La formación ultraderechista anuncia acciones legales contra el Ayuntamiento de la capital provincial por cumplir la ley de Memoria Histórica al retirar las calles dedicadas a golpistas, una decisión que tildan de «sectaria, totalitaria, guerracivilista y anticonstitucional».
El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Guadalajara ha amenazado con llevar al equipo de gobierno municipal ante la justicia después de que se haya hecho efectivo el cambio de nombre de cinco calles de la ciudad, dedicadas hasta ayer a personas vinculadas con el golpe de estado de franquista de 1936, y que ahora cuentan con denominaciones de mujeres ilustres.
De esta forma el portavoz del partido de extrema derecha en el Consistorio, Antonio de Miguel, ha mostrado su «rechazo más absoluto» a la medida, y ha adelantado que los servicios jurídicos de Vox «están analizando toda la documentación» al respecto para poder emprender acciones legales «contra el gobierno totalitario socialista y de Ciudadanos».
Desde la formación ultra no solo consideran la modificación del callejero «un gasto de tiempo y dinero», sino también opinan que con esta decisión se pretende «reescribir la historia imponiendo una memoria histórica sectaria, totalitaria, guerracivilista y anticonstitucional».
Igualmente, Antonio de Miguel –quien el pasado mes de junio intentó censurar de forma reiterada la pancarta LGTBI colgada en el edificio municipal- ha asegurado que la motivación del alcalde «es puramente ideológica», además de «dudosa objetividad y pluralidad».
El concejal ha concretado que la ciudad necesita «soluciones a sus problemas reales, no mirar al pasado y generar problemas y conflictos». En este sentido, sobre la nueva ley de Memoria Democrática propuesta por el Gobierno central, sostiene que «atenta contra la convivencia en paz y libertad de los españoles».
Para Antonio de Miguel, «este capricho del alcalde permitido por Ciudadanos va a costar 8.500 euros a los vecinos de Guadalajara». Una cifra que está muy por encima de las estimaciones del Ayuntamiento, que sitúa los costes totales sobre los 2.000 euros.
Además, el Consistorio ha puesto en marcha una línea de ayudas de hasta 600 euros para compensar los gastos que deban asumir los negocios afectados.
Los cambios en los nombres de las vías se ha realizado en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica y, salvo en los casos de La Carrera y María Pacheco, han sido elegidos mediante un proceso participativo donde los vecinos han votado entre veinte nombres de mujeres que jugaron un papel importante en la historia de la capital alcarreña.
El regidor, Alberto Rojo, justificó ayer la medida en un acto oficial, defendiendo que «una ciudad decente no puede dedicar calles a quienes dieron un golpe de estado para llevarnos a una dictadura», y sostuvo que la decisión supone «un acto de justicia, concordia y normalización democrática».
