La asociación Derecho a Morir Dignamente denuncia que el hombre, con un cáncer terminal, tardó diez días en conseguir un médico de referencia, un trámite que no debe tardar más de 48 horas, y casi un mes en contactar a un facultativo consultor
Antonio Buenavida, de 66 años y enfermo terminal de cáncer, se quitó la vida el 11 de julio. Una decisión tomada, según ha denunciado la organización Derecho a Morir Dignamente (DMD), ante la falta de diligencia de la Junta de Andalucía, a la que había solicitado recibir la eutanasia. La ausencia de protocolos claros de la Administración regional obligó a Buenavida a cambiar el guion que había trazado para sus últimos días de vida. De recibir una muerte digna, en paz, rodeado de los suyos, para poner fin a un sufrimiento insoportable, pasó a hacerlo en soledad, casi clandestinamente, y de manera violenta.
Buenavida empezó a verbalizar en enero a los médicos que le trataban el cáncer de páncreas que quería recibir la eutanasia. Su deterioro en esos meses fue galopante y a principios de junio solicitó que le asignaran un médico responsable —el encargado de coordinar la petición―, explica Eva Camps, portavoz de DMD en Andalucía, que es quien ha informado de su suicidio.
Las médicas que le atendían habitualmente eran objetoras de conciencia y no sabían a quién derivar la petición para encontrar un médico responsable. El paso necesario para arrancar el proceso para la muerte asistida se demoró hasta el 10 de junio, 10 días, cuando no debería tardar más de dos. El mismo viacrucis se repitió para buscar al médico consultor —quien debe hacer una valoración de la petición del caso y emitir un informe―, porque a todos a los que le derivaban eran objetores.
Fue la semana pasada, casi un mes después, cuando tuvo su primera consulta con este profesional, relata Camps. ”Él quería evitar a toda costa que lo sedaran”, cuenta la portavoz. “En una situación de deterioro tan avanzado como el que sufría Buenavida, 10 días de incertidumbre son excesivos para un trámite —buscar un médico responsable― que no debería suponer más de 24 o 48 horas”, denuncia DMD en su comunicado.
El caso de Buenavida no es una excepción en Andalucía, una de las comunidades con menos eutanasias practicadas, 11, de acuerdo con el recuento que realizó EL PAÍS con motivo del primer aniversario de la ley que regula el derecho a morir dignamente en España. Estrella López, de 58 años, escribió una carta a este diario que se publicó el 4 de abril de 2022, el mismo día en que recibió la eutanasia, en la que denunciaba el suplicio por el que le hizo pasar el Servicio Andaluz de Salud para poder cumplir con su deseo de tener una muerte asistida.
“Mis últimas semanas de vida han sido todo lo contrario de la experiencia de paz, sosiego y afectos que imaginé desde el momento de mi decisión”, reconocía en su misiva, en un resumen de la insensibilidad con la que se topó por parte de algunos profesionales sanitarios y de las trabas burocráticas que su firme determinación le hizo superar en sus últimos días.
Terminaba su carta con un deseo: “Espero que mi testimonio ayude a quienes vengan detrás. Buena suerte”. Meses después de su fallecimiento, su marido, Rafa Torrente, quiso revivir en este diario el calvario en el que se convirtió todo el proceso que vivió con Estrella —que en lugar de los 40 días que marca la ley se prolongó cuatro meses―, precisamente para llamar la atención sobre la necesidad de que la Junta de Andalucía desarrollara protocolos que evitaran las dudas y vacilaciones que les mostraron los profesionales que los fueron atendiendo y la indolencia con la que los trataron en el Hospital Virgen del Rocío, cuando le reconocieron finalmente su derecho a morir.
Allí les acotaron las fechas para recibir la eutanasia, sin margen para poder preparar bien su despedida, que, como recordaba Torrente , casi se hizo en la clandestinidad. Estrella jamás ingresó como paciente.
Administración rezagada
Andalucía ha sido de las comunidades que más ha tardado en desarrollar la normativa para poder ejecutar la ley. Fue la única que mantuvo la obligación de confirmar el testamento vital tras la entrada en vigor de la norma, incluso después de que la Comunidad de Madrid retirara ese requisito reconociendo que era un error. Aunque finalmente rectificó.
También fue la última en regular la Comisión de Garantía y Evaluación, encargada de verificar y controlar el cumplimiento de la ley y sus procedimientos. El portavoz en funciones de la Junta, Elías Bendodo, aseguró que en la comunidad “se cumple escrupulosamente” la ley de la eutanasia, pero que la prioridad de su Gobierno eran los cuidados paliativos.
Precisamente, Torrente se refirió en la charla con EL PAÍS al caso de Buenavida. Sabía de sus dificultades y, como su mujer, esperaba que su testimonio le allanara el camino y le evitara “la pesadilla”, que, como él mismo describió, tuvo que vivir Estrella. En el caso de Buenavida los plazos no se sobrepasaron con el exceso del de Estrella, pero, como apunta Camps: “La ley está preparada para acortar los tiempos y evitar los casos de deterioro”. Como el de este sevillano.
Ni los deseos de Estrella ni los de Torrente se han hecho realidad. Buenavida no aguantó más, como apuntan desde DMD, y se quitó la vida. Justo lo que busca evitar la ley que se aprobó hace poco más de un año en España.
