Un padre de Córdoba denuncia vulneración del derecho de elección de centro y libertad de pensamiento por asignar a su hija un instituto religioso sin consultarlo. Sindicatos, padres y expertos alertan del creciente trasvase a la concertada.
Enrique Martínez es un nombre ficticio. Su historia no. Es padre de una niña de 12 años y el pasado mayo envió su solicitud para matricularla en la ESO. Expresó claramente sus preferencias: un instituto público del casco antiguo de Córdoba. Como opciones alternativas también señaló dos centros estatales de enseñanza. Sus preferencias estaban meridianamente claras. Semanas después salieron las listas. Su hija había sido asignada a un colegio privado católico concertado. La ley dice que para asignar definitivamente un instituto a un niño es preceptivo pedir previamente autorización a los padres. “A mí no me la pidieron”, asegura Enrique Martínez por teléfono. La resolución se produjo el pasado 26 de mayo. “Si yo solicito un centro público y como segunda opción también señalo centros públicos, la comisión tiene que entender que yo quiero un centro público“, remacha.
