De todos es sabido cómo la cuestión de las órdenes religiosas se convirtió en un asunto de intenso debate en la España de la segunda década del siglo XX. Recordemos, en este sentido, los intentos de Canalejas, fallidos, todo hay que decirlo, de limitar su número y poder, y recordemos en ese contexto la famosa Ley del Candado.
En 1910 contamos con una visión sobre las órdenes religiosas de Benito Luna (1880-1937), un abogado malagueño, colaborador de las distintas publicaciones socialistas como La Lucha de Clases, Acción Socialista y Vida Socialista, además de ser concejal del Ayuntamiento de Campillos, de donde era natural, y diputado por Málaga-provincia en 1933, para ser fusilado en marzo de 1937.
Luna afirmaba en un artículo en Vida Socialista del mes de julio de ese año de 1910 que a ningún ciudadano que se preciara como tal podía no interesarle que las órdenes religiosas estuvieran exentas de los deberes que todos los ciudadanos estaban obligados a cumplir, porque se estaría hablando de un privilegio. Ningún ciudadano podía permanecer impasible ante el hecho de se les exigiese para poder ejercitar los derechos de reunión y manifestación que pidieran permiso a la autoridad gubernativa o lo pusieran en conocimiento de la misma con antelación, mientras que otros pudieran manifestarse y reunirse sin necesidad de trámite alguno, por el mero hecho de “disfrazar esos actos con el ropaje de una religión impuesta contra la opinión, en parte de los ciudadanos”, en alusión, seguramente, a las procesiones y actos públicos religiosos. Ningún ciudadano, en tercer lugar, podría ver con frialdad que las Sociedades de todo género fuesen fiscalizadas por el Estado y, en cambio, las órdenes religiosas pudieran establecerse sin inspección por parte de los poderes públicos (Luna iba más allá porque llegaba a cuestionar la licitud de estas organizaciones religiosas porque atentarían contra la libertad del hombre).
El artículo de Luna quería demostrar que no era verdad que al pueblo solamente le interesaba la cuestión de las subsistencias, como afirmaba la jerarquía eclesiástica. No se podía concebir que al pueblo español no le interesaran los derechos políticos o que fuera indiferente al ejercicio de sus libertades.
Pero era la cuestión económica la que más parecía importar a Luna, un poco en la línea de la crítica que siempre hizo el socialismo español a la Iglesia como institución al servicio del capitalismo y la explotación, y no sólo como contraria a la tolerancia y el librepensamiento. El anticlericalismo socialista siempre tuvo un componente económico fundamental que no tuvo el de otras organizaciones, partidos o colectivos contrarios al poder de la Iglesia en la sociedad y el Estado en España.
Luna recordaba que todos los patronos tenían que pagar por sus industrias, es decir, su matrícula, pero los frailes estaban exentos de pagar subsidios. Podían vender ventajosamente y competir de esa manera con los demás industriales. Estarían, en consecuencia, a la misma altura que los “matuteros”. Se preguntaba si también a los fabricantes y empresarios no les importaba nada las órdenes religiosas con sus privilegios fiscales, o a los obreros que ante la competencia desleal podían ver peligrar sus puestos de trabajo al caer los beneficios de las empresas donde trabajaban. En este sentido, Luna recordaba como en los conventos femeninos se confeccionaba mucha de la ropa blanca que se consumía en España. Eran centros de producción sin presión fiscal y con una mano de obra femenina extremadamente barata.
Hemos trabajado con el número 28 del diez de julio de 1910 de Vida Socialista.
