Jesús Sanz Montes ha vendido dos inmuebles y un colegio que la asociación conservadora Lumen Dei, que ha denunciado la operación inmobiliaria ante la justicia, reclama como suyos
El Vaticano intervino Lumen Dei en 2009 por denuncias de “abuso de autoridad” y “una oscura gestión económica”, creó Unión Lumen Dei y nombró al arzobispo de Oviedo como gestor de esa nueva rama
La denuncia también incluye al obispo de Cuenca, por asegurar ante notario que ambas asociaciones eran la misma
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha sido acusado de sustraer doce millones de euros de una asociación eclesial. Así consta en la denuncia que la Asociación Lumen Dei ha presentado en los juzgados de Madrid el 7 de octubre, y en la que demanda a Sanz Montes y al obispo de Cuenca, José María Yanguas.
En dicha demanda, los afectados afirman que Sanz Montes ha procedido a varias ventas “absolutamente fraudulentas” de los siguientes inmuebles: el Colegio Saint Mary of Fatima de Pozuelo, cuya venta ha supuesto unos 6 millones de euros; un inmueble en la calle Maestro Ripoll de Madrid, por un montante de 3,5 millones de euros; y otro en la calle Xuclá de Barcelona, por 3 millones de euros. Junto a la denuncia se adjuntan las escrituras de compraventa.
Además, “utilizando el poder notarial que altera su nombramiento, el denunciado Sr. Sanz ha intervenido las cuentas bancarias de las que es titular la Asociación Lumen Dei, apoderándose de cantidades superiores a 250.000 euros que había en las mismas y colocándose el propio demandado como autorizado de las citadas cuentas bancarias”, prosigue la denuncia.
Sanz Montes, uno de los prelados más ultras de España, fue nombrado en 2009 comisario pontificio de Unión Lumen Dei, un grupo eclesial netamente conservador que nacía para poner orden en la ya existente Lumen Dei, ya que habían llegado a la Santa Sede denuncias de “abuso de autoridad” y “una oscura gestión económica”. Sin embargo, en el nombramiento nada se decía de que el arzobispo tomara el control de la matriz Lumen Dei, a la que no se citaba.
Lumen Dei trabaja en colegios de varios países y cuenta (o contaba) con numeroso patrimonio, así como la ONG Fundación Prodein. Los denunciantes, pertenecientes a esta última rama, incluyen en la denuncia al obispo de Cuenca (diócesis en la que estaban inscritas ambas instituciones), por haber firmado ante un notario que las dos asociaciones eran la misma y que, por tanto, Sanz Montes también podía disponer, como comisario pontificio, del patrimonio de todo lo relacionado con Lumen Dei.
Los denunciantes defienden que el nombramiento del Vaticano no afectaba a la asociación privada, al ser un colectivo que se rige por las normas del Estado español, con personalidad jurídica propia. Esta asociación dice contar con “innumerables bienes inmuebles por España a diferencia de la Unión Lumen Dei”. Y son precisamente esas propiedades las que han desatado el enfrentamiento.
Denuncias sobre Lumen Dei
En 2014, el propio Sanz denunciaba el “itinerario confuso y convulsivo” que había tomado la congregación Lumen Dei, con “formaciones rígidas e insuficientes” de sus seminaristas. Ese mismo año, un 90% de los miembros de Lumen Dei se dieron de baja, aunque continuaron trabajando en colegios y obras de la asociación ahora dividida.
En septiembre de este año, Sanz Montes decidió que la Unión Lumen Dei se radicase en Oviedo, momento en que los críticos se han decidido a formalizar la denuncia ante los tribunales. eldiario.es ha intentado obtener la opinión sobre esta polémica del arzobispo de Oviedo, obteniendo el silencio como única respuesta.
“El demandado –se lee en la denuncia– ni es miembro de la Asociación Lumen Dei, ni ha sido elegido presidente general de la misma, ni ha sido nombrado comisario pontificio de la misma, ni es reconocido por los asociados como integrante de la asociación”. Además de lo que ellos entienden como sustracción ilegal de su patrimonio, los miembros de la Asociación Lumen Dei afirman que ha dejado “las cuentas al descubierto”, ha utilizado “donaciones y subvenciones” a la asociación “para fines distintos a los que estaban previstos” o “acarreado deudas con la Seguridad Social por impago” de cuotas de autónomos o la Seguridad Social de algunos de los empleados de la asociación.
