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¿Universidad pública al servicio de la confesionalidad? por J. Agustín Franco Martínez

La Facultad de Derecho de la UAM organiza un curso de “Dirección y gestión de entidades religiosas” para líderes religiosos, como indican sus propios requisitos de acceso: “Ostentar la condición de representante legal de una entidad religiosa o la condición de ministro de culto de la misma”. ¿Es legal y ético un curso cuyos requisitos de admisión no son estricta y exclusivamente formativos? ¿Por qué esa discriminación y vulneración de derechos tan flagrante en una entidad educativa pública? ¿Por qué se privilegia la formación de mentalidades reaccionarias y ultraconservadoras?

Un curso de 12 créditos que no necesita formación universitaria previa (justo el requisito principal que debería acreditarse), con una matrícula de más de 400 euros y un equipo docente de 11 profesores en el que solo hay 2 profesoras.

Yendo al detalle, un vistazo al programa muestra la orientación sesgada e ideologizada del curso, más próximo al coaching que a la verdadera educación universitaria. Sin mención expresa, por ejemplo, al respeto a las leyes de igualdad, de muerte digna, de aborto, de divorcio, de identidad de género, contra la violencia machista y otras sobre derechos humanos que deben cumplir todas las confesiones, dentro y fuera de sus círculos, en el marco de un estado democrático y aconfesional.

Sin referencia tampoco a las violaciones de las leyes básicas constitucionales por parte de las confesiones religiosas y sus miembros y a la necesaria protección de las víctimas por abusos eclesiásticos, desde las inmatriculaciones hasta los abusos sexuales del clero u otros líderes religiosos y ministros del culto.

¿Alguien les ha dicho que también pueden ejercer la objeción de conciencia a la inversa, por ejemplo, pagando el IBI aunque la ley no les obligue a ello o renunciado a otros privilegios y favores que la ley les concede?

Obviamente, sin una mención clara a los derechos y deberes que deben respetar todas las confesiones respecto a los valores laicistas, especialmente en los ámbitos de la sanidad y educación públicas. Y particularmente respecto a la no injerencia en el debate político y al no adoctrinamiento en el sistema educativo público.

Y del lado de la gestión del sistema educativo público resulta intolerable e inaceptable esta iniciativa formativa, discriminatoria y elitista, que utiliza el sistema público para beneficio de entidades privadas, especialmente las religiosas, las que casi siempre son contrarias al progreso y a las libertades civiles.

Quizá harían mejor desde la UAM en ofrecer cursos y asesoría jurídica a las víctimas de las religiones, en lugar de emplear los escasos recursos públicos en mejorar la retórica y el marketing religioso.

Dado que el requisito mínimo de matrículas es de 30 personas bien podrían haber organizado una asesoría especializada fuera del ámbito público, en lugar de exponer los recursos comunes y el prestigio de la universidad a semejante aberración. De hecho los ministros del culto católico ya cuentan con una entidad privada para estos menesteres, la Fundación Carmen de Noriega.

Es inaceptable que en la presentación del curso se haga referencia de forma tan falaz a la supuesta “pluralidad en materia de libertad religiosa” en España simplemente mencionando el número de confesiones inscritas en el registro de entidades religiosas, obviando el ignominioso y privilegiado concordato de la iglesia católica con el estado del Reino de España.

Igualmente es opaca la información sobre las supuestas entidades religiosas que apoyan el curso, ¿quiénes son?, ¿cómo han apoyado?, ¿por qué no aparecen en el programa?

Resulta cuando menos curioso la ausencia de perspectiva de género en este curso, especialmente en una materia tan sensible a la reacción patriarcal. Es llamativo que en el epígrafe sobre el culto solo se haga referencia al masculino plural, cuando se sabe que también hay mujeres ministras del culto en confesiones distintas a la católica.

Es curioso que otro epígrafe del programa trate sobre la inviolabilidad de los lugares de culto, existiendo una inviolabilidad superior, la de la dignidad humana, tan maltratada y maltrecha desde todas las confesiones religiosas. ¿Qué garantías legales deben cumplir las entidades religiosas para cumplir con la inviolabilidad de la dignidad humana? ¿Qué dice al respecto el derecho eclesiástico?

¿Qué hay de los principios generales del derecho eclesiástico español: igualdad, no discriminación, laicidad, no confesionalidad, cooperación? ¿Quién evalúa y rinde cuentas sobre el cumplimiento o no de estos principios? ¿Qué hay que saber sobre las sectas? ¿Es el Opus una secta dentro de la religión católica?

Y es que quizá los líderes religiosos lo que necesitan es arrepentimiento, exigirles reparación y reinserción social y menos dorarles la píldora. De hecho, sería más coherente desde la universidad pública dotar a la sociedad de herramientas para identificar y contrarrestar las prácticas de manipulación y propaganda de las confesiones religiosas, en lugar de darle más armas al lobo de la fe, al más temible depredador de conciencias.

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