El Gobierno de Camps dará hasta 600 euros al mes a las gestantes desde el momento de la concepción La iniciativa, criticada por socialistas y feministas, prevé que familias voluntarias acojan a las madres
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ávido por recobrar el protagonismo político que le ha quitado su implicación en la trama de corrupción que afecta al Partido Popular, se ha lanzado a promover un proyecto legislativo de protección a la maternidad, justo en el momento en que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prepara la reforma de la ley del aborto. De nuevo, el Ejecutivo de Camps, al igual que ocurrió con Educación para la Ciudadanía –materia que intentó sin éxito que se impartiera en inglés–, pone en marcha todos los mecanismos de la Administración autonómica y sus recursos públicos para demostrar a sus votantes, así como al sector más conservador de la Iglesia, que es el primer valedor de sus consignas ideológicas.
Camps presentó ayer a bombo y platillo, con la presencia de seis consejeros, el anteproyecto de ley de protección a la maternidad, un texto pionero en España que pretende proteger a las mujeres embarazadas y que ha sido impulsado por su colaborador más directo, el consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, exdirector general de la Policía durante el mandato de José María Aznar y miembro del Opus Dei. "La natalidad es la garantía de la prestación de los servicios sociales", argumentó Camps para justificar la iniciativa de su Ejecutivo, que ha sido rechazada tanto por los socialistas como por las asociaciones feministas, que la califican de retrógrada y peligrosa.
RED DE CENTROS
La futura ley, que carece de presupuesto, contempla ayudas sociales de hasta 600 euros para aquellas mujeres que necesiten recursos y que acrediten su embarazado mediante un certificado médico. Las ayudas se ampliarán a las actuales deducciones autonómicas por nacimiento o adopción, también desde el momento en que se conozca la situación de embarazo. El proyecto establece medidas de información y apoyo a las embarazadas –o "madres gestantes", como las llama el texto– con dificultades socioeco-
nómicas para tener un hijo, mediante la creación de una red de centros asistenciales que apoyen a las madres durante y después del embarazo, orientando a las mujeres sobre las consecuencias de abortar o de llevar a término su gestación.
Otra novedad consiste en favorecer una red voluntaria de familias de acogida para mujeres embarazadas, sobre todo jóvenes que no tengan recursos. Las familias de acogida podrán beneficiarse de ayudas eco-
nómicas, un aspecto que también alcanzará a las organizaciones benéficas que trabajen con embarazadas "en situación de exclusión social".
La prestación farmacéutica será gratuita para los bebés hasta que cumplan 18 meses y se agilizarán los tiempos de adopción en el aspecto judicial, tanto para las gestantes como para aquellas familias que deseen adoptar un niño.
Estas son las líneas generales del proyecto que ayer presentó Camps acompañado por los responsables de las consejerías implicadas en el desarrollo de la futura ley de protección a la maternidad, que, según el dirigente popular, no supone ningún pulso al Gobierno. "No hacemos pulsos a nadie –sostuvo–. Trabajamos en beneficio de las personas y a favor de las familias". Pero las críticas a esta iniciativa parlamentaria, promovida por la entidad conservadora Foro Español de la Familia en cinco comunidades autónomas, no se ha hecho esperar: los socialistas valencianos señalan que Camps se sitúa con estas medidas en la estrategia de crispación, en el terreno que le es propicio –el del sector más integrista de su electorado– con el propósito de desviar la atención de otros temas, como es el caso Gürtel.
NO ESTABA EN EL PROGRAMA
"No tiene sentido sacar esta ley, que no estaba en el programa electoral del PP", manifestó Ángel Luna, portavoz del grupo socialista en el parlamento autonómico. Este programa, continuó Luna, "sí que contenía ayudas de 4.000 euros por nacimiento a las familias, que no se han dado, y de 1.200 euros a las madres que se quedaran en casa, que tampoco se han dado. El señor Camps es incapaz de resolver las prestaciones sociales más básicas en la Comunidad Valenciana. Esto es solo un golpe más de efecto de la campaña antiabortista que han emprendido algunos sectores". Para el socialista, la iniciativa, al igual que todas las que ha planteado el departamento de Bienestar Social, no tiene ninguna credibilidad. "Lo único que está diciendo el Gobierno valenciano es que sus consejerías no funcionan. Sí funcionaran, no haría falta ningún proyecto nuevo. Con el sistema actual de ayudas, tanto estatal como autonómico, todos los ciudadanos con necesidad de ayuda social la tienen".
La portavoz de la Plataforma Feminista de Valencia, Encina Gar-
cía, por su parte, se mostró muy indignada ante el anteproyecto de Camps porque, según dijo, recordaba a los programas del régimen franquista. "No se habla en ningún momento de educación para prevenir los embarazos y, sin embargo, se promueve la gestación para ofrecer al bebé en adopción lo más rápido posible. Parece que se estén fomentando los vientres de alquiler", criticó García, quien considera la red de voluntarios peligrosa por su cariz ideológico conservador. "Se va a dar dinero público a unas entidades desconocidas que no sabemos sobre qué requisitos estarán vinculadas a la Administración y también se crea una nueva figura jurídica denominada madre gestante, pero no se habla de la mujer, de la persona. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se es madre gestante?", se preguntó García.
Durante el año 2007, el último del que se tienen datos, se produjeron en la Comunidad Valenciana 11.068 interrupciones del embarazo, 9.653 de ellas en los 14 centros privados acreditados por el Ministerio de Sanidad.
