En su sentencia, el juzgado penal número 1 de Barcelona condena al sacerdote, Gregorio S., por un delito de abusos sexuales y le prohíbe acercarse a la víctima durante cuatro años, y le impone el pago de una indemnización de 15.300 euros por las secuelas psíquicas que sufrió la chica.
Al carecer de antecedentes penales, la condena impuesta al párroco no implicará, en principio, su ingreso en prisión. La juez considera probado que la tarde del 14 de junio de 2000, el sacerdote llevó a su parroquia a la víctima y tras realizarle tocamientos se masturbó.
Después, le entregó a la joven una bolsa de aperitivos que había sobrado de una romería celebrada días atrás y le pidió que no contara nada de lo sucedido. La sentencia condena al sacerdote teniendo en cuenta su "inexplicable negativa", en dos ocasiones y alegando motivos de conciencia, a que se le extrajera una muestra de ADN para cotejarla con los restos de semen encontrados en el pantalón que llevaba la víctima la tarde de la violación.
Además, la juez ha valorado la credibilidad de la versión de la víctima, quien prestó declaración asistida por un equipo de psicólogos y, "de forma espontánea", recordó al acusado y lo relacionó con la práctica sexual de que había sido objeto, "mediante expresivos gestos que sólo se explican si obedecen a una experiencia real", según el fallo.
Otros presuntos abusos
Sin embargo, la sentencia no considera acreditado que los abusos sexuales se hubieran producido en más de una ocasión, como pretendía la acusación particular, porque la víctima, que tiene una edad mental de siete años, declaró rotundamente que el episodio referido había ocurrido una sola vez.
El condenado, que en todo momento negó los abusos con rotundidad, fue apartado en junio del año pasado por la Generalitat del puesto que ocupaba como profesor de religión en la escuela Gabriel Castellá de Igualada, tras ser denunciado por varios padres por presuntos abusos sexuales a niñas del centro.
El párroco, que ahora ejerce en Vic (Barcelona), está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 2 de Igualada a raíz de las denuncias por presuntos abusos sexuales presentadas por varios padres de niñas de la escuela en la que impartía religión, aunque, según su defensa, algunos de ellos se retractaron posteriormente.
