El director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), Juan José Primo Jurado (a la derecha en la foto, en primer plano), llevó bajo palio al obispo de Córdoba, junto a otras siete personas, en la celebración del Corpus Christi. El acto tuvo lugar, además, en el interior de la Mezquita Catedral de Córdoba, monumento reconocido por la Unesco como bien del Patrimonio Mundial y el gran símbolo del escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia católica.
La imagen muestra, sin paños calientes, el sometimiento de algunos representantes públicos a la autoridad episcopal en un país cuya Constitución consagra formalmente la aconfesionalidad del Estado y su separación de la Iglesia católica. Mucho más cuando el IAPH tiene encomendada la tutela del patrimonio histórico, gran parte del cual es de naturaleza religiosa, y emplea notables recursos humanos y económicos en la rehabilitación e investigación de los bienes culturales, lo que compromete gravemente la profesionalidad del alto cargo.
La fotografía, más propia del siglo XIX, explica con claridad el continuado silencio de la Junta de Andalucía, ahora gobernada por PP y Cs, ante la privatización de la Mezquita de Córdoba por parte de la Iglesia y su polémica gestión patrimonial de un monumento universal, al que borró su nombre de forma arbitraria y falsea sistemáticamente su historia y sus valores originarios para imponer una visión confesional católica excluyente.