El Tribunal de Cuentas ha constatado que la Administración carece de información precisa acerca del destino efectivo de las asignaciones públicas que se transfieren a la Iglesia católica por la declaración del IRPF, según un informe provisional al que ha tenido acceso Europa Laica este viernes.
En el informe sobre la fiscalización de la Asignación Tributaria que la Iglesia católica recibe por la Declaración del IRPF, el Tribunal de Cuentas concluye que al faltar información no se puede distinguir entre lo que la Iglesia destina a actividades confesionales de otras claramente mercantiles.
Ello vulneraría la legislación comunitaria sobre la libre concurrencia y las ayudas de Estado, por ejemplo, según Europa Laica, con lo que ocurre con la aportación del IRPF que se realiza para mantener a 13TV, la Cadena COPE u otras entidades de la Iglesia.
El Tribunal constata, continúa Europa Laica en un comunicado, que la única obligación que tiene la Iglesia católica de justificar sus ingresos públicos (268 millones en 2017) es a través de entregar a la Administración una memoria anual de gastos.
Además, responsabiliza directamente a la Administración de la «desidia» y «falta de control» sobre este asunto, puesto que esa memoria nunca ha sido revisada ni formulada objeción de ningún tipo durante todos estos años.
El Tribunal alerta asimismo, según el comunicado de la organización laicista, de que tampoco existe plan alguno por parte de la Iglesia católica para su autofinanciación, como así se comprometió en esos mismos acuerdos.
En cuanto a las exenciones y beneficios fiscales que disfrutan las confesiones religiosas, el Tribunal constata la ausencia de comprobación segura sobre las mismas.
Por ejemplo, en un análisis del impuesto de Sociedades, la cifra es 187 millones en 2017, aunque el propio Tribunal considera que esta estimación carece de valor cierto por el descontrol existente en la propia Administración con las más de 27.000 entidades religiosas existentes.
El informe censura además la gestión de la Fundación Pluralismo y Convivencia, perteneciente al Ministerio de Justicia, en la gestión de las subvenciones concedidas por esta entidad pública a las confesiones minoritarias (900.000 euros en 2017) al no comprobar el cumplimiento de las obligaciones exigidas por la ley de Subvenciones.
Para Europa Laica, «no existe razón para que el Gobierno progresista PSOE-UP no cumpla con sus promesas electorales y partidarias, y proceda sin más demora, después de más de cuarenta años, a la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede».
