La carta, suscrita por un millar de docentes, insta a proteger la neutralidad ante el artículo que permitirá a este órgano analizar y debatir «temáticas de actualidad»
Un total de 31 docentes de la Universidad de Granada (UGR) han suscrito la carta «por la neutralidad ideológica de nuestras universidades» que ha sido firmada por un millar de profesores y que va dirigida a senadores y diputados de las Cortes Generales. Entre los que apoyan el manifiesto por parte de la Universidad de Granada destaca el número de docentes del área de Derecho.
Los firmantes recuerdan que «la función de los órganos universitarios de gobierno y representación no puede ser la de definir y promover una determinada línea ideológica o la de establecer un pensamiento oficial o institucional de la Universidad, sino la de garantizar el libre debate de las ideas entre todos sus integrantes». Este razonamiento se dirige hacia uno de los artículos de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobada recientemente por el Congreso y que ahora se debatirá en el Senado. El artículo en cuestión, incorporado tras tres enmiendas de Bildu y republicanos según recuerda el manifiesto promovido por Universitaris per la Convivencia, permitirá a los claustros analizar y debatir «temáticas de actualidad» y llega tras varias decisiones judiciales que anularon pronunciamientos políticos de claustros de universidades catalanas que se posicionaron sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña.
«Las universidades públicas están sometidas al deber constitucional de neutralidad ideológica, que la libertad de expresión es un derecho individual, y que la autonomía universitaria tiene un carácter instrumental, puesto que se constituye exclusivamente como garantía de la libertad de cátedra«, señala el texto firmado por la treintena de profesores de la UGR, entre los que hay catedráticos e incluso eméritos.
«Cabe recordar también que el claustro no es un órgano de representación política, sino académica. Los claustrales, elegidos mediante un sistema de voto ponderado, y muchos de ellos miembros natos en función de los cargos que ocupan, no están legitimados para articular una voluntad política colectiva, so pena de vulnerar el esencial principio democrático de la representación igualitaria, en este caso de todos los miembros de la comunidad académica», apostilla el manifiesto, que añade que «la función de los órganos universitarios de gobierno y representación no puede ser la de definir y promover una determinada línea ideológica o la de establecer un pensamiento oficial o institucional de la Universidad, sino la de garantizar el libre debate de las ideas entre todos sus integrantes».
Así, los firmantes piden que se suprima el artículo en cuestión de la ley de Universidades «puesto que no debe ser función del claustro analizar y debatir (y mucho menos “posicionarse”) sobre cuestiones de índole no académica, y para evitar que pueda ser interpretado de manera que redunde en lesiones de la libertad ideológica, la libertad de expresión y la libertad de cátedra» y que «se incorpore al texto de la LOSU una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación, que no es más que la aplicación a la Universidad del más genérico principio de neutralidad de las administraciones públicas».
«Plasmar con claridad el principio de neutralidad ideológica en la LOSU supondría poner coto (más allá de la evidente protección que nos otorga la Constitución) a las desviaciones de poder que ya se han producido y que podrían volver a producirse en nuestros campus, en perjuicio de la autonomía universitaria, de los derechos que protege y del recto cumplimiento de la misión educativa e investigadora que es propia de la Universidad», aclara la carta, en la que se abunda en que «nuestras universidades serán más plurales y más críticas, y contribuirán mejor a la formación de opinión pública, si se abstienen de pronunciarse institucionalmente».
