El informe preceptivo del órgano de gobierno de la judicatura avala en términos generales el anteproyecto de Gallardón y recomienda despenalizar el llamado aborto eugenésico
El poder judicial ha avalado con diez votos a favor el informe de la vocal conservadora que apoya en términos generales la nueva ley sobre el aborto planteada por el ministerio de Justicia. El órgano consultivo recomienda despenalizar el llamado aborto eugenésico -en el supuesto de malformación del feto-, pero apoya en conjunto el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada impulsado por el ministro Alberto Ruiz Gallardón.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha afrontado este debate con una clara división entre sus 21 vocales. De hecho, eran dos los informes que ha tenido que evaluar el órgano. Por un lado, el informe de la conservadora Carmen Llombart, que ha recibido 10 apoyos, 8 votos contrarios y tres abstenciones, y por otro el presentado por la vocal progresista Pilar Sepúlveda.
Según ha declarado a DIAGONAL la abogada Begoña Zabala, de la Comisión navarra por el Derecho al Aborto, el debate planteado en el CGPJ en torno al supuesto de malformación del feto es “superficial” y no tiene en cuenta que “lo que ha hecho el anteproyecto es eliminar de un plumazo las 14 semanas y todo lo que tenía la ley de defensa de los derechos sexuales y reproductivos”. Todo esto, destaca, sin que se haya pronunciado todavía el Tribunal Constitucional y sin que se hayan presentado argumentos sociales y jurídicos relevantes.
La semana pasada el ministro de Justicia negó que el Gobierno haya retrasado la aprobación de la Ley hasta después de las elecciones europeas, y responsabilizó en su lugar al Consejo Fiscal y al CGPJ. Gallardón declaró que ahora dedicará "un tiempo razonable a estudiar las propuestas" que eleven estos órganos consultivos para hacer "las modificaciones o no, de acuerdo con esas propuestas y a la vista de otros informes como el del Comité de Bioética". Con el informe del Consejo de Estado todavía pendiente, la aprobación de la norma podría retrasarse hasta después del verano.
Por cálculo o por coincidencia, lo cierto es que tras haber mantenido un perfil bajo durante la campaña electoral el Gobierno ha iniciado una campaña en defensa de su proyecto de ley. El día 11 la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentaba un informe -apoyado por las autonomías gobernadas por el PP- que negaba los posibles impactos negativos sobre el Sistema Nacional de Salud de la supresión de la ley de plazos. El impacto institucional del informe se vio limitado por el rechazo de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias. Por su parte, Gallardón ha anunciado la celebración de un seminario internacional que reunirá en Madrid entre el 2 y el 3 de julio a parlamentarios afines a las asociaciones antielección.
Diferentes plataformas feministas y por los derechos sexuales y reproductivos preparan movilizaciones para el 28 de septiembre. En las últimas semanas las protestas se han reactivado en diferentes ciudades del Estado.
Reunión del Consejo General del Poder Judicial donde se ha debatido la nueva ley.
Manifestación en diciembre contra la nueva ley.
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