Los juristas destacan que la actual norma tiene un alto grado de aceptación Creen que una declaración de constitucionalidad de la ley vigente posterior a su derogación generaría inseguridad jurídica
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Mercè Pigem, Enrique Lucas y Fernando Grande-Marlaska recomiendan al Gobierno que espere a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la vigente Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo antes de acometer la polémica reforma de la Ley del Aborto que pretende el Ejecutivo.
Son tres de los cuatro votos particulares presentados a las dos propuestas de informe (uno conservador y otro progresista) sobre el anteproyecto de Ley de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada en el que trabaja el órgano de gobierno de los jueces. Todas estas propuestas se debatirán el 13 de junio en pleno extraordinario.
El cuarto voto particular, de la vocal Nuria Díaz, apunta que la propuesta de desligar el aborto eugenésico de sus efectos sobre la salud psíquica de la madre, como planteaban tanto el informe de la progresista Pilar Sepúlveda como el de la conservadora Carmen Llombart, violaría los compromisos internacionales de España en materia de protección de la discapacidad.
Pigem y Lucas suscriben un documento conjunto en el que se recomienda al Gobierno que "se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación".
Ambos afirman que una declaración de constitucionalidad de la ley vigente posterior a su derogación generaría una inseguridad jurídica, "de tal forma que la adopción de este Anteproyecto sin esperar la respuesta del Tribunal Constitucional podría convertir en delictivas conductas que son consideradas y declaradas como constitucionales por el Alto Tribunal".
También el vocal Fernando Grande-Marlaska alude a las razones de seguridad jurídica en el escrito que ha registrado. Este vocal dice que dados los específicos derechos, libertades y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos afectados en la regulación y teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la Ley vigente, "habría que estar a su resolución".
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