La asociación de víctimas de pederastia en la Iglesia católica de Portugal «Corazón Silenciado» prepara una iniciativa ciudadana para exigir responsabilidades al Estado por los abusos sufridos, ya que, alegan, era su deber «supervisar las instituciones» gestionadas por el clero.
Cristina Amaral, una de las tres cofundadoras de la asociación, explicó a EFE que también pedirán indemnizaciones al Estado «si hay apertura para eso», aunque la prioridad es lograr «una reacción de la comunidad política» y del jefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, para que la historia «no se vuelva a repetir» y se proteja a los menores.
«Vivimos en un Estado laico y todas las instituciones, como en la que yo estuve, debían ser supervisadas por el Estado, independientemente de estar la Iglesia», aseveró Amaral, que fue víctima de abusos desde los 5 hasta los 9 años de edad en un colegio católico.
Sin embargo, «en esas instituciones sabemos, incluso en la mía, que no se permitía la entrada de asistentes sociales» sin cita previa, continuó, lo que dificultaba las inspecciones.
Criticó, además, que la actual clase política y Rebelo de Sousa, católico practicante, han «cerrado los ojos» y no han analizado en profundidad la situación para darle una respuesta.
«Esto es un cerrar de ojos. Ya basta de la Iglesia y el Estado. ¿El Estado piensa que no tiene responsabilidades? Las tiene», afirmó Amaral.
Por ello, trabajan con abogados para lanzar «a finales de año» una recogida de firmas entre la población y llevar su iniciativa al Parlamento, para que sean los diputados quienes trasladen la petición a Marcelo Rebelo de Sousa.
«Queremos como ciudadanos y en base a nuestra Constitución que el tema sea debatido en el Parlamento para accionar la responsabilidad que el Estado debería haber tenido y no tuvo sobre nosotros», resumió.
Para que la petición entre en la Asamblea de la República necesitan 7.500 firmas, una cifra que no consideran un reto.
Un estudio divulgado en febrero de 2023 realizado por un equipo de expertos reveló que más de 4.800 menores han sido víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en Portugal en los últimos 70 años.
El Grupo Vita, creado hace cinco meses por la Iglesia portuguesa para prestar apoyo a víctimas de abusos sexuales en la institución, ha derivado 14 casos a la Fiscalía lusa de un total de 62 peticiones de ayuda recibidas desde mayo.
Actualmente, nueve sacerdotes y un laico se mantienen apartados de sus funciones por abusos sexuales sobre menores en el país, según la Conferencia Episcopal de Portugal.
