El alcalde socialista argumenta que “no hay ninguna prueba” de los hechos, pese al relato de cinco testimonios, y se opone a “dejarnos arrastrar por la agenda mediática”
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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El pleno del Ayuntamiento de Vila-real, provincia de Castellón, con alcalde del PSOE, ha aprobado la mañana de este martes la concesión de la medalla de oro de la ciudad al colegio de los carmelitas de esta localidad, dos meses después de que este diario destapara un caso de abusos en los años setenta, con cinco testimonios que acusaban a dos religiosos. La propuesta ya había sido planteada antes de la publicación del artículo, pero luego no se ha cuestionado, a pesar de que la orden no ha dado explicaciones, se niega a dar información sobre el caso y no aclara el encubrimiento del principal acusado, Francisco Armell, ya fallecido, que fue enviado a misiones a República Dominicana y Puerto Rico tras la denuncia de un alumno.
Compromís, el único partido que se ha opuesto a la decisión, ha argumentado que “no es el mejor momento” para este reconocimiento, que era mejor esperar y que se trata de “un error”. “Es un blanqueamiento de lo ocurrido”, asegura María Fajardo, portavoz de la formación en el municipio, que sostiene que al alcalde “no le importa escuchar la versión de las víctimas”. Por el contrario, el alcalde, José Benlloch, ha replicado que “no hay ninguna prueba de que se hayan producido estos hechos” y ha llamado a “no dejarnos arrastrar por la agenda mediática”. “Sería una absoluta irresponsabilidad dedicarme a convertirme en parte del estado juzgador sin ningún tipo de funciones al respecto”, ha concluido.
Han votado a favor de la concesión de la medalla a la orden, que también ha recibido la empresa Porcelanosa, todos los partidos con presencia en el pleno –PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Podemos–, salvo Compromís, en reconocimiento a la labor educativa de los carmelitas y su presencia en la ciudad desde hace 430 años. El portavoz de Podemos ha explicado: “Sabemos bien [en nuestra formación] lo que son denuncias falsas, fake news, y nos gusta hablar sobre hechos contrastados y juzgados”. En contraste con la actitud de Vila-real, el Ayuntamiento de Xàbia, Alicante, anunció en septiembre, al día siguiente de la publicación del reportaje, que estudiaba la posibilidad de retirar el premio honorífico 9 d’Octubre del municipio que concedió en 1999 a Francisco Armell, el religioso acusado de los abusos. “Me dio una pastilla y cuando me desperté todavía estaba en su cama”, relató a este diario Emili Alventosa, una de las víctimas. “Nos acostábamos a las nueve y media y llegaba a las 11 o las 12, cada noche cogía a un chico y se lo llevaba al fondo del dormitorio. Yo me tapaba entero y no quería ver nada, no quería estar allí”, recordaba Julián Sarrión, otro exseminarista.
Los exalumnos del antiguo seminario que han sacado a la luz los abusos están indignados, por la escasa sensibilidad que, según ellos, se demuestra hacia las víctimas. Una de ellas, J. L. C., ha expresado su malestar: “Era un buen colegio y yo, a excepción de ese episodio, guardo muy gratos recuerdos, pero para este reconocimiento deberían esperar, porque el colegio no ha dado explicaciones y no ha pedido perdón. Y eso deberían reclamarlo instituciones como el ayuntamiento”. Juan Luis Chueca, otro de los antiguos alumnos que denunciaron en EL PAÍS los abusos, también se muestra muy crítico: “No entiendo que justo ahora que se han denunciado unos abusos le den este premio para blanquear lo que hicieron hace unos años. Éticamente lo que tenía que hacer la orden es renunciar a la medalla de oro, y concederla a las víctimas. Porque los carmelitas no nos han informado, no nos cogen el teléfono, meten la basura debajo de la alfombra y encima ahora la podrán adornar con una medalla de oro, es vergonzoso. Podría ser de recibo si hicieran una rueda de prensa, reconocieran lo que han hecho, pidieran perdón, dieran datos, aclaren quiénes son los responsables. Pero las víctimas se van a avergonzar de ver cómo les premian. Parece mentira que sea un alcalde socialista el que olvida a los indefensos. Es un acto de blanqueo y una connivencia entre la orden y el alcalde, para mejorar su imagen”.
Chueca señala la paradoja de que el dirigente local de los carmelitas que probablemente recoja el premio va a ser David Oliver, que fue compañero suyo de pupitre en el seminario de Vila-real en la época de los abusos. “Él sabe todo lo que sucedió, luego yo le he mandado la información, nunca me han contestado y es curioso que encima ahora la medalla la recoja él”.
Por otro lado, el alcalde de la ciudad manejó información errónea para justificar su decisión. Aseguró que los hechos se conocían desde 2021, cuando en realidad ese año los carmelitas respondieron a las primeras llamadas de EL PAÍS con un escueto comunicado en un rincón de su web, sin ningún dato y del que no informó a ningún medio. Argumentó que la creación de la comisión de investigación del Defensor del Pueblo “ha hecho que de nuevo en la agenda mediática de este país vuelvan una serie de cuestiones que no son nuevas”. La comisión fue aprobada en marzo, y el artículo se publicó el pasado mes de septiembre, tras casi cuatro años de investigación.
La orden guarda silencio desde hace más de un año y, pese a sus promesas de “transparencia total”, se niega a informar del resultado del proceso canónico abierto contra Armell y L. G., otro religioso del mismo centro, que aún sigue vivo y fue apartado tras la denuncia de las víctimas. Estos casos son parte de los dos informes de este diario, con un total de 451 acusaciones, entregados a la Iglesia y al Defensor del Pueblo en diciembre de 2021 y junio de 2022. Los casos que han salido a la luz desde que EL PAÍS comenzó en 2018 su investigación de la pederastia en la Iglesia se elevan, por el momento, a 855 acusados con al menos 1.607 víctimas, según el recuento que lleva este periódico ante la ausencia de datos oficiales.
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