Las indemnizaciones fijadas por los "daños morales causados" las deberá pagar sólo el episcopado. Los jueces consideran al Ejecutivo mero "comparsa" en las acciones tan severamente repudiadas, aunque sea la Administración la que las ha ejecutado.
Las nuevas sentencias del TSJC se darán a conocer hoy en Las Palmas y reponen en sus derechos fundamentales a las profesoras Nereida del Pino Díaz Mederos y Araceli del Carmen Gómez Jaén. Es el sexto pleito consecutivo que ganan a sus empleadores, pero el calvario laboral es siempre el mismo desde que en 2001 perdieron el empleo por participar en una huelga legal. Recurrieron, ganaron el pleito, fueron repuestas en el trabajo en ejecución de sentencia, y vuelta a empezar al curso siguiente. Es decir, despido, nuevo pleito, sentencia favorable, ejecución de sentencia y reposición en el empleo, despido al curso siguiente, nuevo pleito…
Así, durante seis años sucesivos. De acuerdo con lo concordado entre España y el Vaticano en 1979 y 1998, los profesores de religión son contratados y pagados por el Estado, pero elegidos para cada curso escolar por los obispos. Éstos sostienen la teoría de que los acuerdos entre ambos Estados les permiten que esa elección -o desalojo- no esté sujeta a norma legal alguna. Por ello vienen despidiendo a centenares de sus docentes por causas como vivir en pecado, casarse por lo civil, irse de copas o, simplemente, porque sí.
Lo que sorprende al Tribunal Superior es que semejante tesis de inmunidad absoluta la sostenga también la Administración. El Gobierno canario ha recurrido todas las sentencias contrarias al episcopado con la tesis de que "el Obispado tiene una facultad libérrima que le permite renovar o no, aunque se vulneren derechos fundamentales".
El subrayado es del TSJC, y ésta su valoración: "Pocas consideraciones merece tamaña barbaridad de argumento, que sorprende que lo emplee una Administración obligada por la Constitución a actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y, por tanto, a la Constitución que en su artículo 10,2º dispone: 'Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados sobre las mismas materias".
Las dos sentencias que hoy se conocerán públicamente añaden, por separado: "No es competencia de la Sala hacer juicios morales o éticos sobre el comportamiento de las partes y acerca de sus actos porque [eso] pertenece a la conciencia de cada uno, sino examinar si éstos son susceptibles de reproche jurídico". Concluye: "La conducta del Obispado que no renueva los contratos a algunos de sus profesores por ejercitar un derecho fundamental, merece un reproche jurídico absoluto, pues atenta directamente contra derechos y libertades que forman parte del núcleo básico y duro de los derechos constitucionales".
Los magistrados Humberto Guadalupe Hernández, María Jesús García Hernández y Eduardo Jesús Ramos Real, que firman las sentencias que hoy se conocerán en su totalidad, concluyen, además, que "la reiteración del comportamiento" de los obispos y del Gobierno canario está encaminada "a la eliminación de los trabajadores conflictivos, con desprecio absoluto de los derechos fundamentales de éstos, vulnerados año tras año pese a la reiteración de pronunciamientos judiciales".
"Me he sacudido el miedo"
Pleitos tengas, y los ganes. La profesora Araceli Gómez Jaén sufre esta maldición. Con el de esta semana, ha ganado seis juicios a los obispos. Pero sigue en paro. No se arrugará si tiene que pleitear una séptima vez. "Me he sacudido el miedo. No viviré de rodillas", dijo a EL PAÍS. Vive en Telde, es madre de tres hijos y fue entre 1994 a 2001 docente de religión ejemplar, incluso con distinción oficial eclesiástica.
El caso de Nereida del Pino, 36 años, casada y residente en Gáldar, a 22 kilómetros de Las Palmas, es otra letanía de despidos y pleitos ganados. Seis, también. Ahora trabaja en la universidad grancanaria en un empleo que "no tiene nada que ver con la docencia". Pero no cejará en su empeño de pedir amparo a la justicia si los obispos persisten en el despido.
La Iglesia católica suma "medio millar o más de pleitos por despidos de sus docentes, y en torno a 100 millones de euros en indemnizaciones", según los sindicatos. Sólo en los juzgados de Canarias se habrán tramitado dos centenares, calcula el abogado Francisco Navarro Sanz. Él mismo lleva defendidos -y ganados- decenas, incluidos los de ahora, todos en Las Palmas.
Los pleitos son por motivos como casarse con un divorciado, "o por pleitear contra el episcopado, o sencillamente porque sí, por ser feo o para colocar en tu lugar a alguien más simpático para el eclesiástico de turno", denuncia Rafael Ramírez, líder de la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT) y de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER). Él mismo ha ganado tres pleitos y 30.000 euros de indemnización por "daños morales".
El varapalo de ahora afecta a los obispos, pero también al Tribunal Constitucional. En juicio sobre la profesora María del Carmen Galayo Macías, despedida "por vivir con un hombre que no era su esposo", el Constitucional, en sentencia redactada por su presidenta, Emilia Casas, rechazó en febrero pasado que los acuerdos España-Vaticano que permiten estos despidos sean inconstitucionales. La enseñanza religiosa "puede implicar un conjunto de exigencias", como que sus docentes destaquen "por su recta doctrina y por el testimonio de vida cristiana", sostuvo.
