En 1925, Mussolini presentó una ley que prohibía las sociedades secretas, aduciendo que eran incompatibles con la soberanía del Estado. De esta legislación resultó la disolución de logias y la confiscación de bienes masónicos. En la Alemania nazi la masonería fue vinculada al judaísmo y al bolchevismo en la propaganda . Desde 1933, las logias fueron disueltas, sus bienes confiscados y los masones perseguidos como enemigos del Estado. La lucha contra la masonería fue parte de una campaña ideológica más amplia contra las “potencias supraestatales”. En 1933 Göring ordenó la disolución “voluntaria” de las logias masónicas, que en 1935 se convirtió en una prohibición total . Sus bienes fueron confiscados y sus miembros perseguidos. Mediante una potentísima propaganda anti masónica los nazis vincularon a los masones con el judaísmo y el bolchevismo. Miles de masones fueron enviados a campos de concentración, donde muchos murieron.
La masonería también fue ilegalizada en varios países que permanecieron bajo control nazi. Durante la ocupación alemana bajo el régimen de Vichy, se prohibieron las logias masónicas en Francia en 1940. Sus bienes fueron confiscados, sus archivos entregados a los nazis y se publicaron listas de masones en el Journal Officiel. Además, se creó un Departamento de Sociedades Secretas para documentar y perseguir a los masones. Muchos fueron arrestados, deportados o asesinados. En Noruega- tras la invasión alemana en 1940- la masonería, siguiendo el modelo alemán- fue prohibida.Las logias fueron clausuradas y sus miembros perseguidos. En Belgica las logias también fueron clausuradas por los nazis, confiscaron archivos y persiguieron a sus miembros. Algunos masones belgas incluso formaron una logia clandestina llamada Liberté chérie dentro del campo de concentración de Esterwegen.
Dos años más tarde de llegada de los nazis al poder, el Estado Novo de Salazar en 1935, promulgó en Portugal una ley contra las sociedades secretas, dirigida principalmente a la masonería. Esta medida llevó a la persecución y exilio de numerosos masones portugueses. De los aproximadamente 9.500 masones registrados, un número considerable fue perseguido o forzado a abandonar el país. La masonería- como habría de suceder posteriormente en España- fue acusada de ser responsable de la decadencia nacional y una amenaza para la “renovación moral” promovida por el régimen.
La propaganda antimasónica fue una herramienta esencial para legitimar la represión promovida por la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Esa propaganda ya había demostrado su eficacia antes de la entrada en vigor de la ley: se intensificó especialmente durante el período de 1931 a 1939, aunque continuó siendo relevante en las primeras décadas de la dictadura. Desde los años previos a la guerra, los sectores conservadores y afines a la Iglesia Católica desarrollaron una campaña que buscaba presentar a la República como un régimen controlado por fuerzas ocultas y extranjeras, particularmente las logias masónicas. Esta narrativa se basaba en teorías conspirativas, como la alianza de intereses entre masones y judíos para destruir el cristianismo, inspirada en textos como Los Protocolos de los Sabios de Sión. Esta idea conspiranoica se amplificó para justificar los distintos tipos de represión y movilizar a la población en torno a la lucha de un enemigo interno difuso .
Las noticias sobre la desarticulación de logias y la persecución de sus miembros se publicaban en la prensa de la retaguardia franquista desde el inicio de la sublevación en 1936, con el objetivo de generar un clima de miedo y crear la percepción de un peligro real que podía vivir en tu propia ciudad, en cualquiera de los lugares de paseo o tránsito diario. Esto ayudaba a evitar que la figura del «enemigo masónico» se viera como una abstracción inconcreta , anclándola en la cotidianidad de los miedos percibidos por la población.
La prensa católica jugó un papel crucial en la difusión de la propaganda antimasónica durante la Segunda República. Desde 1932, medios como ABC, Informaciones, La Nación, El Debate, El Siglo Futuro y El Correo Catalán lanzaron una intensa campaña para presentar a la República y la masonería como aliadas en la intención de destruir la religión. La Iglesia durante la Guerra Civil, reforzó esta propaganda que fusionaba la identidad católica con la nacional, presentando a la masonería como una amenaza simultánea para ambas. Figuras como el sacerdote jesuita Juan Tusquets alcanzaron gran notoriedad con conferencias y publicaciones antimasónicas de extensa difusión .La Iglesia ayudó a construir la imagen del masón como un «enemigo interno» que amenazaba la patria y la religión. Esta retórica se integró en ceremonias político-religiosas y se extendió a través de sermones, prensa y folletos, consolidando un clima de fobia antimasónica sin el cual no hubiera podido llevarse a cabo el complejo aparato de represión dispuesto contra los masones.
