El Parlamento Europeo pidió a Nicaragua la liberación inmediata del obispo Rolando Álvarez y condenó la detención de miembros de la Iglesia católica, a quienes el gobierno de Daniel Ortega acusa de apoyar las protestas en su contra.
Los eurodiputados condenaron “en los términos más enérgicos la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia católica de Nicaragua, en particular la detención del obispo Rolando Álvarez” en una resolución aprobada hoy tras un debate ayer en el pleno,
El documento, aprobado por 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones, “pide la liberación inmediata e incondicional de todas las víctimas de detención arbitraria, incluidos el obispo Álvarez y los detenidos junto con él”.
Demanda también que “se anulen todos los procedimientos judiciales contra ellos, y las sentencias impuestas”, según recogió la agencia de noticias AFP.
La resolución recordó que Álvarez ha desempeñado “un papel importante como mediador en el diálogo nacional de 2018 y ha pedido constantemente un diálogo pacífico y razonado en Nicaragua”.
El obispo Álvarez fue puesto en arresto domiciliario el 19 de agosto, luego de que la policía irrumpió en la curia de Matagalpa, en el norte del país -donde el religioso permanecía bajo vigilancia policial desde el 4 de agosto-, y lo trasladó a Managua.
Otras siete personas -entre ellos sacerdotes y seminaristas- que estaban con Álvarez en la curia permanecen detenidos en instalaciones de la policía.
El arresto de Álvarez es otro capítulo de la serie de desencuentros entre la Iglesia y el Gobierno nicaragüense a partir de 2018, cuando los templos dieron refugio a manifestantes heridos en las protestas que se produjeron ese año.
La reclusión del obispo ocurrió días después de que denunciara el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas y exigiera respeto a la “libertad” religiosa, en medio de crecientes tensiones entre el clero y el Gobierno de Ortega, un exguerrillero de 76 años que se mantiene en el poder desde el 2007, amparado en tres reelecciones sucesivas.
La última fue en noviembre de 2021, con sus opositores presos o exiliados y en medio de cuestionamientos internacionales.
El presidente acusa a los obispos de “golpistas” por apoyar las protestas opositoras que pidieron su dimisión en 2018.
En medio de la crisis, la Iglesia intentó en 2018 y 2019 mediar en un diálogo entre el Gobierno y la oposición.
Ortega reprochó a los prelados haber recibido una propuesta opositora que buscaba resolver la crisis adelantando los comicios de 2021 para recortar su período presidencial.
Desde entonces, las relaciones fueron de mal en peor: hubo cierre de medios católicos, detuvieron al sacerdote Oscar Benavídez sin que se conozcan las razones y se ilegalizó a la Asociación Misioneras de la Caridad, de la orden de la madre Teresa de Calcuta, que abandonó el país en julio.
En marzo ya había sido expulsado el nuncio apostólico Waldemar Sommertag, quien participó en 2019 en las negociaciones entre Gobierno y la oposición.
