Un profesor de 2º de la ESO de un instituto de Baena (Córdoba), el IES Luis Carrillo de Sotomayor, declaró ayer ante un juez después de que la familia de un alumno denunciara al centro educativo por haber proyectado un vídeo de Ana Orantes el pasado 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Las imágenes que escandalizaron a los padres son las de la entrevista que Orantes concedió a Canal Sur en 1997 en la que detalló con crudeza y aplomo las palizas a las que le había sometido su exmarido durante cuarenta años. Casi dos semanas después, este se vengó por la declaración pública de la mujer y la asesinó. El caso sacó la violencia machista del ámbito doméstico y la puso en el plano público y el interés político y social en España. El nombre de Ana Orantes es, desde entonces, un símbolo en la lucha contra el machismo.
«Proponer un vídeo de Ana Orantes, la mujer que fue quemada viva por su marido en 1997 tras realizar una entrevista en televisión y que despertó un amplio movimiento feminista en España, es una actividad que responde a los contenidos de la educación en igualdad y contra la violencia machista, recogida tanto en la normativa, como en las leyes educativas, y sobre las que no pueden decidir los padres del alumnado», subraya Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía. Desde este sindicato se ha criticado «la pasividad de la Consejería de Educación» de la Junta de Andalucía «ante la campaña del PIN Parental» que defiende Vox, que «ha provocado la primera denuncia a un docente» por la participación de su hijo en una actividad conmemorativa del 25-N.
CCOO ha lamentado «este tipo de actuaciones contra el profesorado que, pese a no tener recorrido, responden a la pretensión de la ultraderecha española de intimidar al docente y coartar la educación en los valores democráticos que sustentan a una sociedad avanzada en derechos». Por ello, el sindicato ha exigido a Educación que actúe «ante este tipo de campañas ilegales, que incitan a la vulneración de derechos básicos», y ha instado también el sindicato «a la Fiscalía General del Estado a que dé instrucciones para que este tipo de denuncias no sean admitidas a trámite». Así, según ha señalado el sindicato, «entre sus múltiples propuestas sectarias, la asociación HazteOír está difundiendo un documento que pretende que los padres del alumnado suscriban y entreguen en los centros educativos, para obligar al profesorado a solicitar autorización previa si va a tratar en el aula contenidos relacionados con la igualdad de género o el respeto a la igualdad y la diversidad, entre otros temas».
Según ha señalado la responsable de la Secretaría de Igualdad de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, María Trinidad Montes, «estas denuncias son un primer paso para introducir y normalizar el negacionismo de la igualdad en las aulas», por lo que ha lamentado «el silencio de la Junta de Andalucía ante este ataque ideológico a la igualdad en espacios donde debe primar la libertad y el respeto a las personas». Montes ha recordado que «las familias no pueden decidir sobre los contenidos de la educación en valores del sistema educativo, del mismo modo que, más allá de lo que decidan sus padres, las leyes impiden que un menor pueda trabajar, además de que le protegen ante el maltrato o el abuso y garantizan la adecuada formación en el respeto, la igualdad y contra las violencias, entre ellas la violencia machista».
Desde la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía (Ustea) se ha exigido «la retirada de los acuerdos encaminados a la implantación del PIN Parental». En un comunicado, el sindicato considera «insuficiente» la reacción de Educación apoyando al centro denunciado y ofreciendo asistencia jurídica a los profesores. Así, ha exigido al Ejecutivo andaluz «que dé por extinguidos los acuerdos con Vox sobre el denominado PIN Parental reflejados, tanto en el acuerdo de investidura entre PP y Vox, como en el acuerdo de presupuestos entre PP, Ciudadanos y Vox».
