El presidente asegura que la reforma «es necesaria pero no urgente» y que congela las pensiones por responsabilidad.- Rajoy le acusa de «dictatorial y autoritario» por vetar la votación
El Gobierno considera que la reforma de Ley de Libertad Religiosa es "conveniente, pero no urgente", por lo que ha decidido paralizar su tramitación ante la falta de "consenso social y político". Así se lo ha explicado hoy el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, al portavoz de ERC, Joan Ridao, durante la sesión de control en el Congreso.
El diputado catalán ha acusado al Gobierno de entregar 6.000 millones a la Conferencia Episcopal y de estar entregado a la Iglesia católica, algo que Zapatero ha negado. En su opinión, el Gobierno español mantiene una actitud de "respeto y cooperación" con el Vaticano tal y como recoge la Constitución, ha zanjado.
Ridao, que ha recordado que la normativa vigente es de 1980, ha criticado además el Concordato con la Santa Sede y ha acusado a Zapatero de no hacer nada para que España deje de ser "un Estado aparentemente aconfesional" que "todo el mundo sabe que a partir de los privilegios que otorga el Concordato, este Estado tiene una especie de mantenida que es la Iglesia católica, que nos cuesta 6.000 millones de euros".
José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso la congelación de las pensiones aprobada en mayo y ha asegurado que lo ha hecho "por sentido de la responsabilidad" y para "cumplir los requerimientos" para reducir el déficit público. El presidente del Gobierno ha respondido al líder de la oposición, Mariano Rajoy, quien le ha atacado por vetar la enmienda de siete partidos para acabar con esa congelación.
Según el líder del PP, ese veto es "antidemocrático, dictatorial y autoritario".
Rajoy ha recordado que este Gobierno ha utilizado 79 veces el artículo de la Constitución que le permite vetar iniciativas que supongan incremento de gasto o reducción de ingresos, mientras que el anterior no lo usó nunca.
Zapatero ha argumentado que este Gobierno ha subido las pensiones ocho veces más que el PP en sus ocho años en La Moncloa: "Quien ejerce un derecho a nadie ofende", ha dicho para sostener que la Constitución le permite al Ejecutivo el veto.
Zapatero ha pedido coherencia a Rajoy, que exige que se controle por ley el déficit de las comunidades.
La congelación fue aprobada en mayo en el decreto de recorte y desde entonces se han aprobado una decena de iniciativas no vinculantes de todos los grupos para rectificarla.
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