El grupo parlamentario Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea registró ayer martes una solicitud para que comparezca la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, para que “aclare si el Gobierno va a denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede” de 1979 con el objetivo de “acabar con la impunidad de los cargos religiosos frente a los casos de abusos sexuales a menores”. El pasado mayo, el secretario de laicidad socialista, José Manuel Rodríguez Uribes, aseguró que, en caso de gobernar, el Ejecutivo denunciaría “las dimensiones de los Acuerdos con la Santa Sede que no sean compatibles con la Constitución”.
Además, el grupo de Unidos Podemos registró el pasado lunes una pregunta parlamentaria en la que interroga al Ejecutivo sobre si tiene previsto “requerir” a la Iglesia Católica española que promueva la realización de un informe sobre los casos de pederastia cometidos en su seno. La pregunta, registrada por la diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere también plantea si el Gobierno de Sánchez considera que el Concordato es un obstáculo para acabar con la opacidad de la Iglesia y “la falta de colaboración de la misma” con la justicia ordinaria en los casos de pederastia.
La Ley del Menor se aprobó en 2015, y en 2018 el obispado de Astorga redactó su procolo contra la pederastia, en el que menciona la Ley del Menor y obliga a los clérigos a comunicar a las autoridades civiles los abusos sexuales que conozcan en su diócesis. Solo otras dos de las 70 diócesis españolas comparten esta obligación.
El grupo parlamentario socialista subrayó ayer martes que siempre ha sostenido que la Iglesia está sometida, en las cuestiones relacionadas con los abusos sexuales, a la misma ley que cualquier ciudadano. El Secretario General del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, declaró ayer martes que el grupo socialista está abierto a debatir si sería preciso colaborar con la Iglesia, como ha sucedido en otros países como Alemania e Irlanda, si deciden elaborar un informe extrajudicial sobre abusos. “Estaríamos hablando de algo similar a la Comisión de la Verdad”, comenta Simancas.
Sobre este tema, fuentes de Ciudadanos declararon que “los delitos sexuales no deben tener un régimen particular o consideración distinta si lo comete un seglar o un religioso”, y los casos de abusos sexuales en España “deben investigarse, perseguirse y condenarse con toda la dureza” de la ley. El Partido Popular, de momento, no se ha pronunciado sobre si tiene pensado proponer alguna iniciativa que regule los casos de abusos sexuales a menores.
Este diario publicó recientemente que la Iglesia católica ha silenciado durante décadas los abusos sexuales en su seno. Y que solo se han instruido en 30 años una treintena de condenas.
