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El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Photogenic/Claudia Alba -

Vox pretende recuperar el ‘latido fetal’ para disuadir a las mujeres de Castilla y León que decidan abortar pero la Consejería de Sanidad lo desautoriza

Reproducimos a continuación las dos noticias:

Vox recupera el ‘latido fetal’ para disuadir a las mujeres de Castilla y León que decidan abortar

García-Gallardo ha anunciado que se modificará el protocolo sanitario para las embarazadas con atención psicosocial preferente y ecografías 4D para frenar las interrupciones voluntarias del embarazo

La Junta de Castilla y León implantará “inmediatamente” una serie de “medidas pro vida” que impone Vox para cumplir su acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Así, a las mujeres embarazadas, incluidas las que quieran abortar, se les ofrecerá escuchar el latido fetal o una ecografía 4D, una fórmula con la que el Gobierno autonómico pretende disuadir a las mujeres que no quieran continuar con su embarazo.

En concreto, según ha explicado el vicepresidente, Juan García-Gallardo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se dará cumplimiento a los puntos 12 (política de apoyo a las familias como institución básica de la sociedad y pilar del estado de bienestar) y 13 (apoyo a la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos, y conciliación de la vida laboral, social y personal). Antes de anunciar ese plan antiabortista García-Gallardo ha lamentado que a lo largo de 2021 se produjesen más de 2500 abortos voluntarios, un 7% más que en 2020“ y ha considerado ”escalofriante“ que para algunas de esas mujeres no fuese su primer aborto voluntario.

Aunque en la nota de prensa que se ha facilitado en ningún momento se menciona a mujeres que quieran someterse a un aborto voluntario y sólo se menciona a “madres gestantes”, García-Gallardo ha explicado que las medidas tienen como objetivo ofrecerles otras alternativas. De este modo, introducen una “atención psicosocial preferente” que tendrán que ofrecer los médicos en la primera consulta, si bien serán ellas quienes decidan si lo aceptan o no. El objetivo es que el embarazo, que según García-Gallardo es “una situación difícil para la mujer”, pueda afrontarse en las mejores condiciones. “Se trata de que todas las mujeres que acudan por primera vez a una consulta en situación de embarazo tengan posibilidades para que puedan tomar, lo más informadas posible, cualquier decisión: la de seguir o la tragedia a nivel social, por la huella que deja a las mujeres, de abortar”, afirmó.

Pero además se implantará un “protocolo de latido fetal” dentro de la atención programada en el primer trimestre. El latido fetal puede identificarse a partir de la sexta semana de gestación mediante la técnica de doppler. Durante la pasada legislatura, el único procurador que tenía Vox en las Cortes de Castilla y León, Jesús García-Conde, llegó a proponer que se obligase a las mujeres que querían abortar a someterse a una ecografía y a escuchar el latido del corazón del feto. Para Vox se trata de un “sistema” para “reducir” el número de abortos. El vicepresidente ha explicado este jueves que se trata de que “los padres escuchen el latido de su bebé antes de tomar cualquier decisión”.

“Todos los sinsabores de formar parte de un Gobierno quedarían satisfechos sin con estas medidas lográsemos que no se abortase a un niño”, ha remarcado. También ha aclarado que las medidas (la atención psicosocial, la escucha del latido fetal y la ecografía 4D) se ofrecerán obligatoriamente por el médico, pero su aceptación será voluntaria. “No se les va a obligar a escuchar el latido del bebé si no quieren”, ha reconocido. Ha justificado además que la ecografía sirve para detectar “hipertensión o diabetes en el bebé”, algo que es imposible. En la nota de prensa se precisa que la escucha del latido fetal, no la ecografía, ayuda a hacer el seguimiento en factores de riesgo de la madre, no del feto, como la hipertensión o la diabetes.

Por otro lado ha advertido que los profesionales sanitarios de Castilla y León se podrán seguir acogiendo a la objeción de conciencia si no quieren practicar abortos, y que “no habrá listas negras”. En realidad los objetores sólo están obligados a comunicarlo por escrito, pero las listas no son públicas. Con ello se pretende evitar que algunos médicos se muevan en la dualidad de ser objetores en la sanidad pública mientras practican abortos en la privada. En Castilla y León sólo se realizan interrupciones del embarazo gratuitas en dos hospitales, el de Miranda de Ebro y el HUBU de Burgos y en clínicas concertadas en Valladolid, Salamanca y León. “Bueno, lo de listas negras no es un término jurídico, es informal. Si no hay listas negras, tampoco las habrá mientras gobernemos”, ha dicho el vicepresidente.

Francisco Igea recuerda a Sanidad que el Código Penal castiga que se obstaculice el derecho al aborto

El primero en reaccionar a las medidas “pro vida” que impone Vox ha sido el exvicepresidente y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, que ha registrado un escrito en las Cortes de Castilla y León en el que advierte que ni la ecografía 4D ni la escucha del latido fetal han sido aprobados “por ninguna sociedad científica, ni consultado a los responsables de los servicios de obstetricia” de Castilla y León. “No hay evidencia conocida de los efectos que sobre la madre o el feto pueda tener tal modificación, ni consta tampoco estudios que avalen la pretendida eficacia en la disminución de las interrupciones voluntarias del embarazo”, asegura.

Además, Igea, que es médico de profesión, añade que “en la legislación actual no existen listas publicas de objetores, ni se ha planteado tal posibilidad en ningún caso. Es obligatorio, eso si la declaración de la objeción ante las autoridades sanitarias según lo previsto,sin que se produzca menoscabo alguno de dicho derecho a la objeción de conciencia”. Además advierte de la modificación del Código Penal con el nuevo artículo 172 quater en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre que dice “El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días”. Las mismas penas se prevén para quien acose a trabajadores sanitarios en su ejercicio en centros de interrupción del embarazo.

Por ello, Igea pregunta a la Consejería de Sanidad, entre otras cosas, si se ha consultado el cambio de protocolo con los servicios de obstetricia de la Comunidad, o si se va a a eliminar la obligatoriedad de comunicar por escrito la objeción de conciencia, entre otras cuestiones.

Igualdad afirma que pueden “constituir una vulneración” de los derechos de las mujeres  

El Ministerio de Igualdad ha cargado contra el anuncio hecho este jueves por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), de las medidas que la comunidad pondrá en marcha para “reducir” el número de abortos, entre las que se encuentran obligar a los sanitarios a ofrecer escuchar el latido fetal a las mujeres antes de abortar. Fuentes del departamento dirigido por Irene Montero aseguran que supone “un retroceso” en un “derecho esencial para las mujeres, el derecho al aborto” y consideran que se trata de “una reacción machista” a la aprobación en el Congreso de la reforma de la Ley del Aborto.  

Las mismas fuentes aseguran que las propuestas “podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres”, ya que “coartan su capacidad de decidir libremente”, “ponen en riesgo su salud” y “les devuelven a situaciones de inseguridad sanitaria y dificultades de acceso a una atención eficaz”. Además, “pueden, en la práctica, suponer coacciones” a las mujeres en el momento de tomar la decisión de abortar y a los sanitarios “en el ejercicio de sus funciones”, incluso “implicar una desigualdad” entre comunidades autónomas, añaden desde Igualdad.


La Consejería de Sanidad de Castilla y León desautoriza las medidas antiaborto de García-Gallardo

El vicepresidente mantiene el pulso y asegura que se aplicarán “inmediatamente”. Sin embargo, desde Sanidad aseguran que los protocolos no se van a cambiar y desmienten parcialmente, además, la nota de prensa difundida el jueves por el propio Gobierno autonómico

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León afirma ahora que no habrá cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas de Castilla y León y desautoriza así al vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), que anunció este jueves la aplicación de medidas “provida” ante el “escalofriante” dato de abortos voluntarios en la Comunidad. Desde la Consejería insisten en ceñirse a la nota de prensa –que también matizan y contradicen– que se facilitó a los medios durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y precisan que el consejero, Alejandro Vázquez (PP) sólo hará declaraciones a agencias.

La nueva crisis de comunicación de la Junta se origina apenas 24 horas después de que García-Gallardo anunciase las medidas para reducir la tasa de abortos, entre ellas, ofrecer a las embarazadas escuchar el latido fetal durante el primer trimestre, o acceder a una ecografía 4D para ver al feto en movimiento y distinguir manos, pies y rasgos, además de derivar a las gestantes a salud mental si lo requerían.

Estas afirmaciones de García-Gallardo se hicieron delante del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP) que en ningún momento intervino para matizar las declaraciones del vicepresidente. Desde el Gobierno autonómico insisten en que sólo es válido “lo que está escrito” en la nota de prensa. En ella se habla, y no se aclara por qué, de “madres gestantes”, y no de mujeres gestantes. Además, se dice textualmente que se implantará “un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada del primer trimestre”.

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Lo que dice ahora la Consejería es que la escucha del latido fetal se podrá hacer a partir de la semana 12 de embarazo, es decir, cuando acaba el primer trimestre, y no como opción que pueda elegir la mujer sino “bajo petición médica, porque el latido del feto no siempre puede escucharse antes de esa fase”.

Lo mismo ocurre con la derivación de embarazadas a salud mental. García-Gallardo se refirió a una “atención preferente”, algo que sí figura en la nota de prensa. Pero la Consejería matiza este viernes que la atención se ofrece a todas las pacientes que lo necesiten, sea cual sea su decisión, cuando la matrona detecte que puede existir un problema de salud mental que deba ser tratado por un psicólogo clínico.

Tampoco mantiene la Consejería de Sanidad ni lo expresado por García-Gallardo sobre las ecografías 4D para ver “en tiempo real” el vídeo con “la cabeza, las manos, los pies o los dedos del niño gestado”, ni lo expresado en la nota de prensa, que dice eso mismo y que “se promoverá” el acceso a estas ecografías “a las mujeres gestantes durante el seguimiento de su embarazo”, algo que “favorece la implicación emocional para la madre y la familia”.

Lo que explica ahora Sanidad es que estas ecografías que se realizan en todos los hospitales de Castilla y León excepto en los de Segovia y Ávila, “se van a seguir ofreciendo” –por lo tanto no es una nueva medida– y no va a ser un ofrecimiento a la embarazada, sino “bajo criterio médico”, si el ginecólogo considera que pueden detectarse enfermedades o malformaciones en el feto. “En ningún caso es para que la madre pueda ver la cara del feto”, aseguran a pesar de que la nota de prensa lo decía textualmente.

El vicepresidente, Juan García-Gallardo, tan solo ha asegurado esta mañana que todas las medidas fueron “obviamente consensuadas con la Consejería de Sanidad” y que se aplicarán “inmediatamente”. Fuentes de la Junta de Castilla y León han precisado a elDiario.es que la nota de prensa de la que ahora se desdice en parte Sanidad fue elaborada por la propia Consejería.

En el pulso entre PP y Vox ha entrado Borja Sémper, portavoz nacional del comité de campaña recién nombrado por Alberto Núñez Feijóo. Sémper ha dicho que su formación no va a “tragar con cualquier cosa” y que expresará su rechazo a las medidas con las que no está de acuerdo y se quieran “imponer”. A su entender, son “perfectamente compatibles las políticas de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer”, informa Europa Press.

La consejera de Familia cree que las medidas son acertadas

Mientras tanto, ya hay dos consejeros ‘populares’ que respaldan las medidas anunciadas por el vicepresidente de Vox. La consejera de Familia, Isabel Blanco (PP), cree que las medidas son acertadas y asegura que “todo lo que sea avanzar en la mejora de la calidad, dar más servicios y prestaciones” es “bueno”. Esas medidas se tomarán para “todas las mujeres embarazadas” y ellas elegirán “desde su libertad” si quieren o no utilizarlas.

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, (PP) ha subrayado la “absoluta voluntariedad” para las mujeres y los profesionales. “En ningún caso se va a obligar al sanitario a tomar una decisión en contra de la ley, porque estas medidas garantizan la correspondiente aplicación de la ley”, ha aseverado en declaraciones a los medios.

Carnero también ha negado que la implementación de estas medidas se abordara en la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves, aunque ha evitado valorar si esto supone una desautorización a las palabras del vicepresidente de la Junta. “No creo que ni lo esté desautorizando, ni no desautorizando”, ha subrayado, tras lo se ha remitido a la información facilitada por la Consejería de Sanidad, cuya interpretación de los protocolos anunciados es a la que se acoge y la que considera “válida”.

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