El municipio de La Laguna rechazó la petición, basada en las acusaciones de encubrimiento contra Bernardo Álvarez, y finalmente aprobó solo una moción de solidaridad con los afectados
Cuando Ciro M. contó este jueves su historia de abusos durante el pleno municipal de San Cristóbal de la Laguna, sus palabras cayeron como una losa sobre los asistentes. Era la primera vez que un denunciante de pederastia en la Iglesia católica intervenía en una sesión de un ayuntamiento español para denunciar que un cura le agredió sexualmente, un caso ya prescrito, y acusar a dos obispos de la diócesis canaria de tapar el caso e incluso trasladar al agresor de parroquia. “Ojalá fuera posible reiniciar la vida y el cerebro para así eliminar el sufrimiento que [las víctimas de abusos en la Iglesia] han llevado consigo todos estos años”, reflexionó.
Ha sido también la primera vez que un ciudadano ha exigido a sus concejales que se pronuncien sobre estos delitos y, concretamente, les reclamó que pidieran el cese del actual obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez. El pleno se reunió ayer jueves para votar, entre otras cuestiones, una moción en esa línea presentada por Unidas Se Puede para que el ayuntamiento, con alcalde del PSOE, instase “al cese del obispo de la diócesis Nivariense y al rechazo de cualquier abuso contra la población infantil”.
Ciro M., cuyo caso fue publicado por EL PAIS este verano, asegura que el actual obispo encubrió al sacerdote C. H. G., párroco de Tejina, a quien acusa de abusar de él en los años noventa. “¿Qué es necesario para que este pleno condene sin ningún tipo de tibieza, por supuesto al sacerdote que cometió estas atrocidades, pero de manera similar, a quienes no pusieron remedio a tal tropelía?”, preguntó Ciro en su discurso. La moción no prosperó por la oposición de todos los demás grupos, que argumentaron falta de competencia para abordar la cuestión, y el pleno solo aprobó una sustitutiva de carácter general para solidarizarse con las víctimas de abusos.
Ciro M. escribió a EL PAÍS en 2018 para contar su historia. Era uno de los más de mil mensajes que han llegado al correo electrónico de denuncia abierto entonces por este diario. Su caso finalmente fue publicado el pasado mes de agosto, en un reportaje sobre el encubrimiento de la pederastia en la Iglesia que señalaba cómo hasta 39 obispos son sospechosos en España de haber tapado o silenciado denuncias. Uno de esos casos era el suyo. Acusaba al cura C. H. G. de haber abusado de él entre 1997 y 2003 cuando era párroco de Tejina. Pero también acusaba de haber encubierto el caso al que era entonces obispo de Tenerife, Felipe Fernández, y a su sucesor en 2005, Bernardo Álvarez, que aún sigue en el cargo y antes había sido vicario general.
La familia de Ciro M. denunció los abusos en el obispado en 2004, pero la respuesta se limitó a un traslado del sacerdote a otro lugar. Además el denunciante tuvo que soportar burlas y humillaciones de algunos feligreses de su parroquia, que en parte se pusieron del lado del sacerdote, defendiendo su inocencia. La diócesis no actuó hasta 2014, y solo a raíz de una nueva denuncia de Ciro, cuando ya mayor de edad. Se abrió un proceso canónico contra el cura, pero se paralizó porque el acusado dejó el sacerdocio. A raíz de la noticia, la Cadena SER encontró este verano otros dos testimonios de personas que acusaban al mismo sacerdote y denunciaban abusos ya en los años setenta. De este modo aumentó la repercusión del caso en la isla, hasta llegar al ayuntamiento de La Laguna.
Ha sido la primera moción presentada por un partido político en un peno municipal para pedir el cese de un obispo. “Señoras y señores concejales, hoy podrán escribir una página en la historia de este municipio. Apoyando esta moción, lo colocarán en la vanguardia de la reparación a las víctimas por agresiones sexuales en el catolicismo. Y supondrá reconocer su dolor”, explicó la víctima. Pese a expresar aflicción al escuchar su relato, PSOE, PP, Coalición Canaria, Ciudadanos y Avante La Laguna, decidieron no apoyar la moción y proponer una enmienda de sustitución en la que simplemente el ayuntamiento muestra su solidaridad con las familias de las víctimas de los abusos en general, sin condenar el encubrimiento del caso concreto de Ciro y sin reclamar a las autoridades eclesiásticas la reprobación de Álvarez. Coalición Canaria pidió incluir en esa enmienda la creación de una oficina municipal de atención y apoyo víctimas de abusos sexuales.
En este punto, de nada sirvieron las reclamaciones de Ciro M. antes de la votación: “Pedir que lo jubilen no es lapidarlo ni condenarlo al ostracismo”. De cualquier forma, el paso inédito de Ciro M. para dar su testimonio en un pleno supone un avance para que las instituciones públicas comiencen a debatir y tratar los abusos sexuales a menores y su encubrimiento.
Una realidad que todavía muchas víctimas, como contaba Ciro M. en el consistorio lagunero, siguen sufriendo a pesar de haber pasado décadas del suceso. “Los actos del pasado tienen vigencia, aunque hayan sucedido décadas atrás. Esto es así porque el dolor de las víctimas no prescribe y porque las heridas necesitan cicatrizar. De hecho, en ausencia de justicia penal, iniciativas como la de hoy son de gran ayuda para reparar el daño, para que las víctimas puedan pasar página y recuperen su dignidad y reputación”, explicó.
El actual obispo de Tenerife es también conocido por las declaraciones polémicas que hizo durante una entrevista en un diario local en 2007 sobre la pederastia: “Puede haber menores que sí lo consientan y, de hecho, los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan. Esto de la sexualidad es algo más complejo de lo que parece”. El pasado mes de febrero la Fiscalía Superior de Canarias llamó a este obispo para declarar por sus comentarios contra la comunidad LGTBI, en los que afirmaba que la homosexualidad es “un pecado mortal”. Palabras por las que Álvarez tuvo que pedir perdón públicamente.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, escríbanos a abusosamerica@elpais.es.
