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Gabriela Bonilla. Foto: Ernesto Ryan

[Uruguay] Para antropóloga “todo lo que no se defiende corre riesgo” y es necesario “disputar” la educación pública y laica

Gabriela Bonilla, licenciada en Pedagogía y Antropología Social conversó con la diaria sobre las Jornadas de Género de Fenapes, las alianzas público-privadas en la educación y la influencia de las iglesias en las políticas educativas.

Masculinidades, agenda de derechos, violencias en los espacios educativos y familiares, género: durante el fin de semana pasado más de 100 personas afiliadas y no afiliadas a la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) intercambiaron sobre esos y otros temas vinculados, en las Jornadas de Formación y Reflexión en Género que tuvieron lugar en la Colonia de Vacaciones del sindicato y fueron organizadas por la Secretaría de Género.

El encuentro contó con varias invitadas expositoras, entre ellas Gabriela Bonilla, licenciada en Pedagogía y Antropología Social e investigadora del Observatorio Latinoamericano de Política Educativa de la Internacional de la Educación. En diálogo con la diaria, Bonilla contó sobre los principales puntos que se abordaron en la jornada, las alianzas público-privadas en la educación y la influencia de las iglesias en las políticas educativas.

¿Cómo transcurrieron las Jornadas?

El 80% de las afiliadas al sindicato son mujeres. Eso significa que un sindicato en educación, para ser fuerte, para ser representativo, para que su agenda de reivindicaciones de verdad represente a sus bases, tiene que tener una fuerte agenda con perspectiva de género y que también englobe las condiciones de trabajo de las mujeres en el sector. Fue un fin de semana fantástico, con muchos trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país: rondamos las 100 compañeras y también había compañeros, lo que es importante, porque si hacemos un poquito de memoria, hace diez o 15 años, aunque los compañeros tuvieran curiosidad e interés, no sentían tanta libertad o tanto derecho de sumarse a estos espacios. Entonces ahora creo que hay unas condiciones que favorecen el interés de los compañeros de discutir sobre género, nuevas masculinidades, derechos laborales con perspectiva de género, etcétera.

¿A qué conclusiones o reflexiones llegaron a partir del intercambio y las discusiones?

Presentamos dos observatorios que hace la Internacional de la Educación y están al servicio del trabajo de sus afiliadas, entre ellas Fenapes: por un lado, el observatorio Sumar Igualdad, que es sobre el estado del derecho de las mujeres en la región; por otro, el de Política Educativa, que es en el que yo trabajo. Ahí dos o tres grandes temas de discusión: uno tiene que ver con la historia que venimos viendo en nuestros gobiernos, el de Uruguay incluido, de entregar la política educativa a actores no estatales, de gobernar en alianza público-privada, y [la tendencia] de nuestros gobiernos a aceptar unas narrativas antiestatales, lo cual parece un poco contradictorio: que un gobierno acepte unas dinámicas antiinstituciones y antipúblicas.

Un gran tema de trabajo fue ver cómo vamos a deconstruir, denunciar y desmarcarnos de estas dinámicas de alianza público-privada como forma de gobierno en la educación. Por otro lado, decíamos que las narrativas que dicen que lo público falló, que los docentes estamos permanentemente en falta, son narrativas casi que de marketing para alianzas público-privadas.

Además de las alianzas público-privadas, has estudiado la inserción de las iglesias en las políticas educativas.

No estamos muy seguros de llamarlos sectores religiosos, porque yo, que tengo un ejercicio espiritual, dudo bastante de que esto sea un sector religioso: siento que están instrumentalizando mi fe. Empecé en la búsqueda porque en Colombia en 2016 hubo marchas de padres de familia en contra de la educación sexual integral; en Costa Rica en 2018 hubo marchas en contra de lo que ellos llamaron “ideología de género”; en República Dominicana y en Honduras también, incluso en 2023. Y las marchas están orientadas a la disconformidad hacia el sector educativo, diciendo que hay que cortar una parte de los contenidos curriculares, específicamente esos que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos.

En Estados Unidos, por ejemplo, la Confederación de Obispos de Estados Unidos, que en su plan 2021-2024 tiene una misión de incidir en la política educativa y de generar formación docente y administrativa en educación. Esta confederación genera cooperación hacia América Latina: logra colocar el dinero en estrategias de formación, talleres, programas de radio. En Uruguay tiene una trayectoria de educación laica, pero Estados Unidos la tuvo y la está perdiendo.

¿En Uruguay reconocés estas intercepciones o creés que está en riesgo la educación laica?

En la Internacional de la Educación y en la Red de Trabajadoras sabemos que todo lo que no se defiende corre riesgo, no nos podemos sentar a creer que ningún derecho está seguro: hay que disputarlo, mantenerlo y luego ampliarlo. En otros países lo que miramos es que estas maquinarias electorales que instrumentalizan la fe, en sus narrativas, les administran el odio y la angustia a las clases trabajadoras.

El fin de semana analizamos con las compañeras que la extrema derecha se nutre de los miedos, de la reducción de derechos, etcétera, entonces hay administración de estos discursos de odio. Pensamos que toda América Latina es susceptible de que haya maquinarias electorales que junten a los sectores neoliberales anti-Estado y anti política pública, que los hagan encontrarse con estos sectores que usan la fe y que instrumentalizan la fe.

¿Qué ejemplos subrayás en América Latina?

Se vio en Bolivia que la intención era darle un golpe de Estado al gobierno de Evo Morales y Luis Camacho. Quien lideró el golpe de Estado en 2019 es uno de los principales aliados del grupo religioso de Santa Cruz. También en Perú en 2021, cuando Keiko Fujimori se sentó con más de 700 pastores evangélicos. En Brasil el gobierno de [Jair] Bolsonaro cedió año a año el 10% del dinero de comunicación del gobierno brasileño a radios y programas de televisión de índole religiosa. En Costa Rica en 2022 quien ahora es presidente accedió y firmó un acuerdo en el que decía que de ser electo iba a ceder a los grupos evangélicos la definición del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la cancillería. También se comprometió a eliminar toda la perspectiva de género de la política pública. Si vos me preguntabas si eso iba a pasar en diez años en Costa Rica, yo te decía que nunca iba a pasar eso, y pasó. O sea que ante la pregunta de si acá estamos en riesgo, [la respuesta es que] siempre estamos en riesgo si no hay una clara disputa y una clara identificación de por qué están instrumentalizando nuestra fe. No es porque realmente quieren que haya un ejercicio espiritual: justamente el ejercicio espiritual es un Estado laico que protege a todas las religiones por igual. Estamos en riesgo, pero no está perdida la batalla; hay que trabajar, hay que evidenciar estas conexiones.

En el proceso de construcción de la Transformación Educativa de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la educación sexual ha estado en cuestión. ¿Qué análisis hacés de la reforma?

Lo que hemos estado comentando es que son reformas que, aunque el gobierno uruguayo ahorita la quiere presentar como algo muy innovador, vamos a los archivos del Banco Mundial de 1990 y allí ya encontrabas el informe Puberty que decía: “países de renta baja y renta media, implementen currículos educativos de Lengua, Matemática, reduzcan currículos, hagan evaluaciones sistemáticas a docentes, hagan un seguimiento más centralizado en el personal docente”. Ahora vemos de nuevo esta intención de recortar currículos, de minimizar los contenidos para las escuelas públicas, porque las escuelas de élite están invirtiendo en artes, Geografía y Música, no están en ese recorte curricular. Pero para el sector público nos traen una receta que no es nueva, esta reducción de currículos.

El Banco Mundial y también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han recomendado a toda América Latina centrar el proceso de Educación Media supuestamente en una línea más en función de la empleabilidad. Pero ahí hay un gran sesgo y un gran mito: el sector empresarial de Uruguay no tiene una prospección laboral, entonces es bastante absurdo que nuestros gobiernos se dejen seducir por la idea de que si vos reducís ese currículo a Lengua y Matemática y algunas habilidades digitales vas a estar dando respuesta a un futuro. En realidad, quienes estamos en aula sabemos que la complejidad de la vida de nuestros estudiantes requiere abordajes igualmente complejos con las temáticas. Requiere una diversidad de temas en el currículo porque eso le va a permitir a la población un ejercicio ciudadano. Con la ley de urgente consideración [LUC], además, se pudo implementar algo que estaba escrito en 2016 en un documento de la organización: revisar la participación docente en la toma de decisiones de la política educativa. Recomendaba eliminar los consejos desconcentrados de la ANEP, concentrar y centralizar la gestión educativa, para así poder llevar adelante una reforma. Y eso es lo que está haciendo la LUC. Prefieren sustituir al sector docente que está en aula, al sector sindical que sí conoce la realidad educativa, por algunas ONG, fundaciones y, más recientemente, por grupos de las empresas de la fe.

¿Qué desafíos creés que tiene Uruguay para contrarrestar estas incidencias?

Estamos sosteniendo y está buenísimo que sepamos que lo estamos haciendo. Un desafío central que el movimiento sindical siempre les recuerda a los gobiernos de turno y la ideología que sea es que hay un continuum en la fuerza de movilización social y sindical: es decir, los gobiernos pasan, pero la clase trabajadora sigue acá. Los feminismos, los movimientos indigenistas y decoloniales siguen creciendo, entonces: es un desafío que estamos sosteniendo y respondiendo que tiene que ver con evidenciar que acá las discusiones no están cerradas. El modelo neoliberal no lo estamos aceptando, no hay un consenso en torno a eso, entonces, un desafío es recordarles a nuestros gobiernos que aquí no están cerradas las discusiones y que no estamos aceptando los modelos de forma consensuada.

Acá hay no sólo resistencia, sino que hay propuestas para políticas educativas más diversas, más enriquecidas, currículos más amplios, reconocimientos de los derechos laborales, de la investigación pedagógica y, además, de entender esas condiciones de trabajo en educación, cómo impactan los procesos dentro del aula. Y otro gran desafío tiene que ver con reconocer que el resto del mundo está mirando a América Latina para ver respuestas de esas interseccionalidades. El otro desafío es reconocer ese poder de pensarnos que tenemos en América Latina. Por eso la política educativa la defendemos tanto: porque es la herramienta para pensarnos.

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