Este escándalo urbanístico en la ciudad castellana, con participación de la Iglesia, «escenifica la unión del poder civil con el poder eclesiástico».
El sacerdote de la diócesis de Valladolid Lino Collazos del Castillo, secretario general de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, declaró el pasado viernes ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid en calidad de imputado como consecuencia de las graves irregularidades urbanísticas relacionadas con dicha fundación. El acto resultó muy breve, pues no estuvieron presentes ni el juez ni el fiscal y el imputado se negó a responder a las preguntas formuladas por el abogado de la acusación particular.
La Fundación Emilio Álvarez Gallego fue creada en 1973 por el sacerdote del mismo nombre. Su objeto inicial fue la ayuda a personas sordomudas y, con posterioridad, fue ampliado a protección y ayuda a todo tipo de minusválidos físicos. Para establecerse y llevar a cabo su labor se nutrió en su inicio de donaciones de terrenos hechas por el Ayuntamiento de Valladolid, que los expropió con ese fin. En ellos se crearon, por ejemplo, escuelas profesionales o salas de tratamiento para personas minusválidas.
Sin embargo, a partir del año 2002 todo cambió en la actividad de la fundación. Un factor clave en la deriva experimentada fue la llegada a Valladolid de Braulio Rodríguez Plaza como arzobispo. Éste había ejercido con anterioridad como obispo en Salamanca y en la capital charra ya se prodigó en negocios urbanísticos con las autoridades políticas de la ciudad y con las principales empresas constructoras, hasta el punto de protagonizar actuaciones que provocaron que la Unesco advirtiera de que si continuaba esa política urbanística agresiva con el patrimonio tendría que retirar a Salamanca la denominación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
En el primer número de Diagonal se relataron algunas de las actuaciones urbanísticas protagonizadas por Braulio Rodríguez Plaza en Salamanca, destacando la venta de la edificabilidad del vuelo de las tumbas del cementerio, dentro de la figura de 'transferencia de edificabilidad', procedimiento especulativo consistente en que los constructores compran suelo barato en los extrarradios y se lo entregan al Ayuntamiento a cambio de que la edificabilidad que les correspondía a esos solares fuese transferida a la zona centro, donde construir es mucho más lucrativo. Asimismo, se agregó a la edificabilidad de las parcelas allí existentes el aumentar las alturas o reducir zonas verdes, de forma que los barrios de la periferia se llenaron de solares sin construir, ya que su edificabilidad se trasladó, y en el centro alcanzó cotas altísimas que sobrepasaban los límites legales de densidad de población.
Como obispo, Braulio Rodríguez Plaza se apuntó a las trasferencias de edificabilidad y 'vendió' el vuelo del cementerio, la supuesta edificabilidad del mismo (teórica, que no real, pues allí no se iba a construir nada; el cementerio quedaba intacto, transfiriéndose la edificabilidad a otro lugar). Por tanto, la operación supuso embolsarse millones de euros a cambio de nada.
Para que todo ello fuese posible, el Ayuntamiento de Salamanca cambió el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permitiendo las transferencias de edificabilidad (que más tarde fueron declaradas ilegales por los juzgados) y recalificando el cementerio, que pasó de ser terreno no edificable a ser considerado terreno edificable. Esto hizo posible la firma del convenio urbanístico de 'venta' con el Obispado. Lo mismo ocurrió con el Campo de Tiro, del que eran accionistas cargos políticos del PP.
Con esa experiencia de tratar con los poderes públicos para cambiar los planes urbanísticos llega Braulio Rodríguez Plaza al Arzobispado de Valladolid. Lo primero que logró fue una segregación de parte de los terrenos del Seminario diocesano, calificados como suelo deportivo (en el lugar se encontraba un campo de fútbol), y como el PGOU no permite construir hacia arriba, pues idea hacerlo hacia abajo: un aparcamiento subterráneo de tres plantas con capacidad para alrededor de 900 plazas. El alcalde, Javier León de la Riva, aprueba el proyecto y se lo adjudica a una empresa, Parkosa, creada días antes, con un capital de tan sólo 10.000 euros.
Con esa experiencia de tratar con los poderes públicos para cambiar los planes urbanísticos llega Braulio Rodríguez Plaza al Arzobispado de Valladolid
Este proyecto proporcionó unos altísimos beneficios (alrededor de 18 millones de euros) tanto al Arzobispado, al vender el subsuelo, como a los promotores, ya que cada plaza de garaje fue vendida por cerca de 29.000 euros al contado, o por algo más de 34.000 si se adquiría con financiación.
Según ha manifestado a Diagonal Ángel Ceballos, histórico dirigente de las asociaciones vecinales de Valladolid, “aproximadamente un tercio de esas plazas de garaje están embargadas, por lo que las mismas y la deuda generada pasarán previsiblemente al “banco malo” y acabará pagándose por todos los ciudadanos”.
Tal como indica Ceballos, “tras hacerse el parking subterráneo en los terrenos del Seminario se ha visto que han dejado hechos cimientos, lo que hace pensar que tienen intención de construir por encima en cuanto puedan cambiar la normativa. De momento está parado, pero seguro que un día lo retomarán y, suponiendo que tenga un mínimo de cuatro plantas, obtendrían un beneficio adicional de 40 millones”.
Respecto a la Fundación Emilio Álvarez Gallego, el Patronato consideró que actualmente las necesidades de las personas minusválidas ya las cubre el Estado, por lo que no es necesaria la labor de la fundación, y planea desmantelarla. Para ello entra en contacto con operadores inmobiliarios y con políticos.
Según consta en documentación entregada en el juzgado, Lino Collazos manifiesta que fue el propio alcalde quien se dirige a la fundación para tratar de la urbanización de los terrenos y locales que ocupa la misma fundación, en pleno centro de Valladolid.
En 2003 se lleva a cabo un estudio de detalle y se modifica de forma irregular el PGOU. La intención es demoler los edificios, reordenar el sector incrementando la edificabilidad y cambiando los usos a residenciales y hoteleros. Incluso una arquitecta municipal informa hasta en cuatro ocasiones en el plazo de tan sólo siete meses de que había serias contradicciones en el planeamiento del estudio de detalles, sin que el Ayuntamiento le hiciera caso.
Irregularidades
La primera actuación fue la venta del subsuelo por 6 millones de euros a la empresa Parkosa (la misma que se había hecho con los terrenos del Seminario), para que construyera otro parking subterráneo, de 454 plazas para automóviles y 28 para motocicletas, y de cuya venta está previsto obtener más de 28 millones de euros. Todo ello amparado en la figura de “aprovechamiento en subsuelo”, creada ad hoc y sin parangón en el ordenamiento jurídico.
La adjudicación se hizo mediante concurso restringido pese a que la normativa exigía que se hiciera mediante concurso abierto, y la venta se hizo sin la preceptiva autorización del Protectorado de Fundaciones, organismo de la Junta de Castilla y León.
La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Valladolid presentó denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), alegando que el subsuelo estaba tasado en más de 14,5 millones de euros, por lo que al venderlo por 6 se estaba provocando una pérdida patrimonial a la Fundación Emilio Álvarez Gallego de más de 8,5 millones de euros, a favor de la empresa Parkosa. Ese perjuicio a la fundación se añade al del valor de los edificios demolidos, sobre 35 millones de euros, por lo que el perjuicio a la fundación ronda los 44 millones de euros. El TSJCyL falló a favor de la federación.
La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Valladolid
presentó denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
El Arzobispo maniobró para hacer dimitir al presidente de esta federación, Luis Alberto Redondo, y presentó recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJCyL, que fue desestimado.
También Julia Álvarez Arregui (sobrina del fundador), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid y la Fiscalía Anticorrupción denunciaron los hechos.
Pese a la negativa del Protectorado de Fundaciones a autorizar la venta del subsuelo, las obras del parking se iniciaron, por lo que el proyecto está en el limbo (hecho el parking pero sin autorización), por lo que ha generado deudas de casi 15 millones de euros con la Caja del Círculo Católico (la Caja de la Iglesia). Ángel Ceballos indica a Diagonal que “si esa deuda acaba en el banco malo, de nuevo la pagaremos todos los ciudadanos”. Además, el Ayuntamiento no ha cobrado ni un solo euro por ningún concepto.
El Protectorado de Fundaciones, pese a no dar autorización, no se ha personado en la causa, habiendo dimitido el alto cargo responsable de este organismo.Y el Ayuntamiento vallisoletano, pese a todas las irregularidades, en su huida hacia delante ha firmado un convenio con la fundación para construir en sus terrenos un complejo hotelero, viviendas y oficinas.
“Si esa deuda acaba en el banco malo, de nuevo la pagaremos todos los ciudadanos”, indica Ángel Ceballos
Ángel Ceballos ha querido resaltar para Diagonal que “son los mismos protagonistas del expolio del aparcamiento del Seminario: el arzobispo, la empresa Parkosa (con Antonio Alberto Pastrana González como administrador único, dándose la circunstancia de que el arquitecto Elesio Gatón Gómez lo es tanto de Parkosa como del Arzobispado), el bufete de abogados Cantalapiedra (hermanos de la concejala Mercedes Cantalapiedra Álvarez, y bufete en el que curiosamente tenía su oficina el perito que realizó la tasación a la baja), y el alcalde como conseguidor. Parkosa es la misma empresa que adquirió un terreno industrial en el Pinar de Antequera y que el Ayuntamiento vallisoletano recalificó como residencial, tras una tala ilegal de árboles”.
Para Ceballos, “este escándalo escenifica la unión del poder civil con el poder eclesiástico" y "se trata de una modificación fraudulenta del PGOU sobre bienes de una fundación que, aunque es de la Iglesia, no puede disponer de ella a su antojo porque se tiene que atener a los objetivos fundacionales, y si no los cumple el Ayuntamiento tendría incluso que exigir la reversión de los terrenos que en su día expropió para donárselos a la fundación, pero debido a esa confluencia de intereses está ocurriendo lo contrario".
Braulio Rodríguez Plaza ostentó el Arzobispado de Valladolid hasta 2009, año en que fue ascendido a arzobispo de Toledo y Primado de España.
Parking del Seminario, en Valladolid.
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