En los años 60, unos 96 pisos de Guadalajara fueron cedidos a la Sociedad de San Vicente de Paúl para que los administrara hasta que las familias a las que habían sido adjudicados los pagasen. Una vez hecho, la entidad debía transferir la propiedad a los adjudicatarios, pero esto nunca ocurrió y ahora amenazan con desahuciar a los que viven allí.
Unas 96 viviendas de protección oficial de Guadalajara fueron cedidas en los años 60 del pasado siglo a la Sociedad de San Vicente de Paúl, una asociación católica, para que las administrara hasta que las familias a las que habían sido adjudicadas terminaran de pagarlas. Una vez abonados los créditos a 30 años otorgados por el entonces Instituto del Crédito para la Reconstrucción Nacional (hoy desaparecido; el BBVA tomó el relevo), la entidad católica debería haber transferido la propiedad a los adjudicatarios. Sin embargo, esto nunca llegó a pasar, y desde hace años esta sociedad busca la manera de desahuciar a las familias que aún viven allí.
Diego, activista de la Plataforma Antidesahucios de Guadalajara, es uno de los afectados. Los abuelos de Diego adquirieron uno de los pisos y lo financiaron durante años, pero nunca llegaron a tener la vivienda en propiedad. Desde la plataforma han denunciado que esta situación pone en riesgo a muchas familias: algunas ya se han ido de las viviendas —a pesar de haberlas pagado— engañadas por la asociación y tras sufrir lo que denominan «mobbing inmobiliario» —cortes de las luces comunitarias o visitas intimidatorias—.
Las viviendas están en el barrio de Alamín, uno de los más degradados de Guadalajara. Diego cuenta a Público que entre los años 1992 y 1996 las familias a las que habían adjudicado las viviendas pagaron las últimas letras de los pisos. Sin embargo, la entidad católica siguió cobrando el «arrendamiento» a los inquilinos y según iban falleciendo, se quedaba con la plena propiedad de esas viviendas.
Algo que, a tenor de la documentación a la que ha tenido acceso Público, parece fuera de ley. En los informes periciales que solicitaron los vecinos y los documentos de las reuniones en las que se acuerdan las condiciones de los contratos de las viviendas se asegura que la finalidad de éstas es la «enajenación». De hecho, también se puede comprobar que se establece un modelo de contrato de adjudicación y amortización de las viviendas y, en documentos del Ministerio de Fomento, se confirma la cédula de calificación definitiva como vivienda de protección oficial así como que la entidad católica no debe retener la propiedad de las viviendas.
A pesar de que no ha contestado a las preguntas sobre estas viviendas, la Sociedad San Vicente de Paul sí hace referencia a ellas en su página web de la siguiente manera: «La SSVPE tiene un proyecto de viviendas sociales que cuenta con 96 pisos en los que acogen a familias en situación de riesgo o exclusión social. Gracias a esta labor, que ya cumple más de 50 años, la Sociedad de San Vicente de Paúl atiende y facilita una vivienda digna a más de 400 personas». Sin embargo, esto vuelve a contradecirse con lo que cuentan los vecinos de Alamín, que afirman que muchas de las viviendas se encuentran «en condiciones totalmente insalubres».
Pobreza y ‘mobbing’ inmobiliario
Otro caso similar al de Diego es el de Mercedes. Los originales adjudicatarios de su vivienda actual fallecieron, y sus hijos cedieron la casa a personas que no tenían recursos, explica la vecina a Público. «Cuando me dieron la casa no había puertas, ni luz ni agua. No había calentador, he tenido plaga de cucarachas, el suelo es el original de los años 60, la puerta de la terraza se caía… y no me han hecho nada más que ponerme las puertas, cambiar el suelo de la cocina, poner la luz, un calentador y pintar. Es un desastre total».
Mercedes cuenta que la entidad le dijo que tenía que pagar hasta 3.000 euros por la reforma, pero ella se niega porque la casa ni siquiera está bien reformada. «Otras casas sí las han arreglado enteras, pero a mí ni siquiera lo han hecho bien, por esto me niego a pagar la cuota o la reforma hasta que al menos esté en condiciones». A partir de tomar esta decisión, Mercedes comenzó a recibir amenazas constantes de juicios y de desahucios hasta con gritos en plena calle. Lo mismo ocurre con el resto de vecinos, a pesar de que la propiedad no debería ser de la sociedad.
Diego también ha sufrido el ‘mobbing’ inmobiliario en su propia piel: «La semana pasada intentaron entrar en mi casa forzándola. Colocan a personas conflictivas en las viviendas, gente que puede hacerte la vida imposible. Además de las comunicaciones escritas instando a los pagos que ellos exigen y las constantes amenazas de desahucio», señala.
¿Por qué hay interés en estos pisos?
No es sólo esto lo que pone en cuestión la plataforma antidesahucios y los vecinos de Guadalajara: también que San Vicente de Paúl administra un «fondo buitre» que es el realmente interesado en estas viviendas. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), la entidad benéfica es la administradora única de la Sociedad fundada en 2010, Bailallier Servicios Generales SL, una empresa con un capital social de 600.000 euros, dedicada según Registro Mercantil a la «adquisición, tenencia, administración, arrendamiento —incluido leasing inmobiliario— y explotación de bienes inmuebles, así como la adquisición, por cuenta propia, de valores mobiliarios».
Además, el apoderado y vicepresidente de la Sociedad San Vicente de Paúl es Juan Manuel Buergo Gómez, empresario que también dirige una de las empresas asociadas a la trama Púnica, TECNIGES S.A., y que también se dedica a la promoción inmobiliaria, según ha podido saber la PAH de Guadalajara con la ayuda de Filtrala.org.
«Con esto nace la sospecha de que haya detrás un pelotazo inmobiliario. Cuando las viviendas se construyeron era un barrio alejado de la ciudad, pero ahora está más cerca del centro y es un terreno que vale mucho más. De ahí viene la hostilidad hacia aquellos que estamos exigiendo que se nos respete el derecho a la adjudicación. Traer a estas viviendas familias que carezcan de derecho alguno sobre las adjudicaciones es hacer mucho más viable ese posible proyecto urbanístico», cuenta Diego.
El desahucio de Diego en manos de los tribunales
Diego ha denunciado esta situación. La entidad quiere desahuciarle, y parece que de momento va ganando en los tribunales. La semana pasada la Audiencia Provincial de Guadalajara emitió una sentencia favorable a la asociación católica: «El martes pasado recibí la sentencia y confirma el desahucio. La Audiencia no entra a valorar las cuestiones de fondo que yo invoco sobre estas viviendas, se basa en cuestiones procesales», explica el activista. Aún así, todavía queda otro recurso por presentar antes de que pueda ser desahuciado.
«El problema de todo esto es la participación de agentes privados en la gestión de viviendas públicas», añade Diego. Y junto a esto, denuncia «la falta de vigilancia por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, que tiene la competencia autonómica sobre este tipo de viviendas desde el año 1984″. Además, Diego hace referencia a otra dificultad añadida a la hora de enfrentar estos desahucios: «Hay cierta unanimidad en la gente en pensar que los bancos engañan, pero no en una sociedad que se presenta como una entidad caritativa y católica y que realiza una labor social»
