El grupo ‘morado’ plantea un proceso de integración voluntaria por fases y en el que intervengan todos los actores.
Abrir la puerta a los centros concertados que así lo quieran a integrarse en la red de centros educativos públicos. Es la propuesta que Unidas Podemos defenderá este martes en el Congreso de los Diputados y mediante la cual se establecen una serie de fases a seguir en ese proceso de integración. La iniciativa, que presentan los morados en forma de proposición de ley, será sometida a debate en la Cámara Baja, donde los grupos parlamentarios manifestarán su apoyo o rechazo a la toma en consideración.
Según recoge el texto, la propuesta toma como ejemplo el «exitoso precedente» que se sentó en Cataluña con la Ley 14/1983, «que supuso la integración de 71 escuelas privadas en la red de escuelas públicas», gracias a la movilización social impulsada por unas cooperativas educativas para reclamar ese cambio. El objetivo no es otro que el de aumentar el número de alumnos matriculados en la pública. Y es que, según reza el documento, España es, por detrás de Bélgica, el país de la Unión Europea con menos escolarizados en escuelas públicas, estando 22 puntos por debajo de la media comunitaria. En la Educación Primaria, por ejemplo, el 68% del alumnado está escolarizado en la escuela pública, mientras que el 32% lo está en la privada o concertada.
No se trata de la primera vez que Unidas Podemos propone algo parecido. Ya en 2018, la formación morada registró otra iniciativa en la que sugerían modificar la LOMCE (la anterior ley educativa) para facilitar la «integración voluntaria» de los colegios concertados a la red pública. En la proposición de ley actual no entran en detalles, pero sí que urgen a establecer los mecanismos legislativos necesarios para garantizar ese cambio a las escuelas que lo soliciten.
¿Cómo? Pues bien, la proposición plantea que los colegios de Infantil, Primaria y Secundaria concertados puedan integrarse en la red pública a través de un proceso de convocatoria. Se haría mediante un convenio entre el propio Ministerio de Educación, las consejerías correspondientes, los ayuntamientos y los titulares del centro educativo.
Así, el titular del centro educativo (el propietario del colegio) deberá solicitar su voluntad de integrarse en la red pública, «previo acuerdo del Consejo Escolar, especialmente de las familias, el Ayuntamiento y el claustro del centro» y aportando una serie de documentación: la situación jurídica del terreno y del edificio, un informe que acredite la situación económica, la memoria de las actividades que se realiza en el centro, los alumnos escolarizados en todos los cursos, y el personal contratado, ya sean docentes o de administración y servicios.
Toda la información será analizada por una comisión creada expresamente para esta labor y encargada también de aprobar un calendario de integración del centro en cuestión. Una vez dado el visto bueno, se firmará un convenio individualizado que habrá desarrollado el gobierno autonómico y que deberá hacer referencia, como mínimo, a las deudas de la gestión, la fecha de integración y un protocolo laboral «acordado con la plantilla y la representación legal de los trabajadores».
La proposición de ley fija, además, que para la adquisición o alquiler del centro en cuestión, el Ministerio de Educación deberá destinar una «línea de colaboración económica sin costes adicionales» para la administración en cuestión. Asimismo, establece que ese proceso de integración «en ningún caso» supondrá la pérdida del puesto de trabajo de los profesionales que trabajen en el centro educativo. Eso sí, los profesores que trabajen en él tendrán cinco años desde que el colegio pasa a ser público para presentarse a las oposiciones.
