Representantes de la sociedad civil tunecina y de organizaciones internacionales mostraron hoy su preocupación por el resultado de las pasadas elecciones legislativas y presidenciales, que en su opinión supone una «reconfiguración politica» hacia el conservadurismo y ha dejado un Parlamento «hostil» a la defensa de las libertades individuales.
Esa fue una de las principales conclusiones de la reunión que hoy mantuvieron en la capital tunecina cerca de medio centenar de organizaciones nacionales e internacionales con el objetivo de diseñar una estrategia común y devolver a la agenda política el Código de las Libertades Individuales, propuesto por una veintena de diputados a finales de 2018 y que apenas obtuvo apoyo.
En una cámara muy fragmentada y mayoritariamente conservadora- con veinte partidos y una docena de independientes- y en ausencia de un gobierno que logre la confianza parlamentaria después de cuatro meses de negociaciones, los activistas temen que esta cuestión quede «enterrada» por las pugnas políticas.
Para el responsable del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Túnez, Omar Fassatoui, los «anti-derechos individuales se convirtieron en motor del voto durante la última campaña electoral».
«Como si se tratara del menú de un restaurante apoyan lo que les interesa. Incluso aquellos que pertenecen a partidos supuestamente progresistas mantienen posturas muy conservadoras», criticó este abogado en declaraciones a Efe.
Un ejemplo de ello es el actual presidente del país, Kais Saied, un profesor de Derecho Constitucional que logró el 73% de los votos en la segunda vuelta de las presidenciales celebradas en noviembre y que «si bien se ha declarado favorable a la Constitución, no apoya los derechos LGBT».
«Túnez en un buen alumno en materia de ratificación, ha adherido la mayoría de acuerdos internacionales, pero no en implantación», se lamentó Fassatoui.
Las asociaciones recalcaron el impulso en materia de derechos humanos bajo la presidencia del exmandatario Béji Caid Essebsi, fallecido el pasado mes de julio, y cuyo legado más destacado fue la creación de la Comisión de Libertades Individuales y de Igualdad (Colibe).
El informe de Colibe, publicado en junio de 2018 tras un año de trabajo, propone una serie de reformas constitucionales como la despenalización de la homosexualidad, la igualdad en el derecho sucesorio o la abrogación de la pena de muerte.
Un texto que despertó el rechazo de los sectores más conservadores e incluso amenazas de muerte contra sus promotores.
«Fue una iniciativa presidencial muy valiente », recuerda Bochra Hamida Belhaj, presidenta de la Comisión, que destacó el salto cualitativo de un debate público colmado de tabúes.
« Hubo un debate, a veces violento y acompañado de amenazas, pero se trataron temas que hasta ese momento eran intocables », insistió esta letrada, que dio el saltó a la política en 2011 tras la revolución que puso fin a dos décadas de dictadura de Zine El Abidine Ben Ali.
«Quizás no supimos poner el acento sobre aquellas cuestiones que interesaban de verdad a los jóvenes, hemos estado superados por las circunstancias porque hay quienes prefieren centrarse en aquellos temas espinosos», declaró Belhaj a modo de autocrítica.
«Ahora es su turno de defenderlos de manera real en el Parlamento con los pocos diputados con los que cuentan», añadió.
Según un informe publicado por el Colectivo Civil por las Libertades Individuales (CCLI) bajo el título «Abajo las máscaras», las violaciones de derechos más generalizadas en Túnez son aquellas que afectan a las libertades bajo el epígrafe «atentado contra las buenas costumbres», la discriminación sobre la orientación sexual, contra el derecho a la libre elección de su cónyuge o a disponer de su propio cuerpo y contra la libertad de conciencia.
