El Ayuntamiento girará en 2020 los primeros cargos tras una legislatura desglosando los usos religiosos, sociales y asistenciales de los lucrativos
El plan empezó a pergeñarse en el mandato anterior, cuando Joan Ribó (Compromís) consiguió alzarse con la vara de mando del Ayuntamiento de Valencia con el apoyo de los socialistas y de València en Comú, la plataforma en la que se integraba Podemos. Sin embargo, no será hasta el próximo año, 2020, cuando el consistorio gire los primeros recibos del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a los locales inscritos a nombre de la Iglesia que albergan actividades lucrativas.
La Concejalía de Hacienda ya ha conseguido desenmarañar los registros catastrales de hasta seis inmuebles que figuran a nombre de órdenes religiosas o del propio Arzobispado donde se desarrollan actividades económicas y, por tanto, susceptibles, a juicio del actual equipo de gobierno, de pagar impuestos municipales.
El giro de los primeros recibos a los edificios de la Iglesia con usos lucrativos, advierte el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, no implica que el cobro se produzca de manera directa. El edil entiende que la Iglesia interpondrá todos los recursos que estén en su mano para evitar el pago de un impuesto municipal que no ha abonado nunca apelando a la existencia de la Ley de Mecenazgo y al Concordato del Estado Español con la Santa Sede.
Sin embargo, el Ayuntamiento se aferra a una resolución europea que considera «competencia desleal» que los bienes adscritos a la Iglesia y se destinen a fines lucrativos no estén sujetos a ninguna carga impositiva como cualquier otra actividad económica. Es el caso, por ejemplo, de inmuebles de la Iglesia que albergan un hospital y una universidad privada en la ciudad de Valencia que no pagan el IBI a pesar de que otros complejos privados sí tienen que afrontar sus obligaciones tributarias.
La iniciativa del consistorio que encabeza Ribó supone un ejercicio de presión sobre este tipo de inmuebles con actividad económica (quedarían fuera de la tributación aquellos edificios o bienes de cualquier clase que estén destinados al culto o a cualquier actividad social o benéfica) que enlaza con los movimientos que se están produciendo en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que se revise la Ley de Mecenazgo. Existe, de hecho, un grupo en la FEMP que pretende que se se especifique en el cuerpo legal que sólo las propiedades de la Iglesia que estén destinadas al culto, actividades benéficas o sociales o aquellas que no le reporten beneficios estén exentas de la tributación municipal.
De momento, la actividad de los técnicos municipales ha logrado despejar el uso lucrativo de hasta seis grandes inmuebles que albergan actividades universitarias y hospitalarias. En el concepto tributario se ha desglosado aquellas partes de los inmuebles que no estén sujetos a fines lucrativos, subrayó el concejal. Los recibos, según indicaron fuentes municipales, supondrían unos ingresos para el consistorio de cerca de un millón de euros.
Sería, no obstante, la mitad aproximadamente del montante que calcula el consistorio que podría pagar la Iglesia por todos sus bienes de uso lucrativo en el término municipal. Según los cálculos de aproximación que han realizado los técnicos de Hacienda del Ayuntamiento, existen inmuebles en la ciudad inscritos a nombre del Arzobispado de Valencia o de alguna de sus órdenes religiosas que, si se les aplicase el IBI, tendrían que abonar una cantidad que rondaría los dos millones de euros. Sin embargo, tan sólo se ha logrado dilucidar, de momento, la actividad económica de seis de ellos, a los que se les remitirán los recibos correspondientes el próximo año.
Además, los funcionarios municipales deben desglosar de cada una de las parcelas inscritas a nombre de la Iglesia qué uso tienen cada una de ellas, ya que en algunas se combinan usos religiosos, asistenciales y sociales (que no pagarían en ningún caso) con otros lucrativos. De momento, eso sí, se pedirá la tributación de los más significativos.
