Los vecinos denuncian que las viviendas están abandonadas y en mal estado, y que las subidas del alquiler no respetan la legislación
Mariano Ordaz ha llorado dos veces. Primero, de impotencia, y después, de alivio. Lo ha hecho en el portal de su casa, el número uno de la calle de Carnero, en el barrio de La Latina, a las once de la mañana y delante de unas 20 personas. Todas se habían reunido allí este miércoles para frenar su desahucio, pero no ha hecho falta frenar nada. Poco antes de la hora prevista para el desalojo, el procurador de la comisión judicial que debía ejecutar la orden ha llamado con la buena noticia: Ordaz, de 64 años y en paro, se queda, hasta nuevo aviso, en el piso que le vio nacer. “Que se apiaden, que para algo son la iglesia”, ha dicho antes de saber que no lo iban a echar. Con “la iglesia” se refiere a los propietarios del inmueble, una orden religiosa que posee, al menos, siete bloques más de viviendas y varios locales en el centro de Madrid, y que lleva años alquilando pisos a precios inferiores a los del mercado, con la condición de que los futuros inquilinos reformen parte de la casa por su cuenta. Pero tiene truco. Los vecinos denuncian que las viviendas están abandonadas y en mal estado, y que las subidas del alquiler no respetan la legislación.
Era un secreto a voces. Quien vivía en un piso propiedad de Venerable Orden Tercera de San Francisco (popularmente, VOT), lo sabía, a pesar de que no se publicita en ningún lado. “Nos hemos enterado de que son dueños de más casas por el boca a boca”, cuenta Javier de Ugarte. Vive desde hace nueve años en un ático en la calle Mira el Sol, también en la Latina, y su bloque ― unos 20 pisos ― es propiedad de la orden religiosa. Cuando entró pagaba 700 euros por una vivienda de dos habitaciones, pero a cambio le pidieron que renovara la cocina. Ahora son 900 euros al mes, todavía un poco por debajo de lo que cuestan las casas de características similares en esa zona. En el portal inmobiliario Idealista, los más baratos rondan los 1.200-1.500 euros.
“Pero las condiciones son horribles. No funciona ningún enchufe, las tuberías están llenas de óxido y las paredes de carcoma. Hay goteras, agujeros en el techo, cables rotos, suciedad acumulada y puertas que no cierran”, detalla De Ugarte. Eso y que este otoño le han subido el alquiler más de un 2%, límite que el Gobierno aprobó el pasado marzo para hacer frente a la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania y que se prorrogará hasta el 31 de diciembre.
Él, y al menos otros 10 vecinos que viven en bloques propiedad de la orden, decidieron organizarse y denunciar su situación al Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Hemos presionado y conseguido que se echen para atrás en varias ocasiones, pero es lento porque vamos uno a uno”, cuenta Alberto Martínez, miembro del sindicato. Registran cada nuevo caso y los inquilinos afectados han creado un grupo de WhatsApp para identificar cuántas propiedades tiene la Venerable. Lo han bautizado Afectados por los curas y son unas treinta personas. Por ahora, hay siete bloques de viviendas en la lista, y todas en el barrio de La Latina o zonas próximas.
Los llaman “los curas” porque la Venerable Orden Tercera es una congregación religiosa que en su origen formaba parte de los Franciscanos, pero de quienes más tarde se independizó. En Madrid es conocida por ser dueña del hospital más antiguo de la capital, un centro privado que lleva el nombre de la orden y fue construido en 1697 junto a la Basílica de San Francisco el Grande y declarado Bien de Interés Cultural en 1995. En la recepción no saben nada de los pisos de alquiler. “Eso lo lleva Jose”, dice una de las empleadas. Su nombre se repite entre los vecinos del barrio. “Es quien gestiona el tema de las viviendas”, explica Elena Montero, otra de las inquilinas que ha denunciado una subida en el alquiler.
“Tú hablas con el gestor, no con la orden directamente. Y nunca por teléfono, siempre por correo electrónico”, explica la vecina. En el hospital tampoco facilitan su número, aunque indican que la congregación tiene un local en la calle paralela al centro donde tal vez esté. Es un bajo con dos mesas alargadas y cuatro ordenadores. Hay que tocar el timbre para entrar.
― ¿Eres inquilina?
― No, ¿está Jose?
― Ahora no.
― ¿Y su teléfono?
― No lo tenemos.
Uno de los trabajadores zanja la conversación, por lo que no se puede comprobar la veracidad y extensión de las prácticas de las que acusan a la VOT: “No vamos a hacer declaraciones de los pisos. Ni de nada”.
Montero, que alquiló un piso en la calle de Carnero en diciembre de 2020, dice que la orden siempre trabaja con la misma agencia, salvo si la renta de la vivienda ha pasado de generación en generación, como ocurre en el caso de Mariano Ordaz. La inmobiliaria que menciona la vecina está cerca de la plaza Mayor, y un empleado explica que desde hace más de 10 años trabajan en exclusiva con la congregación para alquilar las viviendas del distrito Centro. No saben con certeza cuántas tienen, pero sí que normalmente hay dos o tres listas para anunciar, y que la mayoría son suyas por herencia, de personas que les han legado la propiedad. También son los dueños de numerosos locales de antigüedades en la calle de la Ribera de Curtidores, una de las zonas más emblemáticas del Rastro.
“Siempre son un poco más baratas, pero te comprometes a reformarlo. Y no tienes que pagar honorarios a la inmobiliaria”, relata Montero. En su caso, la bañera estaba desconchada y la tuvieron que arreglar. Empezó pagando algo menos de 1.000 euros y ahora, con los gastos incluidos, casi llega a los 1.100 al mes: “Me tengo que pelear por todo y son muy bordes en el trato. Hacen perrerías. La portera ha estado de excedencia 4 meses y han seguido cobrando sus servicios”. La última pelea ha sido la del alquiler.
El pasado julio, recibió una carta de la orden religiosa en la que le comunicaban que iban a subir el precio de la renta un 4,05%, de acuerdo al Índice de Garantía de Competitividad (IGC), 41,59 euros más. Este índice es una tasa de revisión de precios que el INE publica desde 2015 y que se utiliza para actualizar los alquileres desde la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy. Además, tiene una peculiaridad: la ley establece que siempre debe estar entre el 0% y el 2%, por lo que este último valor se ha convertido en el máximo que puede subirse un alquiler con cada renovación anual del contrato.
Montero pagó de más en septiembre y octubre, y decidió ponerse en contacto con la Venerable para reclamar una bajada de precio. La orden rechazó su petición, y la vecina acudió al Sindicato de Inquilinas. Después de mucho presionar, a finales del mes pasado la congregación accedió, aunque indicaron que “no compartían” la limitación al precio que proponía la inquilina. “En evitación de controversias y dada la temporalidad de la aplicación de la norma citada, aceptamos fijar la actualización en el porcentaje del 2%”, recogía la misiva.
“Las instalaciones, la subida del alquiler… Están haciendo lo que les da la gana, sabiendo que la gente que vive dentro son jóvenes o familias. Y el trato que tienen, es un ambiente muy hostil”, critica otra inquilina, que prefiere no decir su nombre. Impresiones similares se repiten entre los vecinos: “Fugas de agua y humedades por todas partes”, “las luces de las zonas comunes no funcionan”, “el ascensor está estropeado”, “si viniera una inspección se les caía el pelo”.
Chispea, pero el cielo está azul. Hay una nube sobre la calle de Carnero que parece no querer irse. Las tiendas de antigüedades ya han abierto y dos zapatos de hombre, negros y ajados, descansan en el buzón para publicidad. “Puedes respirar aliviado, hoy te quedas”, le dice un vecino a Mariano Ordaz.
