El Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por jueces, fiscales y catedráticos de Derecho Penal de ámbito progresista propone la supresión de los delitos contra los sentimientos religiosos, una reforma de los delitos de provocación al odio y al terrorismo limitándolos a los casos en los que esa incitación sea pública y la despenalización de los delitos de injurias.
El documento Una propuesta alternativa de regulación de los delitos de expresión, presentado este viernes en Madrid, surge tras constatar que las sucesivas reformas del Código Penal han ido ampliando la protección de otros bienes jurídicos en detrimento de la libertad de expresión precisamente en un momento en el que la mayor conflictividad social fruto de la crisis económica ha llevado a muchos ciudadanos a elevar el tono de sus críticas. Según el grupo, la importancia de estas reformas cobra también mayor relevancia ante el uso masivo de redes sociales.
En la presentación, los profesores de Derecho Penal José Antonio Ramos Vázquez (Universidade da Coruña) y Juan Luis Fuentes Osorio (Universidad de Jaén) han alertado de la situación «crítica» en la que se encuentra la libertad de expresión, un derecho fundamental consagrado por la Constitución, y han apostado por establecer límites «precisos» a una intervención penal que, a juicio del Grupo de Estudios de Política Criminal, debe ser «mínima, taxativa y proporcional».
La propuesta pasa, entre otros aspectos, por sacar del Código Penal los delitos contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos al entender que la protección «etérea» de sentimientos globales no debe tener cabida en el Derecho Penal de un Estado social y democrático de derecho. Además, el grupo considera que la colisión de estas conductas con la libertad de expresión hacen «imperiosa» su supresión.
Por otro lado, el documento incluye una propuesta de reforma de los delitos de provocación al odio y al terrorismo limitándolos a los casos en los que esa incitación sea pública y directa y se produzca contra miembros de grupos o asociaciones que habitualmente sean objeto de discriminación.
Este planteamiento excluye, en consecuencia, las expresiones que simplemente fomenten o favorezcan la creación de climas de hostilidad y violencia al entender el grupo que la libertad de expresión, en una sociedad plural y democrática, debe incluir manifestaciones que «ofendan, conmocionen o perturben».
El documento también propone excluir del Código Penal las injurias al considerar que existen medios menos gravosos para resarcir el daño que aquellas puedan causar como, por ejemplo, las acciones civiles en materia de protección del honor.
