El presunto fraude en los pagos a la educación concertada con cargo a fondos públicos ha salpicado al presidente de la gran patronal de la concertada, Feceval (Federación de Centros de la Enseñanza Valenciana), José Manuel Boquet, que ha sido citado a declarar el próximo 13 de octubre, en calidad de imputado (ahora investigado), según adelantó ayer la agencia de noticias Europa Press y confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de la investigación.
La citación del presidente de Feceval se produce a instancias de la Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación popular en esta investigación judicial que se inició en julio de 2014 por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, tras una denuncia de Compromís, cuando estaba en la oposición.
Junto a Boquet también declararán como investigados cuatro liberados de la patronal que ya comparecieron como testigos, pero que ahora han sido citados como imputados. Este cambio en su situación procesal se produce después de que algunos de ellos admitieran que cobraban un sueldo de la Generalitat a pesar de que, en realidad, no realizaban ninguna función docente. Esta especie de empleados «zombis» [como los investigados en el caso Taula que cobraban un sueldo de Imelsa sin ir a trabajar o por realizar sus tareas en el partido u otra institución distinta a la que le pagaba] admitieron ante el juez que trabajaban para la patronal de la concertada pero realizando labores administrativas o en el servicio jurídico de Feceval, cuando el sueldo que les pagaba la Conselleria de Educación era para realizar funciones docentes.
En total fueron diez liberados de la patronal de las enseñanzas concertadas los que cobraron durante años estos sueldos «zombis» con cargo al presupuesto de la Conselleria de Educación. Su salario oscilaba entre los 1.600 y los 1.800 euros mensuales a pesar de que no daban clase ya que trabajaban para la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y la Federación de Centros de la Enseñanza Valenciana (Feceval).
350.000 euros al año
Un salario totalmente ilegal que no se debería haber abonado con cargo a los fondos públicos, porque supondría una «financiación irregular» de la enseñanza concertada que podría haber alcanzado los 350.000 euros anuales, según detalla la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción 3 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción.
Cinco ex altos cargos de la Conselleria de Educación (dos secretarios autonómicos, dos directores generales y un subdirector) que declararon en septiembre en el juzgado aseguraron no tener «ni idea» de todas estas presuntas irregularidades e, incluso, derivaron a sus colaboradores inferiores la responsabilidad sobre estos pagos descontrolados a la enseñanza concertada.
La secretaria autonómica de escuelas católicas de la Comunitat Valenciana, Vicenta Rodríguez, se mostró ayer tranquila ante la citación del presidente de la otra gran patronal de la concertada. «Nosotros hemos cumplido escrupulosamente el convenio que FERE (Federación española de religiosos de la Enseñanza) tenía firmado con nuestros colaboradores de formación» y que ha sido aportado a la investigación judicial, según Rodríguez.
La responsable de escuelas católicas especificó que estos trabajadores no eran liberados patronales, sino «colaboradores de formación» del personal de los centros regulados mediante convenio que se renovaba anualmente, como en el caso de Escuelas Católicas. «Imagino que como el convenio no fue firmado el año pasado es lo que provocó la situación del juzgado; creo que se solucionará porque estaba regulado a través de un convenio y espero que para José Manuel Boquet no sea más que un trámite», defendió. Este periódico intentó recabar una reacción de responsables de Feceval que, al cierre de esta edición, no se había producido.
