Nuestro hijo Héctor lleva toda la Secundaria asistiendo a clases en un centro con simbología religiosa, un centro público que debería haber sido el garante de sus derechos en vez de haberle generado una gran indefensión.
Lleva cuatro cursos entrando en un Instituto público que vulnera los derechos fundamentales de igualdad, libertad religiosa y aconfesionalidad del Estado recogidos en la Constitución e incita a la confusión entre éste y las confesiones religiosas, conculcando la neutralidad que debería existir en un centro educativo público.
Lleva cuatro cursos entrando en unas aulas donde debería impartirse una educación laica, como indica el Estatuto de Autonomía Andaluz, pero que se educa con un crucifijo presidiendo las aulas.
Lleva cuatro cursos defendiendo los derechos fundamentales de todos y dando voz a sus compañeras y compañeros, presentes y futuros, para decir alto y claro que todos tenemos los mismos derechos, que hay que cumplir la Ley, que cada uno tiene la libertad de elegir su religión o filosofía de vida y que el Estado debe abstenerse y mantenerse al margen de estas creencias y prácticas personales.
Y, en esa espiral absurda, llega una pandemia y las aulas se vacían, quedando los símbolos religiosos presidiendo la nada más absoluta y enfrentándose la comunidad educativa a unos retos inimaginables, retos no solo conceptuales sobre el tipo de educación que se ha estado enseñando y el que debería haberse dado, sino también tecnológicos y, por supuesto, vitales.
Nos hemos dado cuenta que es necesario construir un sistema educativo moderno y útil, en el que las competencias sean lo importante y los contenidos curriculares se ajusten a una realidad cambiante y al futuro de una sociedad que tendrá que vivir en un mundo diferente al que conocemos. Hemos caído en la cuenta de lo importante que es promover en nuestros jóvenes un conocimiento científico, un pensamiento crítico y unos valores cívicos como la equidad, la justicia, la libertad, la solidaridad, la no discriminación, la igualdad de género y el respeto a la diversidad sexual.
Tras la situación límite a la que nos ha llevado esta pandemia, ahora es el momento de plantearnos un gran cambio en nuestro sistema educativo, en el que la educación pública sea objeto de prioritaria atención por parte de los poderes públicos, ya que es la única garante de la igualdad de oportunidades; es fundamental que seamos conscientes de la necesidad de ese cambio y que antepongamos el bien común a los intereses individuales para garantizar los derechos de todos. Para ello, urge debatir sobre educación y ofrecer herramientas a los alumnos y alumnas, a nuestras hijas e hijos, para que sepan manejarse en un mundo diferente al que conocemos.
No deberíamos permitir que otro adolescente tenga que levantarse para pedir que se retiren los símbolos de una religión determinada y defender los derechos recogidos en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía. No deberíamos consentir que los alumnos y alumnas del Instituto de Dos Torres sean educados con crucifijos presidiendo las aulas, como se hacía en la época franquista. Héctor ya no lo sufrirá más porque el próximo curso cambia de Instituto al comenzar sus estudios de Bachillerato, pero es imperativo que unamos fuerzas y defendamos una escuela pública y laica, garante de los derechos de todos.
Por Héctor, por todos nosotros, para construir una sociedad más igualitaria y para darle a la educación la laicidad, la excelencia y la igualdad, que siempre debería haber tenido.
Autoría: Cristina García Sarasa, bióloga; Manuel Sánchez Jurado, psicopedagogo y maestro.