Víctimas de abusos sexuales en la infancia han exigido la dimisión del obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez. La Asociación Infancia Robada, la Asociación de Víctimas de Navarra y la Asociación contra los Abusos en la Infancia Lulacris han exigido al obispo que rinda cuentas por haber permitido que un párroco de Tejina denunciado en 2004 por pederastia siguiera ejerciendo con »protección e impunidad» hasta 2014.
En una carta abierta titulada “Basta de silencio”, las asociaciones indican que han consultado el listado de nombramientos autorizados por el obispo en el Boletín Oficial de la Diócesis Nivariense y han descubierto que el sacerdote siguió en su puesto durante diez años tras la denuncia. Las víctimas expresan su »rechazo, indignación y desconcierto» y recuerdan que los testimonios de otras víctimas acreditaron que los abusos sexuales se habrían producido desde los años setenta.
»Estos actos no solo han sido encubiertos, sino que el victimario ha seguido gozando de protección e impunidad, después de que usted acedera al episcopado», afean a Bernardo Álvarez. »Su deber era garantizar la integridad y la seguridad de todos sus miembros, especialmente de los más vulnerables. Por el contrario, usted permitió que ese sacerdote continuara ejerciendo el ministerio sacerdotal en el Hogar del Santísimo Cristo de La Laguna», añaden.
Las víctimas insisten en las importantes secuelas psicológicas que arrastran quienes han sufrido agresiones sexuales. »El dolor que se ocasiona a las víctimas y las consecuencias psicológicas, emocionales y conductuales derivadas de dichas aberraciones son devastadoras y permanentes. Como incuantificables resultan el terrorismo social al que son sometidos sus familiares y el daño que se inflige a la comunidad por parte de personas de la propia institución o muy cercanas a ellas», añaden.
Esta es la principal razón por la que, consideran, la Iglesia católica se encuentra en una »gravísima crisis moral y de credibilidad profunda». Para que el obispo corrija su mala gestión, las víctimas exigen que se pongan en marcha acciones valientes que demuestren el compromiso de Bernardo Álvarez con el bienestar de las víctimas. Asimismo, solicitan que se ponga a disposición de los supervivientes servicios relacionados con la salud mental, la orientación jurídica y la indemnización económica que proceda del daño sufrido.
Entre otras propuestas está formar en materia de prevención de la violencia y el abuso sexual a la comunidad eclesial y la colaboración de los poderes públicos. »El comienzo de un proceso de regeneración, reparación y sanción exige como condición necesaria su renuncia», concluyen.
El obispo de Tenerife ha llegado a justificar los abusos a menores en declaraciones a los medios de comunicación. »Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan», dijo en una entrevista concedida en 2007 al diario local La Opinión de Tenerife.
