El grupo municipal de Vox en Guadalajara ha anunciado que llevará al «gobierno del socialista Rojo y de Ciudadanos» a los tribunales, por el cambio de varias calles de Guadalajara. Una decisión que el portavoz del grupo, Antonio de Miguel, ha lamentado «no hace otra cosa que enfrentar y dividir a los guadalajareños y reescribir la historia imponiendo una memoria histórica sectaria, totalitaria, guerracivilista y anticonstitucional”.
Este martes 10 de agosto, el alcalde de la localidad Alberto Rojo firmará los decretos de los cambios de calle, que en sus nuevos nombres reivindicarán a diversas mujeres. De este modo, la calle del Capitán Boixareu Rivera pasa a ser calle de La Carrera; la Plaza del Capitán Boixareu Rivera pasa a ser calle de María Pacheco; la calle Hermanos Ros Emperador pasa a ser la calle Aldonza de Mendoza; la Travesía Hermanos Ros Emperador pasa a ser la calle Gabriela Mistral; la calle de Fernando Palanca pasa a ser la calle de Margarita Salas y la calle del General Moscardó Guzmán pasa a ser la calle de Brianda de Mendoza y Luna.
De Miguel ha mostrado su «rechazo más absoluto a la decisión de cambio en la denominación de estas calles». «Esta decisión no hace otra cosa que enfrentar y dividir a los guadalajareños y reescribir la historia imponiendo una memoria histórica sectaria, totalitaria, guerracivilista y anticonstitucional”.
De este modo, ha asegurado que «los servicios jurídicos de Vox ya están analizando toda la documentación al respecto para poder emprender acciones legales contra este gobierno totalitario socialista y de Ciudadanos en Guadalajara”. De igual forma, De Miguel sostiene que la decisión del cambio de seis calles en la ciudad de Guadalajara “es un gasto de tiempo y de dinero». «Su argumentación y motivación son puramente ideológicas y de dudosa objetividad y pluralidad. Lo que necesita la ciudad ahora mismo son soluciones a sus problemas reales y no mirar al pasado y generar problemas y conflictos entre los vecinos, atendiendo a una Ley de Memoria Democrática que atenta contra la convivencia en paz y en libertad de los españoles”.
De Miguel ha resaltado que “este capricho de Rojo, permitido por los socios de gobierno como Ciudadanos, va a costar 8.500 euros a los vecinos de Guadalajara». «Además, a cada uno de los vecinos afectados les va a suponer unos gastos y una vorágine de trámites administrativos y costes directos, que no están contemplados en estas subvenciones discriminatorias aprobadas hoy como son, por ejemplo, cambios en los DNI, pasaportes, tarjeta seguridad social, agencia tributaria, carnet de conducir, domiciliación bancaria, registro de la propiedad, gas, luz, agua, teléfono, notario, dirección de microchip de mascotas…», ha recalcado.
La decisión del Consistorio guadalajareño se ha tomado para cumplir con la legislación vigente, en materia de memoria democrática, que contempla la retirada de simbología de exaltación de la dictadura franquista. Además, desde el Ayuntamiento han afirmado que los cambios se comunicarán de oficio a todas las instituciones y organismos públicos, así como a empresas privadas de servicios o a Correos. En muchos casos el cambio será automático sin que los vecinos y vecinas deban realizar trámites, recibiendo todos ellos en sus viviendas el correspondiente resguardo con el cambio en el padrón municipal con su nueva dirección.
