La Iglesia Católica inscribió en el registro, entre los años 1998 al 2015, cerca de 35.000 bienes a su nombre
Las asociaciones patrimonialistas reclaman que se reviertan a la sociedad estas inmatriculaciones por inconstitucionales
A los vecinos de Topares, una pequeña población de Almería, cada dos semanas los viene a buscar un autocar. No van de excursión. Acuden al pueblo vecino de El Moralejo, en la región de Murcia, a oír misa. Están enfadados con el párroco de su pueblo porque el obispado de Almería ha puesto a su nombre en el registro de la propiedad unos locales que los vecinos aseguran que son suyos.
Hace unos meses, cuando la Hermandad de las Ánimas, donde están asociados la mayoría de vecinos, se disponía a renovar el alquiler del bar, se dieron cuenta de que el salón social y otros locales, como la peluquería de Sonia, estaban a nombre del obispado. Cuando fueron a reclamar, este alegó que eran suyos y les pidió las llaves. Los vecinos se niegan en redondo a aceptarlo y están dispuestos a llegar hasta el final para recuperar lo que consideran es suyo. «¿Es que estos señores no sabrán lo que dice el séptimo mandamiento?», se pregunta Alfonso Serrano Marín, el presidente de la Hermandad.
“¿Es que estos señores no sabrán lo que dice el séptimo mandamiento?“
Desde que se dio a conocer la lista de bienes que la Iglesia Católica había inmatriculado, cerca de 35.000, como un goteo, van apareciendo casos de vecinos y ayuntamientos que están en contra de las inscripciones en el registro que han hecho alguna de las diócesis.
Compraron las piedras para evitar el derrumbe
En Lalín (Pontevedra) los vecinos de la parroquia de Sant Martiño se sienten derrotados. Acudieron ante los tribunales para reclamar la propiedad de la iglesia, pero el juez le ha dado la razón al obispado de Lugo.
De boca en boca, siempre circuló la misma historia: fueron los vecinos los que consiguieron salvar la parroquia del derrumbe. Con las piedras de la Iglesia se iba a construir una nueva, más grande. El pueblo se unió, reunieron el dinero suficiente para comprar las piedras del templo y desde entonces los vecinos se encargaron siempre de mantenerlo. Sin embargo, hace unos años todo cambió.
“Cambiaron la cerradura y ya no pudimos entrar más“
«La inmatricularon, cambiaron la cerradura y ya no pudimos entrar más», explica José Ferradas Veigas, vecino de Lalín. Él y Antonio Taboada, otro vecino, nos enseñan los documentos de compra de las piedras por parte de los vecinos. Todos los documentos no fueron suficientes y el juez acabó otorgando la propiedad al obispado.
¿Qué es la certificación eclesiástica?
La mayoría de los bienes que ha inscrito la Iglesia Católica, un 90 %, han sido mediante certificación eclesiástica. Cuando un particular quiere inscribir un bien en el registro de la propiedad, necesita un documento que acredite su pertenencia, como por ejemplo una escritura. Para los poderes públicos basta con una certificación del funcionario autorizado. Hasta el año 2015, la Iglesia tuvo la misma facultad que el Estado y la firma del obispo, la certificación eclesiástica, servía para acreditar que un bien le pertenecía. No se podían inscribir lugares de culto, pero a partir del año 1998, el Gobierno de José María Aznar modifica la ley y lo permite.
Entonces, las diócesis, además de casas o solares, pudieron inmatricular también ermitas, iglesias o catedrales. Desde diferentes asociaciones se venía reclamando la relación de bienes que la Iglesia había puesto a su nombre. En febrero del año pasado, el Gobierno hizo pública esta lista.
Después de revisarla, la Conferencia Episcopal hizo público un documento donde daba a conocer unos 1.000 errores que contenía la lista, como inscripciones duplicadas, algunas que pertenecían a otras confesiones y otras propiedades que ya no eran de la Iglesia porque las había vendido.
«Las inmatriculalciones deberían ser nulas porque son inconstitucionales», asegura Antonio Manuel Rodríguez que es profesor de derecho civil y portavoz de «Recuperando«, una coordinadora que aglutina a diferentes asociaciones contrarias a las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia Católica. Consideran la certificación eclesiástica un privilegio del que la iglesia se ha aprovechado para inscribir bienes, muchos de los cuales, aseguran, son de dominio público.
Ante las críticas, el portavoz de la conferencia episcopal, Josetxo Vera, afirma que «la iglesia no tiene privilegios»: «Se inmatriculan por certificación porque muchos de sus templos datan de los siglos VI, VII, VIII, X y en aquel momento la propiedad no estaba certificada en un papel».
“La iglesia no tiene privilegios“
La «capilla sixtina» del Alto Aragón
Muchos de los santuarios o ermitas se construyeron con la ayuda del pueblo y desde siempre los vecinos los han considerado como propios. Por eso en algunos lugares no se acaban de entender las inscripciones.
En Ayerbe (Huesca) los vecinos acaban de conocer una sentencia judicial que otorga la propiedad del santuario de Nuestra Señora de Casbas al obispado de Huesca y han salido a la calle a protestar.
Los frescos del santuario estuvieron cerrados al público durante años por el mal estado en que se encontraba la bóveda. Finalmente, el templo se restauró y ya está abierto al público. Con la obra ha llegado el litigio entre el Obispado y el Ayuntamiento que se disputan la propiedad. El caso está ahora en los tribunales. Unos y otros buscan entre los archivos papeles que les otorguen la pertenencia. El primer asalto lo ha ganado el Obispado. Ahora la pelota está en el tejado de la Audiencia Provincial de Huesca.
