La comunidad protestante, con más de 170 comunidades repartidas por todo el país y 8 mil fieles, está en el punto de mira. Para los jueces, expulsar o prohibir la entrada basándose en informes de inteligencia no constituye una violación de la práctica religiosa. Una decisión mayoritaria, a la que se opone el ex presidente. Mientras tanto, se vuelve a hablar de una posible reapertura del seminario ortodoxo griego de Halki en un futuro próximo.
La expulsión, por parte de las autoridades gubernamentales, de líderes protestantes y pastores al frente de Iglesias, basándose en informes de los servicios secretos, «no constituye una violación de la libertad religiosa». Así lo ha dictaminado el Tribunal Constitucional en una decisión mayoritaria tomada en los últimos días que reabre más de una cuestión sobre la práctica del culto. La comunidad protestante está en el punto de mira, con más de 170 comunidades repartidas por todo el país y que llevan años denunciando problemas y abusos: solicitudes denegadas, permisos de residencia revocados y deportaciones forzosas son sólo algunos ejemplos. Sin embargo, para los jueces, el gobierno y la administración actuaron conforme a la justicia y no habría habido «violación» al prohibir la entrada o la estancia de los líderes religiosos que, en respuesta, lanzaron una protesta llevando el asunto a los tribunales.
La Dirección de Gestión de la Inmigración aplicó a los protestantes ya residentes el código restrictivo N-82, que implica la «autorización previa» de entrada. La medida se adoptó por motivos de orden público, seguridad o salud, de acuerdo con los informes de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT) que describían «actividades misioneras». Se revocaron los permisos de residencia, se dictaron órdenes de expulsión contra algunos y no se permitió regresar a Turquía a quienes se marcharon al extranjero de vacaciones. Los funcionarios religiosos llevaron entonces el asunto a la justicia, pero ya en primera y segunda instancia no había motivos para constatar infracciones y las decisiones eran «conformes a la ley y al procedimiento». Según los jueces, era posible solicitar un permiso especial o un visado a la entrada.
De ahí la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional, con la hipótesis de violaciones de la libertad religiosa, que sin embargo fueron rechazadas también en este caso, con luz verde para una intervención «proporcionada» en los casos en que las actividades tuvieran carácter «misionero». Acciones que, llegan a decir los jueces, pueden poner en peligro «el orden público, la seguridad, los derechos y libertades de los demás u otros valores que prevalezcan en la ponderación». Entre las voces críticas (y contrarias) estuvo la del ex presidente del Tribunal Constitucional Zühtü Arslan, que recordó que la libertad religiosa está garantizada por el artículo 24 de la Constitución. «En una sociedad democrática basada en el pluralismo, el deber del Estado», señaló, «no es aceptar que algunas de las diversas visiones del mundo o creencias son ‘erróneas’, sino tomar las medidas necesarias para permitir a los individuos vivir de acuerdo con sus visiones del mundo y creencias».
En la actualidad, hay más de 8.000 protestantes en Turquía, en su mayoría de etnia turca, con 170 iglesias o congregaciones concentradas principalmente en Estambul, Ankara e Izmir, que en 2009 formaron la Asociación de Iglesias Protestantes. Su objetivo es «ser una organización de reparto, representación y solidaridad» de la realidad protestante del país, creando un lugar de «unidad y cooperación», así como «supervisar y determinar» la «posición legal» ante las leyes de la República Turca. Hasta la fecha, los protestantes no pueden formar a su propio clero dentro del sistema educativo nacional, por lo que algunos están dirigidos por pastores extranjeros.
Según el último informe 2023, la mayoría de los 33 religiosos estaban marcados con el código N-82, que significa «extranjero cuya entrada está sujeta a autorización previa», y el resto con el código G-87, que significa «persona que puede suponer un peligro para la seguridad general». Por ello, los religiosos se vieron obligados a abandonar Turquía o no se les permitió volver a entrar en el país. Según los datos de la asociación, desde 2019 se ha impedido la entrada, denegado el permiso de estancia o deportado a 250 personas, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Amanda Jolyn Krause, Benjamin Charles Mclure, Helmut Frank y Matthew Vern Black.
Finalmente, tras años de estancamiento, parece haberse roto la disputa sobre el seminario (y escuela teológica) ortodoxo griego de Halki, uno de los muchos teatros de la discordia entre Grecia y Turquía cerrado por Ankara en 1971 pero que podría reabrirse pronto. Así lo informa el diario Karar, según el cual la reanudación de las actividades estaría vinculada a la segunda oleada de reformas gubernamentales iniciada tras las elecciones locales del 31 de marzo. El ministro de Educación, Yusuf Tekin, con una delegación, visitó la zona el 29 de mayo para reunirse con funcionarios del Patriarcado Ecuménico y de la comunidad ortodoxa griega. Anteriormente, el presidente Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis habían tratado el asunto, y el primero reiteró los «esfuerzos» en curso para la reapertura.
