El listado de inmatriculaciones irregulares de la Iglesia y las dudas del Ayuntamiento de La Laguna sobre el modo en que el Obispado de Tenerife procedió a registrar propiedades siguen en la mesa de trabajo del grupo de gobierno. El portavoz de Unidas se Puede, Rubens Ascanio, pide que, aparte de los bienes recogidos en el informe en el que la Iglesia admite haber puesto a su nombre propiedades ajenas, se debe analizar cómo fueron registradas otras. Se refiere el concejal especialmente a espacios públicos e inmuebles construidos de forma colectiva.
Hay que recordar que el lío con los registros de bienes por parte de la Iglesia comienza con una ley de 1998, que le permitió a esta institución religiosa realizar inmatriculaciones (registrar bienes por primera vez) con solo una certificación eclesiástica y, en consecuencia, con un bajo coste económico. Esa coyuntura fue aprovechada por las diócesis de toda España para apuntarse incluso lo que no era suyo, según ha venido a confirmar el citado informe en el que la Conferencia Episcopal Española (CEE) reconoce que un millar de esos bienes eran ajenos.
La relación incluía casos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aunque con posterioridad el Obispado negó en un comunicado que hubiese registrado a su nombre propiedades ajenas y que estas figuraban en el documento de la CEE por un «lamentable error». Después de aquello, el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó estudiar los bienes inmatriculados en el municipio. El texto también establecía la contratación de un informe jurídico y técnico «que sirva para colaborar en la restitución de estos bienes a sus legítimos propietarios y recuperar los de dominio público que pudieran estar en este caso, como plazas públicas o edificaciones de uso comunal promovidas por los vecinos».
Ascanio destaca los casos de las plazas de la Catedral y de la iglesia de La Concepción
Más allá del listado de la CEE, Rubens Ascanio señala que existen «plazas importantes» de La Laguna cuyos casos deben ser analizado. «La de Tejina, la de la Catedral o la de la iglesia de La Concepción también fueron incluidas en algún momento entre los bienes inmatriculados por el Obispado», expresó el edil, antes de referirse a que algunos de esos enclaves son «espacios públicos de referencia del municipio» y a que cuentan con servicios públicos como el de jardinería.
«Lo más llamativo son, sobre todo, puntos que tienen un claro carácter público, como por ejemplo la plaza de Guamasa, que es una de las que aparecen dentro del listado», resaltó, antes de poner de relieve otra casuística: «Están esos edificios parroquiales que en su momento fueron construidos, donados por particulares… Incluso, muchas veces los propios vecinos eran los que realizaban la construcción en su tiempo libre, los fines de semana… Los materiales también los solían poner ellos a través de donativos. Habría que clarificar qué categoría y qué tipo de realidad sería. Hay que ver si es una edificación que en su momento se pensó como un espacio comunal, compartido y, por tanto, público, o bien privado, privativo de la Iglesia», prosiguió. En función de un escenario u otro se estaría hablando de «si es una inscripción regular o si debería ser modificada».
El portavoz de Unidas apuntó que «lo razonable» es que tanto el Consistorio lagunero como el Obispado «se sienten y se busque la manera de resolver todas las posibles situaciones que hay donde la propia Conferencia Episcopal reconoce que no hubo un procedimiento del todo claro».
Colaboración municipal
«Si necesitan la ayuda y la colaboración del Ayuntamiento a la hora de si hay alguna demanda o alguna duda con respecto a la titularidad del bien, también recibirán ese acompañamiento», dijo en dirección al Obispado de Tenerife. «Es interesante y ahí seguimos la estela de muchos otros municipios de todo color político», indicó, antes de apostillar: «No es simplemente en un sentido ideológico o en el otro; hay muchísimos consistorios de distinto color político que están colaborando a la hora de identificar o clarificar la titularidad de los bienes que fueron inmatriculados de forma incorrecta por parte de los distintos obispados o de otras entidades religiosas».
En la misma línea, el líder de Unidas se Puede manifestó que hay «muchísimos municipios donde este tipo de situaciones han saltado a lo largo y ancho del Estado», y agregó: «Estamos hablando de decenas de miles de inmuebles, terrenos, fincas de todo tipo…, no solamente de edificios religiosos».
