Con esta medida cautelar el lobby ultracatólico impide el cumplimiento de la ley de Memoria tras su denuncia, la cual respalda Vox, que critica la «obsesión laicista y revanchista» del Ayuntamiento y amenaza con recuperar el monolito «cuando gobierne» si se quita.
La retirada de la ‘cruz de los caídos’ de la vía pública en la localidad toledana de Santa Cruz de la Zarza tendrá que esperar. A pesar del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento el pasado mes de diciembre para cumplir con la ley de Memoria Histórica y atender el requerimiento de la Mesa del Senado para retirar este monumento de exaltación del bando franquista, instalado en la localidad al término de la Guerra Civil, un juzgado ha decidido paralizar el proceso y conceder las medidas cautelares solicitadas por Abogados Cristianos.
Así, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Toledo ha admitido a trámite el recurso planteado por este lobby ultracatólico contra el acto del Consistorio santacrucero por el que se aprobaba la retirada del monolito, situado en la confluencia de las calles Juan Cano y Llano, así como su posterior traslado al cementerio municipal, previa eliminación de los símbolos que incumplen con la legislación vigente.
Una iniciativa, cabe recordar, que fue propuesta al pleno por el alcalde del municipio, Tomás Lorenzo Martínez, de Izquierda Unida, en el pleno celebrado el pasado 16 de diciembre tras haber recibido el requerimiento del Senado para dar cumplimiento a lo establecido en la ley de Memoria Histórica, en el que además se pedía el envío de las actas en las que se aprobara la retirada de los símbolos que incumplían la norma. En concreto, el símbolo a retirar sería el emblema preconstitucional con el águila de San Juan que el monolito luce en su base.
Los votos a favor de los siete miembros del equipo de Gobierno, formado por Unidas Podemos y el PSOE, permitían sacar adelante la iniciativa, a la que se opusieron sin embargo los cuatro ediles del PP.
Una oposición que no acepta la decisión adoptada para tratar no solo de dar el obligado cumplimiento a la ley, con la retirada de los símbolos y emblemas de la dictadura, sino también con el objetivo de dar «igualdad de trato» a todas las víctimas.
Es por ello que el Gobierno municipal proponía retirar de la vía pública la cruz franquista, puesto que mantenerla perpetuaría esa «discriminación» de unas víctimas sobre otras, impidiendo así la «reconciliación».
De este modo se consideró que el mejor lugar para recordar a los fallecidos no es otro que el camposanto, en el que también se encuentran un memorial en homenaje a las víctimas de la represión franquista y un monolito en recuerdo de los seis pilotos soviéticos participantes en la contienda y que fueron enterrados en el pueblo.
Por su parte, en el lugar que actualmente ocupa el monolito con simbología franquista, se proponía ubicar un elemento decorativo «dedicado a la paz». En concreto un olivo antiguo, tal y como explicaban desde el Gobierno municipal, «cuyas ramas son el símbolo universal de este derecho y anhelo humano», rodeado de un ajardinamiento que reforzaría su visibilidad y funcionalidad urbana.
Un acuerdo sobre el que sin embargo Abogados Cristianos insiste en señalar que establecía su «derribo», en base a lo cual fundamentan su denuncia, planteada, tal y como indican en la nota de prensa con la que han dado a conocer las medidas cautelares, al haber tenido conocimiento «por los medios de comunicación de que el Ayuntamiento tiene previsto derribar la cruz a corto plazo». Lo cual, indica su presidenta, Polinia Castellanos, les habría hecho acudir a los tribunales «por la vía urgente».
Desde la organización de juristas solicitaban al juez «la paralización del derribo» al considerar que «su demolición causaría daños irreparables en el monumento y sería imposible volver a reconstruirla en caso de sentencia favorable».
Asimismo argumentan que «la decisión de demoler el monumento es puramente ideológica» y que de llevarse a cabo «sería totalmente ilegal y causaría un daño irreparable».
Para Castellanos resulta «llamativo» que en los últimos meses «ayuntamientos gobernados por la izquierda están acelerando sus planes para derribar cruces».
Un contexto en el que considera que con esta acción el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza «lo único que busca es acabar con cualquier símbolo cristiano, tal y como hemos visto en otras localidades gobernadas por los mismos partidos».
Al margen de esto, desde la organización han anunciado que «estudian acciones judiciales» contra el senador de Compromís, Carles Multe, «por su ofensiva contra los símbolos cristianos», porque según indican habría sido él quien «ha instado a este ayuntamiento a derribar la cruz».
Una supuesta «inducción» -a cumplir la ley, por otra parte- que también habrían recibido desde la Cámara Alta otras localidades castellanomanchegas, como Torrubia del Campo en Cuenca o Santa Cruz de Mudela en Ciudad Real, en las cuales los monolitos existentes han sido retirados recientemente.
VOLVERÁ SI GOBIERNA VOX
Una oposición a retirar la cruz franquista que Abogados Cristianos comparte con Vox, cuyo presidente provincial en Toledo, Daniel Arias, cree que detrás de la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza «solo hay una obsesión laicista y una actitud de revanchismo», por lo que acusan al alcalde de «arrastrar a su pueblo a una ruptura de la convivencia para crear un problema donde nunca lo hubo».
Y es que para la formación de extrema derecha el símbolo que se pretende quitar «es un referente de historia, tradición, concordia y reconciliación” que está sufriendo «una ofensiva sistemática de la izquierda contra la libertad religiosa».
Por ello, si finalmente el monolito se retira, «cuando VOX gobierne en el municipio, la cruz volverá a su sitio original».
