El acusado de un delito contra los sentimientos religiosos avisó al Arzobispado de que iba a tomar posesión de la parcela, propiedad de su padre fallecido
El cambio de cerradura de la ermita María Asunta Al Cielo de Torrent, por parte del propio propietario de la parcela en la que se construyó en 1970 el citado templo, con permiso de la abuela del ahora acusado, podría salirle bien caro a su legítimo heredero. El Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión para este vecino de Torrent por un delito contra los sentimientos religiosos por haber impedido con su acción que los feligreses pudieran celebrar la misa de todos los domingos. Las acusaciones particulares, ejercidas por el párroco como persona física y por la asociación de vecinos El Pantano de Torrent, también aprecian un delito de coacciones.
Por su parte, la defensa del acusado entiende que no hay delito alguno y que su representado informó por burofax al Arzobispado de Valencia comunicándoles su intención de recuperar la posesión de la parcela, propiedad de su padre, quien falleció recientemente. Además, no hay dolo ni un interés en ofender los sentimientos religiosos de los feligreses, cuando él mismo es católico practicante.
La elevada pena a la que se enfrenta responde a que la sección de Delitos de Odio de la Fiscalía de Valencia considera que los hechos son constitutivos de un delito recogido en el artículo 523 del Código Penal, castigado con penas de seis meses a seis años de cárcel. En él se dice que se impondrá dicha pena a aquella persona que, en un lugar destinado al culto, «con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior».
En el juicio, que comenzó ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, el presidente de la asociación de vecinos El Pantano de Torrent y el párroco de la Sagrada Familia de este mismo municipio, que celebraba la Eucaristía todos los domingos a las diez de la mañana en la ermita en cuestión, trataron de hacer ver lo importante que era para los feligreses acudir a misa, y que durante un año no pudieron hacerlo tras el cambio de cerradura que daba acceso a la capilla.
La abuela del acusado cedió el uso de sus terrenos para construir el templo en 1970
No obstante, pese a insistir en que llevaban 50 años celebrando la misa dominical en los terrenos de la familia del acusado de forma ininterrumpida, ambos admitieron que en los meses de invierno, de mediados de diciembre a marzo, la misma cerraba sus puertas y los feligreses acudían a otras parroquias de la zona. De hecho, hay una a escasos tres minutos en coche.
De igual modo, el cambio de cerradura se produjo el 29 de marzo de 2022, cuando el acusado acudió a su parcela junto a un cerrajero, un día que no había misa, y después de que el Arzobispado hubiera sido debidamente informado. A ello se suma que la asociación de vecinos cuenta con un local en la urbanización donde podían haber celebrado la eucaristía.
La familia propietaria de los terrenos, que pagaba el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) desde la construcción de la ermita en 1970 -que además financió la abuela del acusado– había planteado al Arzobispado de Valencia varias opciones, como la venta o alquiler de la parcela, incluso que se hicieran cargo del IBI (que además la Iglesia está exenta) y el pago de una responsabilidad civil ante cualquier percance que pudiera ocurrir allí, donde además se celebraban las fiestas patronales de la urbanización.
La versión del párroco
El párroco, que declaró ayer como testigo, se mostró muy difuso en sus recuerdos. No sabía cuando vio por primera vez la carta en la que el acusado informaba de que iba a cambiar las cerraduras como legítimo propietario y que iba a disponer de todo lo que había en la capilla si no lo sacaban antes. Tampoco recordaba si se les planteó llegar acuerdo por vía civil o que abonaran unos gastos por el uso de la capilla. Y al ser interrogado sobre ¿qué hicieron para solucionar el conflicto por el uso de la capilla? Echó balones fuera llegando a admitir que no lo veían capaz.
«Un compañero de otra parroquia me dijo que le habían ofrecido todo lo que había en la capilla y le pedí que no aceptaran nada», relató el párroco preocupado por el destino de las imágenes religiosas. Cuando un año después, en abril de 2023, un juzgado autorizó la reapertura de la ermita, el párroco destaca que «lo primero que hicimos es ver que estaba la imagen de la Virgen de los Desamparados y le rezamos para que no volviera a pasar algo así».
