El gobierno local rechaza la petición de Por Tenerife de aplicar el impuesto a todos los inmuebles de la Iglesia católica y de otras confesiones, aunque anuncia que está elaborando un listado de edificios para saber cuáles se dedican al culto, que seguirían exentos de ese tributo, y cuáles no, que podrían acabar pagándolo.
El área de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Santa cruz, que dirige el nacionalista Alberto Bernabé, está elaborando un censo de edificios de la Iglesia católica en la ciudad para determinar cuáles se dedican o no al culto religioso. Dependiendo de esa condición, y según matiza el edil del departamento, existe la opción de exigir el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por aquellas propiedades que no se destinan a las funciones religiosas.
Bernabé, sin embargo, rechazó en la última sesión plenaria local la petición del portavoz de Por Tenerife, José Manuel Corrales, de exigir ese pago con independencia de qué dedicación se les da a las distintas propiedades de la Iglesia católica o de cualquier otra confesión. El concejal del gobierno justificó su negativa en que el actual régimen tributario regula las exenciones a la Iglesia, aparte de que la legislación en esta materia depende solo del Estado.
Bernabé también matizó que habían analizado con detalle el Concordato del Estado con el Vaticano de 1979 y consultado al Consejo de Tributos. Eso sí, matizó que la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) ha dado libertad a los ayuntamientos sobre esta materia, sin posicionarse a favor de cobrar o no, tal y como el PSOE a escala nacional sí ha sugerido.
Aparte de resaltar la labor social de la Iglesia católica y de advertir de los riesgos de cambiar algunas cuestiones en los actuales momentos de crisis, Bernabé sí insistió en que se ha de cambiar la ley estatal para que estos cobros puedan ejecutarse de forma generalizada. De todos modos, defendió la elaboración del censo y matizó también que la ley sí exige ahora que se cobre por aquellos inmuebles que propician beneficios a sus propietarios.
Desde el PP, el concejal Carlos Garcinuño indicó que la propuesta de Por Tenerife "no va a ningún lado" y subrayó que existe "un largo listado de exenciones del IBI, como la de inmuebles públicos, bibliotecas, Cruz Roja, centros docentes, SGAE, fundaciones, partidos, aunque el PP sí paga aquí, sindicatos…". Además, indicó que, a gran escala, se cobraría muy poco por este concepto y se pondría en riesgo buena parte de la labor social de la Iglesia.
En claro contraste, Corrales recalcó que "no se trata de una cuestión ideológica, ya que, por ejemplo, yo soy creyente y mi primera afiliación fue en la Juventud Católica Obrera". En este sentido, no entendió la postura del gobierno "porque fue el propio Rubalcaba el que ha promovido esto a escala estatal. No queremos que pague el IBI Cáritas, pero sí que los bienes inmuebles de la Iglesia, como un templo, no queden exentos de pagarlo". Corrales también subrayó que el gobierno central ha indicado que deben ser los ayuntamientos los que resuelvan esto, por lo que no entiende la postura del consistorio capitalino, más allá de que se esté elaborando un censo de inmuebles para saber si se destinan o no al culto.
Su propuesta contó con el apoyo de SSP, que ya planteó algo similar en la última comisión de control al gobierno. Guillermo Guigou (Ciudadanos) optó por abstenerse.
