Hasta el 80% de las diócesis han llegado a tener ganancias mientras reciben fuertes inyecciones de dinero público que llevan a los laicistas a plantear si el modelo de financiación excede o no el compromiso del Estado para garantizar, hace ya más de 40 años, «su adecuado sostenimiento económico»
«¿Es ‘adecuado sostenimiento’ subvencionar a la Iglesia con más recursos de los que necesita para funcionar?», plantea Europa Laica en su análisis sobre la última Memoria de Actividades de la Iglesia, referente al ejercicio de 2018, que ha publicado la Conferencia Episcopal.
La pregunta, que también se han hecho instituciones como el Tribunal de Cuentas, cobra mayor relevancia a la vista de los datos de las últimas tres memorias (2016, 2017 y 2018, las únicas en las que el episcopado desglosa las cuentas consolidadas de las 70 diócesis españolas, que arrojan unas ganancias netas de 55,7 millones de euros en esos tres ejercicios a los que hay que añadir otros 39 de la gestión de la asignación tributaria por el episcopado: suman 94,7, a más de 31 por ejercicio.
Según indican esos documentos, las diócesis españolas tuvieron en esos años unos ingresos de entre 924 y 974 millones de euros y unos gastos de 908 a 954, lo que les proporcionó unas ganancias netas de entre 16 y 20,3.
Algo menos de la cuarta parte de esos fondos (24%) procedía de la asignación tributaria del Estado, es decir, la parte que los contribuyentes le destinan poniendo la ‘X’ en la casilla confesional del IRPF, mientras algo más de un tercio (36%) les llega vía donativos y el resto (40%) de su actividad comercial, económica y financiera.
Las principales partidas de gastos son las de Personal, con 348 millones el último año entre religiosos y seglares, y la conservación de edificios y el funcionamiento, con 271,7, a cierta distancia de las actividades pastorales (220,7) y de una abultada partida (88,9) de «extraordinarios».
Más dinero para Trece TV que para Cáritas
El 80% de las diócesis tuvo superávit en 2017 y el 60% en 2018, indican las memorias, unos resultados para los que resulta fundamental la notable inyección de fondos públicos que reciben cada año procedentes del IRPF: 1.004,8 de los 1.290 millones recibidos por la Conferencia Episcopal entre 2014 y 2018, según sus propias memorias, fueron canalizados hacia los obispados.
El superávit en la gestión de los fondos públicos por el episcopado, para cuya generación llega a destinar más de cuatro millones anuales en publicidad, alcanza los 39 millones en esos tres últimos años.
Eso, al mismo tiempo, ha permitido a la Conferencia inyectar 23,7 millones de euros (nueve en 2016, once en 2017 y 3,7 en 2018) en la deficitaria cadena de televisión Trece TV, una cifra que supera con creces los 18,7 (6,24 anuales) que destina a Cáritas, cuyas principales fuentes de financiación son los donativos y las subvenciones estatales y autonómicas.
El episcopado destina el sobrante de ese superávit, 15,2 millones de euros, a un fondo de reserva, mientras el remanente del conjunto de las diócesis se dedica «a reducción de endeudamiento generado en años anteriores».
«¿Cómo es posible que a los obispos les haya sobrado (…) mientras que por todos lados exprime las arcas públicas en actitud lastimera?», señala el informe de Europa Laica, que plantea si «la existencia de superávits sobrepasa el compromiso adquirido» por el Estado con la Iglesia católica en el mal llamado concordato de 1979, ya que este consistía en «procurar el adecuado sostenimiento económico» de la misma.
Un vacío legal impide calibrar la financiación
«La existencia de superávit podría plantear una posible divergencia entre el compromiso del Estado y las necesidades efectivas» de esa confesión, añade, «lo que significa que podría estar superando las necesidades de financiación».
Tampoco el Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado los ejercicios de 2016 y 2017, tiene respuestas para esa duda, que procede de un vacío legal.
Su informe concluye por una parte que «no ha sido objeto de acuerdo entre el Estado y la Iglesia, o de regulación, el tratamiento de eventuales desajustes (superávits o déficits) entre el importe de la asignación tributaria y las necesidades de financiación» de esta.
Y, por otro lado, añade que la «inconcreción» que supone la ausencia de cualquier acuerdo o norma «que establezca las necesidades de la Iglesia a cuyo ‘adecuado sostenimiento’ colabora el Estado» impide «determinar con precisión la existencia de insuficiencias o excesos de financiación».
