Un año del plan de reparación de la Iglesia: las víctimas padecen diferencias de trato y sentimiento de abandono

Los obispos presumen de sus medidas para los afectados por la pederastia clerical que en doce meses ha revisado 81 solicitudes de atención y resuelto 24 casos. Otros 7 están en estudio. La mayor parte de las víctimas critica la falta de empatía, la revictimización y la ausencia de participación de los supervivientes

Una gota en el océano de la pederastia clerical. En un año, el plan de reparación a víctimas de la Iglesia católica ha recibido 81 solicitudes de atención, de las que la comisión nombrada para gestionarlas (y en la que las víctimas no tienen voz ni voto) ha solicitado 50 expedientes, resolviendo 24 casos. Otros siete están en estudio.

Son las cifras de balance tras 12 meses del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA) –cuyo borrador fue adelantado por elDiario.es– que fue aprobado por unanimidad en una asamblea plenaria extraordinaria, celebrada el 9 de julio de 2024, y que, desde entonces, marca el camino de las reparaciones de víctimas de abusos (en caso de los procesos prescritos) tanto para las diócesis como las congregaciones religiosas.

Una vez llegado este aniversario, la mayoría de las víctimas siguen sintiéndose desamparadas y, en muchos casos, “revictimizadas” al tener que volver a resucitar, negociar, y casi rogar, una reparación que, en la mayoría de los casos, se está centrando en lo económico, pero que dista de esa “reparación integral” que pregonaba el plan PRIVA. Y con muchas víctimas abandonadas.

PRIVA debía ser paso adelante para cubrir un hueco que históricamente había dejado la Iglesia católica, que en cuatro años, y especialmente gracias a la presión de los supervivientes y de los medios, pasó de decir que había “pocos casos o ninguno” (como señaló el hoy presidente de la CEE, Luis Argüello) a anunciar una auditoría independiente, encargada al bufete Cremades, que año y medio después de su entrega sigue enterrada en un cajón.

Algunas diócesis (por el momento solo Bilbao y Madrid) han organizado actos públicos de reparación, pero la Iglesia ha llegado a asegurar que su trabajo era “un ejemplo” no solo para el resto de episcopados de Europa, sino para la propia sociedad. A lo largo de este año, los obispos han disputado una peculiar carrera con el Gobierno para ver quién reparaba más y mejor, aunque ni el Ejecutivo ha logrado cumplir sus promesas de reparación u homenaje a las víctimas, ni los obispos han asumido, como prometieron, el informe del Defensor del Pueblo, que no ha visto renovado su mandato de investigación por parte del Congreso.

Depende de la voluntad

En cuanto a las resoluciones, a pesar de que la denominada Comisión Asesora de Reparación Integral se da tres meses para resolver un expediente y hacer una propuesta de reparación a la diócesis o congregación correspondiente, lo cierto es que depende, y mucho, de la buena (o mala) voluntad de los responsables de la institución.

Así, según ha podido confirmar elDiario.es, las resoluciones son tan dispares que van desde los casi cien mil euros (91.000, 76.000 por daños morales, y otros 15.000 por tratamientos médicos, no mantenidos en el tiempo) recibidos por una víctima en Barcelona, a una propuesta de 27.000 euros recibida por Eduardo, víctima de los salesianos de Barakaldo, y que el mismo se ha negado a aceptar. Otros casos, mucho más extremos, como Tere y Eliseo, una pareja de víctimas del mismo sacerdote (ya fallecido), en varias diócesis distintas, que han visto cómo se les ponían dificultades, incluso, para conseguir una silla de ruedas. ¿La razón? El ‘presunto’ agresor ya había fallecido, y los casos, prescritos: paradójicamente esos son los requisitos para poder acceder al plan PRIVA.

De hecho, la mayoría de las víctimas están buscando soluciones por su parte. Desde la Asociación Infancia Robada (ANIR), por ejemplo, se lleva meses trabajando por una demanda civil (y canónica) colectiva, con varias decenas de supervivientes implicadas. “Estamos totalmente en desacuerdo con cómo se está gestionando el plan PRIVA y la atención y reparación de las víctimas, que a día de hoy no nos ofrece ninguna credibilidad”, señala su fundador, Juan Cuatrecasas. “Vamos a hacer todo lo posible para que desde el Vaticano les llamen al orden y empiecen a hacer un trabajo serio, cosa que hasta ahora no han hecho”.

A. U., una de las víctimas atendidas por el servicio SAVA del Arzobispado de Barcelona, ostenta el récord de ser, hasta la fecha, la mayor indemnización reconocida por la Iglesia: un total de 91.000 euros. Tras una vida de abusos, que le llevaron a años de oscuridad de los que no se ha recuperado. A.U. ve algo de luz. “No me devolverán lo que me quitaron, pero al menos he conseguido que parte de la Iglesia reconozca mi dignidad”, apunta, diferenciando claramente la actitud de la diócesis, con el cardenal Omella a la cabeza, y la de Ana, “esa mujer es un diez”, la persona que trató su caso, de la del comité asesor del Plan PRIVA. “Esos son unos funcionarios, muy opacos, no te dejan participar ni dejan las cosas claras”.

“Fue un proceso muy largo, revictimizante”, señala, algo que corroboran otras víctimas, pese a que uno de los objetivos del PRIVA era, precisamente, evitar mayor dolor a las víctimas de casos ya prescritos por la vía civil. “Tienes que recopilar datos, informes, todo eso te hace revivir… Además, sientes que no participas del proceso. Después, te llega una cifra y ya. Nosotros llegamos a pedir 353.000 euros. Pero el dinero no es lo importante, yo quería un plan de reparación completo”. Con todo, admite que “yo estaba enfadado con toda la Iglesia, pero hay mucha gente dentro que hace bien las cosas, a las que les duele esto”.

“No es una obligación”

Eduardo Torralbo, víctima de los salesianos de Barakaldo, no ha logrado llegar a un acuerdo con la congregación, confiesa en conversación con este diario. Tras el paso de su caso por el PRIVA, se le ofreció una indemnización de 27.000 euros que no aceptó, esperando el compromiso de reparación del Gobierno que, “ahora, con todo lo que está pasando, no sé si llegará”. La oferta, en todo caso, seguirá abierta, o eso le dijeron en la última reunión. “El trato fue bueno, pero me dio la sensación de que estaba todo hecho”, explica. En 2022, los salesianos le pidieron perdón en una carta tras comprobar la veracidad de los abusos efectuados por Wenceslao Ortega, ya fallecido.

“La Comisión dijo tener en cuenta la gravedad de los hechos, las circunstancias, la edad, la duración… y me ofreció 10.000 euros por los gastos generados en las consultas de psiquiatrías, y una compensación de 17.600 euros por el daño moral sufrido”, así como el “acompañamiento restaurativo” con profesionales sufragados por los salesianos. “Me dejaban siempre claro que era un compromiso moral que no había ninguna obligación legal, porque todo estaba prescrito”. Eduardo no firmó el convenio, pocos días después de la muerte del papa Francisco.

Que la reparación depende mucho de la institución lo demuestra el hecho de que tanto Barcelona como los jesuitas sean las instituciones que más están reparando, y más rápidamente, en los últimos tiempos. De hecho, una de las cuantías más grandes viene los jesuitas de Tudela, que han abonado a una de las víctimas una cantidad que ronda los 60.000 euros. Los jesuitas, que no quieren hablar de cifras, continúan trabajando en procesos de reparación integral, y esperan en los próximos meses poder dar cuenta de sus casos, y cómo se han evaluado, más allá del plan PRIVA.

Porque lo cierto es que el papel de la Comisión Asesora de Reparación es el de ofrecer un baremo, que posteriormente la diócesis o instituto puede modificar, siempre con el acuerdo de la víctima. Una especie de ‘seguro’ por si los victimarios no quieren reparar, en cuyo caso –al menos sobre el papel– la Conferencia Episcopal o la Confer se harían cargo de los emolumentos.

Otra de las diócesis donde se está trabajando codo con codo con las víctimas es Pamplona, donde el mercedario Florencio Roselló ha tomado la delantera en la colaboración con las autoridades civiles, y también con los representantes de los supervivientes. En algún caso, tal y como apunta Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de Navarra, “ha habido reparaciones que superaban casi en un 50% la que nos habían indicado” desde el órgano de la Conferencia Episcopal. “Pero lo cierto es que la mayoría de las víctimas, estamos sufriendo, a nuestra edad (Zudaire tiene 71 años) con la tardanza y el oscurantismo del Plan PRIVA.

“El nuestro es un compromiso moral de justa reparación que hemos querido asumir de parte de las diócesis y las congregaciones, no es una obligación legal porque se refieren a los casos que no tienen recorrido judicial”, repitió en su última rueda de prensa en portavoz de la CEE, César García Magán.

“Mientras sigan pensando que no están obligados, y que no lo harán bien sin que las víctimas tengamos voz y voto, no habrá solución global, más allá de la buena voluntad y el compromiso real de algunos obispos o responsables eclesiales. Así no se arreglan las cosas. Seguimos siendo víctimas. De nuevo, por parte de algunos miembros de la Iglesia”, resume, a modo de balance, un superviviente de abusos, que se negó a recibir una indemnización por parte de un instituto religioso. “No solo por la cantidad, que me pareció ridícula. Por la sensación de ser ‘ganado’ al que se compra y se olvida. Y no, señores obispos: esto no solo es una cuestión de dinero. Es una cuestión de dignidad”. Palabra de víctima.