Un exsacerdote que llegó a ser coadjutor de la parroquia ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Burgos un escrito en el que denuncia la «inmatriculación fraudulenta» del colegio diocesano de San Pedro y San Felices. En ese mismo documento, fechado el 29 de mayo y al que ha tenido acceso este periódico, reclama que «se haga constar en el listado de propiedades inmatriculadas por la iglesia burgalesa de forma indebida», aunque añade ser consciente de que si en su momento existió delito habría prescrito pues dataría de 1965.
El denunciante es Francisco Martín Angulo, de 81 años de edad, residente en Oviedo desde hace años y que en los años 60 fue uno de los promotores del centro educativo «junto con los vecinos del barrio», relata.
En aquella época, «en un solar baldío de un antiguo cementerio monjil y de eminente dominio del Estado», se levantó un centro social de enseñanza, con semisótano, planta baja y dos alturas, concebido para 240 alumnos de primaria y de Formación Profesional de primer grado, cuyo presupuesto de construcción era de cinco millones de pesetas.
La colaboración del barrio, a través de multitud de ciudadanos y de comerciantes constituidos en ‘Junta de Apostolado Social’ que aportaron lo poco que tenían en aquella época en una zona humilde de la ciudad, permitió hacer realidad aquel centro que fue inaugurado en junio de 1965 por el arzobispo de Burgos, Segundo García de la Sierra. Ese mismo año fue declarado de interés social.
Sin embargo, poco tiempo después, Francisco Martín abandonó el sacerdocio y su puesto en la Junta de Apostolado fue ocupado por quien él califica como un «testaferro del arzobispo», pese a que la propia diócesis había creado la mencionada Junta «con personalidad jurídica suficiente» tal y como figura en la petición de licencia de obras ante el Ayuntamiento de Burgos que el denunciante ha incluido en la documentación trasladada a la Fiscalía.
Dos plantas añadidas. Al edificio posteriormente se le añadieron otras dos plantas hasta alcanzar la configuración de cuatro alturas que presenta actualmente, al final de la calle Santa Ana y junto al parque de San Isidro que hasta hace unos años acogió el circuito de motocross. Fue entonces, siempre según Martín, cuando se procedió a la inmatriculación «perdiendo el dominio sus legítimos dueños, la Junta de Apostolado Social y el Gobierno que lo subvencionó», de forma que «quien le puso la guinda se comió el pastel», apostilla.
El denunciante explica en conversación con este periódico que la financiación del centro en su día fue el fruto, entre otras contribuciones, de campañas solidarias «como la que llamamos ‘del ladrillo’ y gracias a ella tenían su diploma de constructores del centro social muchos comercios del barrio. La carnicería, la botica, la frutería… lo tenían colgado en la pared por haber pagado 50, 100 o 200 pesetas, todos habían puesto dinero».
Por todo ello, y al defender que el centro no fue obra del arzobispado sino de la solidaridad vecinal, Francisco Martín reclama que la propiedad del colegio revierta a la Junta de Apostolado, de la que él sería el último componente con vida, «y yo lo entregaría a la ciudad para que lo gestione a través de la alcaldía, el Consejo de Barrio o los vecinos y que haga con ello lo que quiera, pero para un colegio público y gratuito».
