Adelante Andalucía acusa al Gobierno de hacer una “demolición controlada” de la escuela como servicio público
Vox, PP y Ciudadanos han votado este martes en contra de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Adelante Andalucía en la Comisión de Educación que pretendía blindar la escuela pública y frenar el cierre de líneas que, afirman, está llevando a cabo la Consejería de Educación, dirigida por Javier Imbroda (Ciudadanos). El PSOE sí votó, junto a la coalición de izquierdas, a favor de proteger la escuela pública.
El texto de la PNL que rechazó la alianza de las derechas con la ultraderecha que manda en Andalucía, era muy claro y directo: “El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que no se produzca la eliminación de ninguna línea en centro público para el curso 2019-2020, mientras existan conciertos vigentes con centros privados en la misma etapa educativa en la misma localidad”.
Los tres partidos que votaron en contra consideran que lo que persigue Adelante es atacar a los centros concertados, algo que negó el portavoz de Adelante Andalucía, el diputado José Ignacio García: su propuesta «no busca eliminar conciertos educativos”, sino “blindar la pública, que no se pierdan grupos”.
Así, la PNL es, para Adelante, una “medida de urgencia para frenar el proceso de eliminación de líneas en los centros públicos, de forma que permita al menos proteger a la Escuela Pública en un momento de desgaste y ataques, frente a una apuesta decidida de este gobierno por la escuela privada”.
García, acusó, poco antes de la votación, en rueda de prensa, al consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda (Ciudadanos), de capitanear “una demolición controlada de la escuela como servicio público” y hacerlo «para beneficiar a la escuela privada”.
“Se están eliminando de forma sistemática líneas en los centros públicos. No sabemos cuánto alcanza este recorte de grupos pero posiblemente hablemos de cientos de grupos menos para el próximo curso”, agregó García.
Mimar la escuela católica
El Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos ha empezado, en efecto, a mimar en Andalucía -aunque por el momento, de manera tímida- la educación concertada, que en su inmensa mayoría gestiona la Iglesia Católica, tal y como pactaron ambos partidos en su Acuerdo de Gobierno, y el PP con Vox en su acuerdo de investidura.
El aumento relativo de la inversión en educación concertada, del 5,2%, que prevé el proyecto de presupuestos para 2019, es mayor que el incremento total del gasto en educación, del 2,4%, y también ligeramente mayor que la subida total del propio presupuesto, del 4,9%.
Por tanto, este año la escuela concertada gana peso a costa de la pública -en concreto, tres décimas- y pasa del 10,7% al 11% del gasto público total en educación, incluyendo las universidades. Son en total unos 41 millones más, según se extrae de la consulta detallada del presupuesto de este año y del anterior, que recoge este gasto en la partida 488.
García remachó su razonamiento: Se cierran estas aulas «a la vez que el presupuesto autonómico contempla un aumento en subvenciones para los centros privados», entendiendo que «si a la vez que aumenta el dinero a la concertada se eliminan cientos de líneas en la pública, esto es un ataque a la escuela pública».
En Andalucía la educación es hoy eminentemente pública y el peso de la concertada lleva años estancado en el 10%, décimas arriba, décimas abajo. En el año 2015 -el último en que hay datos en la web del ministerio de Educación que se pueden comparar por Comunidades- fue la cuarta comunidad que menos fondos transfirió a la escuela concertada: un 10% -746 millones de euros- cuatro puntos menos que la media española. Solo Castilla-La Mancha (9,1 %), Canarias (8,1%) y Extremadura (8%), dedican menos presupuesto a los conciertos. Las comunidades que más dinero transfieren a la Iglesia fueron: País Vasco (24,4%), la Comunidad Foral de Navarra (21,1%) y Madrid (19,6%).
Así, los márgenes que tienen el presidente Juanma Moreno y el consejero Imbrodapara ampliar el negocio de la Iglesia católica y de otros operadores minoritarios en el ámbito de la educación, es muy amplio.
“Este no es un proceso nuevo pues desde hace más de una década hay una pérdida progresiva de líneas en los centros educativos andaluces. Pero en las últimas semanas estamos viendo cómo el proceso se está acelerando y son muchas las localidades en que las comunidades educativas están denunciando la situación”, afirma Adelante en su PNL.
García identifica el blindaje -recogido en la LOMCE que aprobó el PP de Mariano Rajoy– de los centros concertados por seis años como una de las medidas más “perjudiciales”. “Un blindaje que los protege de la supresión de unidades por la bajada de natalidad o cualquier otra contrariedad, concentrando los recortes única y exclusivamente en la escuela pública” y que ha tenido graves consecuencias: “más de 1.400 unidades de educación infantil suprimidas en 5 años frente a unas pocas decenas eliminadas en la concertada en 10 años”, según Adelante.
Acuerdos entre Vox y PP y Cs
Esto es lo que tienen firmado sobre este asunto PP y Ciudadanos. El punto 71 de su acuerdo dice: “Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos basados en la libre elección de centros que debe tener la familia, ya sea en el ámbito de la educación pública o la educación concertada”. Y en el siguiente, el 72, se lee: “Habilitaremos progresivamente la implantación del Bachillerato concertado y promoveremos la extensión del Bachillerato Internacional en Andalucía”.
Mientras, PP y Vox pactaron tres cosas al respecto, complementarias a las cerradas con Ciudadanos. Por un lado, “garantizar lalibertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones”.
Por otro lado, “eliminar las zonas educativas, garantizando la libertad de los padres para escoger el centro educativo”. Y, por último, “garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada. Habilitar progresivamente la implantación del Bachillerato en la educación concertada, así como fomentar el Bachillerato Internacional”.
