El primer ministro francés, Manuel Valls, ha dado un paso más en la polémica que en la laica Francia enfrenta a muchos ciudadanos sobre la conveniencia de prohibir la exhibición de símbolos religiosos. A las jóvenes musulmanas les está prohibido llevar el velo en escuelas y colegios, pero sí pueden hacerlo en la universidad. Ahora, el jefe del Gobierno se declara partidario de que la ley también prohíba vestir esa prenda en la universidad. “Hay que ser inflexible en la aplicación de las reglas de laicidad en la enseñanza superior”, sostiene Valls.
Ante el aumento de la crispación social a un año de las elecciones presidenciales,François Hollande y Manuel Valls, hundidos a niveles récord en las encuestas, han optado por dar la cara ante la opinión pública. En una amplia entrevista publicada en el diario Liberation, Valls aborda el polémico asunto del velo, que no puede llevarse en los centros de primaria y liceos para evitar influencias religiosas a menores en centros públicos. Preguntado si también debe prohibirse en la universidad, responde: “Habrá que hacerlo, pero hay reglas constitucionales que dificultan esa prohibición”.
El Gobierno francés renunció recientemente a modificar la Constitución para retirar la nacionalidadfrancesa a los condenados por terrorismo que tuvieran un segundo pasaporte.
En un país con más de cinco millones de musulmanes, el uso del velo, el burka o el niqab, o incluso de guantes, es objeto de permanentes polémicas, debates o incidentes. Estudiantes de liceos han sido expulsadas temporalmente de sus centros por portar velo y algunos profesores han llegado a negarse a dar clases a universitarias con velo y guantes.
Valls admite errores de comunicación en las polémicas reformas del Gobierno, sobre todo en la laboral, que ha desencadenado la oleada de protestas que vive Francia en las últimas semanas, incluido el movimiento de indignados nacido el 31 de marzo en la plaza de la República y que ya ha prendido en decenas de ciudades. “No hemos logrado presentar la ley de forma positiva”. El primer ministro dice no estar preocupado por el fenómeno de los indignados y asegura comprenderlo. “Cuando toda la sociedad se pregunta sobre su futuro, la juventud también lo hace”.
Mientras, el jefe de Estado ha optado por someterse este jueves durante 90 minutos a las preguntas de periodistas y cuatro ciudadanos seleccionados, entre ellos la madre de un yihadista muerto en enero en Siria a los 23 años. El joven, nacido en Francia en una familia católica, se convirtió al Islam y fue a Siria en 2014. Su madre, Véronique Roy, denuncia “el inmovilismo” de las instituciones ante la radicalización del islamismo en Francia, donde los salafistas imponen sus tesis pese a ser minoritarios. También preguntarán a Hollande un votante de la ultraderecha y un bloguero de izquierdas.
Hollande insistirá, según dicen sus colaboradores, en que su Gobierno toma constantemente medidas para ayudar a los jóvenes, y especialmente en pueblos y barrios y desfavorecidos como Saint-Denis, cerca de París, donde vivía el joven. Son en esos lugares donde se produce un “apartheid territorial, social y étnico”, en palabras de Valls. Para atajar el problema, el Gobierno ha aprobado este miércoles otra nueva batería de medidas para, entre otras cosas, facilitar la construcción de viviendas sociales en todos los barrios.
El jefe del Estado, como Valls, reiterará también que seguirá adelante con sus reformas pese a las protestas. Este mismo miércoles, su ministro de Finanzas, Michel Sapin, anunció nuevos recortes para este año (3.800 millones) y 2017 (5.000) con el fin de dejar el déficit por debajo el 3% el año que viene, de acuerdo con el compromiso adquirido con Bruselas.
Pese a estos ajustes, junto con los registrados en la legislatura que arrancó en 2012, Hollande y Valls aseguran que las clases menos favorecidas los han sufrido menos gracias a las políticas sociales francesas. “Gracias al sistema social existente, el impacto de la crisis ha sido menor que en muchos países de la UE; el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión en 2014 era similar al existente en 2007”, asegura el Gobierno este miércoles.
El Ejecutivo añade que la recuperación “favorece sobre todo a los jóvenes”. Debe tratarse de otra prueba de los errores de comunicación. Solo así se entiende que decenas de miles de ellos salgan continuamente a las calles para protestar contra las políticas del Gobierno y especialmente contra la reforma laboral ahora en trámite parlamentario.
