Sana tendrá que elegir entre continuar asistiendo a clase junto a sus compañeros en el IES Liceo Caracense de Guadalajara o seguir cubriendo su cabeza con un hiyab, después de que el Consejo Escolar del centro haya ratificado, por unanimidad, la norma que establece que el alumnado no puede asistir a clase con la cabeza tapada.
Esta decisión se ha producido tras la polémica suscitada hace varias semanas, cuando desde el centro se comunicó a esta alumna de 12 años, de padres musulmanes y nacionalidad española, que no puede entrar con el pañuelo puesto en clase.
Desde la dirección del instituto público se advirtió que no podía llevarlo en el aula porque estaba infringiendo las normas de convivencia del centro y avisaron de que, en caso de no hacerlo, podría suspenderse su derecho a asistir a clase durante 15 días.
Una expulsión que no ha llegado a producirse, pero desde el pasado 11 de octubre la menor no entra a clase junto a sus compañeros, al seguir negándose a retirar el pañuelo con el que cubre su cabeza durante las horas lectivas.
De este modo, a la joven no le queda otra opción que cumplir las normas o cambiar de centro, una opción que ya le ha sido ofrecida a la familia.
De nada han servido las movilizaciones y protestas, como la que tenía lugar hace una semana junto al centro, en la que alrededor de un centenar de personas, entre ellas una amplia mayoría de mujeres y niñas musulmanas, portaban carteles contra la discriminación y entonaron consignas como «el velo tapa el pelo, no el cerebro».
Sana Mahir, la madre de la alumna afectada, sostiene que su hija empezó a ponerse el velo «por su propia decisión», y ha asegurado que la familia «está sufriendo mucho porque la niña lleva dos semanas sin asistir a clase», insistiendo en que «este rechazo le hace mucho daño».
Por su parte desde el centro se ha hecho llegar una carta a los alumnos saliendo al paso de un asunto que había trascendido al ámbito público, pese a la vocación del centro de preservar la privacidad de la menor.
Un escrito en el que el centro señala que «se ha tratado de que parezca que existe un conflicto de discriminación religiosa o incluso racista», cuando «muy al contrario» -señalan- «se trata de un conflicto de soberanía democrática, esto es de quién y de cómo se deciden las normas de convivencia, organización y funcionamiento en nuestro instituto», apostillan.
Recuerdan en su escrito que la ley orgánica de Educación establece que los centros de educación pública, en el ejercicio de su autonomía de gestión, elaborarán y aprobarán sus normas de convivencia, organización y funcionamiento «de manera democrática y con la participación de todos los colectivos de la comunidad educativa, profesores, alumnos, familias y trabajadores no docentes, representados en el Consejo Escolar».
«Así es como se ha hecho siempre en nuestro centro, conforme a la ley, porque nadie tiene derecho a cambiar una norma de manera unilateral, esto es, sin contar con el resto de miembros de la comunidad educativa», señalan en el texto.
Por ello, concluyen la carta señalando que el equipo directivo «se ha limitado a cumplir con su obligación que no es otra que velar por el cumplimiento de las normas decididas entre todos; normas que son necesarias para regular la convivencia, organización y funcionamiento del centro donde conviven más de quinientos alumnos de diferentes culturas, religiones y creencias en tolerancia y respeto».
Por su parte, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha afirmado que respeta la autonomía del centro y, por tanto, su decisión y da por concluida la polémica.
