Por primera vez una mujer demandó judicialmente a la Conferencia de Obispos de Estados Unidos por su imposición del dogma antiabortista por sobre la salud de los pacientes.
La mujer, Tamesha Means, estaba embarazada de 18 semanas cuando sufrió una ruptura prematura de membranas y recurrió de urgencia a Mercy Health Partners, un establecimiento sanitario que se identifica como católico. El embarazo estaba virtualmente perdido y Means sufría un terrible dolor, pero los médicos, en cumplimiento de las directivas de la Iglesia, se negaron a provocarle un aborto. Volvió más tarde y fue rechazada nuevamente. La tercera vez, ya con una infección y mientras en el hospital se preparaban para enviarla a su casa nuevamente, Means abortó espontáneamente; sólo entonces le dieron la atención debida. El hospital no se negó a realizar un aborto: ni siquiera se lo mencionaron.
No se trató de un caso de objeción de conciencia. Si la legislación lo permite (puesto que no es un derecho sino una excepción) un profesional médico puede negarse a realizar un aborto, pero debe informar a la paciente para permitirle que busque a otro profesional que sí lo haga. En el contexto de una institución de salud, la misma es responsable de contar con un profesional que esté dispuesto a hacerlo, o de derivar a la paciente a otro hospital.
Pero aquí no se ofreció información ni alternativas. El hospital Mercy Health Partners es católico, frase un poco absurda (¿cómo puede tener fe religiosa una institución, cuando la fe es un asunto personal?) que se resume en que las leyes y la ética normales no se aplican, sino las directivas de un grupo de hombres célibes sin conocimiento alguno del tema, elegidos a dedo por un monarca absolutista extranjero. Las Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios Católicos de Cuidado de la Salud, documento de los obispos estadounidenses que “sus” hospitales deben respetar, prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia. Esto incluye, aunque no lo dice específicamente, el riesgo de vida de la mujer embarazada.
Una vez más queda probado que los hospitales católicos no son seguros para las mujeres, y que permitir que las leyes cedan lugar a la doctrina religiosa en la vida pública es una claudicación inadmisible por parte de los legisladores.
